Las Palmas de Gran Canaria, 23 jul (EFE).
– Las defensas de los 15 exdirectivos a los que se acusa de haber ocasionado un quebranto de 23,4 millones de euros a Emalsa han solicitado este miércoles a la Audiencia de Las Palmas su absolución, al tachar el caso de «causa general» y cuestionar que la Fiscalía esté legitimada para seguir adelante tras retirarse el posible perjudicado, el Ayuntamiento.
En la undécima sesión del juicio, que ya ha quedado visto para sentencia, las defensas han recalcado que los delitos que aprecian la Fiscalía y las dos acciones populares (apropiación indebida o, alternativamente, administración desleal) no se ha cuantificado y requieren de la reclamación del perjudicado, en este caso Emalsa o el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, su socio mayoritario, pero estos no la reclaman.
Los letrados de los procesados han señalado que la falta de concreción de los hechos que se imputa los exdirectivos de los socios privados de Emalsa entre 2008 y 2012 «hace imposible o complicado» que se dicte una sentencia condenatoria.
También han recriminado a la Fiscalía la falta del «rigor exigible» para poder evaluar las actuaciones de los procesados, lo que da «poca veracidad al relato acusatorio».
«Es que ni por asomo hay prueba evidente de que mi representado y los demás se hayan aprovechado de Emalsa y enriquecido», ha recalcado el abogado Julio Cabrera, quien ha afirmado que «es una injusticia lo que se ha cometido» con su cliente, Gerard Jean Fernand Thierry, que fue director de Emalsa desde 2007 hasta el 31 de marzo de 2009.
Según su abogado, Thierry ha padecido durante años su condición de procesado por un caso que comenzó por una ofensiva mediática que funcionó, pero que obedecía, a su juicio, a una «guerra» que empezó por algo muy anterior a la presentación de la demanda.
Tras la prueba practicada y haber escuchado el informe final de la fiscal no se han podido acreditar los delitos de apropiación indebida o administración desleal, ha recalcado la letrada Noelia Afonso, que representa a cuatro de los acusados y que ha aplaudido el comportamiento del Ayuntamiento, que es «quien único parece defender el interés público y ha sido objetivo».
La letrada del Ayuntamiento se ha remitido a la prueba practicada en el juicio para retirar la acusación, ha remarcado Afonso, quien ha incidido en el exceso de acusación del Ministerio Fiscal en esta causa en la que se cuestionan una veintena de contratos suscritos entre Emalsa y Sercanarias, el alquiler a la empresa Satocan de las oficinas del centro comercial Las Ramblas como sede de la compañía de aguas y el pacto de prestaciones accesorias por las retribuciones a las que dieron lugar.
Afonso ha destacado que esas prestaciones accesorias que firmó en 2008 Emalsa con Saur y con Valoriza -los socios privados de la compañía de aguas entonces- ya se pagaban desde 1995 y se siguen pagando «y no hay delito», según ha remarcado otro de los abogados de la defensa, que también se ha preguntado por qué la fiscal no pide la nulidad del acuerdo por delictivo.
Todas las defensas han coincidido, además, en que el caso Emalsa no es una causa penal y se ha vulnerado de forma «clara» el derecho a la defensa, así como el principio acusatorio y de culpabilidad.
«Aquí todos responden por todo», ha indicado el abogado del acusado José Luis Rubio, quien señala que en los tres escritos de acusación (el de la fiscal y las acciones populares del comité de empresa del Ayuntamiento y la plataforma ‘El Sol sale para todos’) solo hay una referencia a su defendido por el cargo que desempeñó pero no por su responsabilidad penal, que debe ser solo personal.
El abogado Nicolás González Cuéllar, que representa a los acusados Pablo Abril Martorell y Laura Rivero, que fueron contratados por Valoriza, ha abundado en la falta de fundamento por parte de las acusaciones, ha considerado que «procesos como este ponen en jaque el Estado de Derecho» y ha cuestionado la acusación de ‘El Sol sale para todos’, una plataforma de la que ya poco queda, salvo su presentación en el caso y de manera interesada, según ha apuntado.
El abogado José María Palomino ha insistido en la inocencia de sus defendidos, el presidente de Satocan, Juan Miguel Sanjuán; un empleado de la citada empresa, Pedro José Higueras, y José Luis Artiles, como consejero delegado, y en que el contrato de arrendamiento de las oficinas de Emalsa en el centro comercial de Las Ramblas no es «ni ilícito ni fraudulento».
Además, ha señalado que la acción popular ‘El Sol sale para todos’ no está legitimada para exigir responsabilidad civil.
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