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Puerto del Rosario (Fuerteventura), 25 jul (EFE).

– Bodegas Conatvs, Grupo Catamarán Excursión y María Alonso del Pino Brito, dueña del restaurante La Jaula de Oro de Ajuy, recibirán los Premios Distinguidos del Turismo 2025, que concede el Patronato de Turismo de Fuerteventura y se entregarán el próximo 27 de septiembre.

Los premiados han sido propuestos por un jurado profesional, atendiendo a las nuevas bases de las distinciones que fueron aprobadas por el Consejo Rector del Patronato de Turismo el pasado 21 de marzo, ha informado este viernes el Cabildo en un comunicado.

Han sido reconocidos con los Playas de Oro Bodegas Conatvus.

en la categoría ‘Empresa’; Grupo Catamarán Excursión, en la modalidad ‘Destino Azul’; y María Alonso del Pino Brito, propietaria y gestora del restaurante La Jaula de Oro de Ajuy, dentro de la categoría ‘Trayectoria Individual’.

Además, se reconoce la fidelidad ininterrumpida con Fuerteventura del turista Holger Ziechert, quien recibirá el premio Playas de Oro ‘Cliente’La presidenta del Cabildo, Lola García, y la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, han puesto en valor unos premios que reconocen el trabajo de los profesionales del sector turístico por hacer de Fuerteventura «un destino con servicios de calidad, siempre priorizando el respeto al entorno».

Bodegas Conatvs, ubicada en Lajares, es reconocida con el premio Playas de Oro en la modalidad ‘Empresa’, por su trayectoria como compañía referente en el turismo de interior con identidad rural.

Se trata de la primera bodega de Fuerteventura inscrita en la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias que ofrece una propuesta única mediante la producción de vinos de alta calidad, integrada en una experiencia turística orientada al conocimiento, la sostenibilidad y el arraigo cultural.

María Alonso del Pino Brito, gestora del restaurante La Jaula de Oro, es galardonada con el premio Playas de Oro en la modalidad ‘Trayectoria Individual’.

Situado en el pueblo costero de Ajuy, su restaurante es un negocio familiar de reconocido prestigio.

Fundado en los años cincuenta del siglo XX, ha sido desde entonces punto de encuentro para residentes y visitantes, convirtiéndose en una referencia local.

El Grupo Catamarán Excursión recibe el galardón Playas de Oro ‘Destino Azul’, en reconocimiento a su trayectoria empresarial, su compromiso con la sostenibilidad marina y su contribución a la consolidación de Fuerteventura como un destino turístico náutico de referencia.

El premio Playas de Oro de la categoría ‘Cliente’ se concede al alemán Holger Ziechert, en reconocimiento a su fidelidad ininterrumpida con Fuerteventura durante más de 48 años junto a su mujer.

Desde su primera visita, en 1977, Ziechert ha estado en Fuerteventura en más de 150 ocasiones, convirtiéndose no sólo en un visitante habitual, sino en un embajador afectivo de la isla, contribuyendo a su promoción internacional a través de dos libros inspirados en sus vivencias: ‘Mi Fuerteventura antes y ahora’ y ‘Mi Aldiana Club Fuerteventura’.

EFE1011279evs/jmr

Las Palmas de Gran Canaria, 25 jul (EFE).

– La asociación responsable de los dos centros para menores inmigrantes clausurados por el Juzgado de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria acoge al 35 % de todos los niños y adolescentes llegados en patera a las islas que están bajo tutela del Gobierno de Canarias.

Según datos proporcionados a EFE por la Dirección General de Protección a la Infancia de la comunidad, Quórum Social 77 gestiona en la actualidad centros con capacidad para 1.

925 menores inmigrantes, cifra que equivale a uno de cada tres chicos tutelados según el último recuento oficial publicado (5.

484, a 18 de julio).

Quórum Social 77 es una entidad fundada en 2009 como asociación sin ánimo de lucro que lleva años trabajando con el Gobierno de Canarias en la asistencia a los menores en ámbitos ajenos a la inmigración (en 2022, por ejemplo, ganó un contrato de 2,22 millones para la atención residencial de menores con discapacidad).

Pero ha sido con la reactivación de la Ruta Migratoria Canaria a partir del verano de 2019 cuando ha cobrado notoriedad, al ser una de las referencias del sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados en las islas, donde en 2023 y 2024 la constante llegada de cayucos obligó a abrir centros, literalmente, de un día para otro.

Según el Portal de Contratación del Estado, en 2024, el Gobierno de Canarias adjudicó a Quorum Social 77 la gestión de once nuevos centros de menores en Gran Canaria y Tenerife por 6,97 millones.

Esa cifra corresponde solo a la adjudicación de los centros de Firgas (uno de los inspeccionados el jueves), Fortaleza V, Salinetas, Teror, Mujica, San Nicolás, Hoya Fría II, Corvo I, San Juan IV, Tirajana I y Tacoronte VI, pero su facturación puede ser mucho mayor.

En varias de las resoluciones que aparecen en la Plataforma de Contratación del Estado se establecen precios unitarios con Quórum Social 77 de entre 90 y 94 euros diarios por menor acogido en sus centros, lo que supone una facturación potencial de más de 173.

000 euros diarios (o más de cinco millones mensuales), en los momentos en los que sus 1.

925 plazas están todas ocupadas.

Dos de sus directivos fueron detenidos este jueves por la Policía Canaria y puestos en libertad con cargos, en una causa que instruye bajo secreto de sumario el único juzgado de España especializado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, el de Las Palmas.

De los registros practicados hace 24 horas sí se conocen algunas claves: son una prolongación del caso que puso en marcha en mayo la propia Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias al llevar ante la Fiscalía las quejas de varios chicos residentes en el centro La Fortaleza I, que relataron haber sido víctimas de malos tratos, amenazas e insultos racistas.

En ese momento, había en ese centro 45 adolescents magrebíes y subsaharianos, todos mayores de 16 años, que fueron realojados.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó entonces de que el juez había dispuesto su cierre «ante las numerosas evidencias y testimonios recibidos sobre la presunta comisión en su interior de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, delitos contra la integridad moral y amenazas, todos presuntamente consumados en el ámbito de su actividad».

Es decir, cometidos con los chicos acogidos.

Nueve empleados de Quorum Social 77 fueron arrestados durante el registro del centro de Santa Brígida.

Este jueves, el mismo juez mandó inspeccionar dos centros más administrados por la misma entidad, uno en Arinaga, con 148 menores acogidos (básicamente adolescentes), y otro en Firgas (dedicado a niños más pequeños).

El magistrado decretó el cierre del primero, cuyos usuarios han sido repartidos entre otros 21 recursos de acogida de Gran Canaria.

No se han hecho públicas las razones, pero fuentes de la Consejería de Bienestar Social consultadas por EFE precisan que se trata de una prolongación de las mismas conductas que se investigan desde mayo.

Todo ello sucede tras meses de advertencias por parte del Gobierno de Canarias de que el número de menores a los que tutela, que ha llegado a rozar los 6.

000, no solo desborda su capacidad de ofrecer una acogida digna, sino también la de supervisar y controlar lo que sucede en los centros y cómo son tratados los chicos.

Es lo que dijo ayer al conocer el caso el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en unas palabras que este viernes le ha afeado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien sostiene que la saturación de la red de acogida no puede ser utilizada para explicar la comisión de hechos delictivos con los menores.

Las plazas de Quórum Social clausuradas en esta operación solo representan una pequeña parte de las que ofrecen todos sus centros (unas 200 sobre un total de 1.

925), de los que no consta en este momento que estén sometidos a escrutinio judicial por irregularidades o comportamientos delictivos.

EFEjmr/acp

Santa Cruz de Tenerife, 25 jul (EFE).

– La Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Canarias (Congdca) ha exigido «una gestión pública más humana, garantista y coordinada» para la protección de menores migrantes, así como más recursos, formación del personal y seguimiento institucional que ponga en el centro al menor.

Tras el cierre judicial de un centro con 148 menores inmigrantes en Gran Canaria, la Coordinadora ha mostrado en un comunicado su rechazo a toda «violencia, tortura o vulneración de derechos humanos», especialmente cuando se trata de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Congdca reclama un llamamiento a las instituciones para que se impulsen todas las investigaciones necesarias con rigor, transparencia y celeridad sobre este caso.

«Exigimos al Gobierno de Canarias y al Estado español un compromiso real y efectivo con las infancias, así como políticas públicas centradas en los derechos, la dignidad y la inclusión», señalan.

EFEacp

Santa Cruz de Tenerife, 25 jul (EFE).

– Un nuevo estudio internacional revela cómo las fluctuaciones del nivel del mar durante los ciclos glacial-interglacial han moldeado la evolución de la vida marina en las islas, ha informado el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife (MUNA), que forma parte del estudio.

El trabajo, liderado por el investigador Sérgio Ávila, de la Universidad de Azores, y en el que participa Esther Martín-González, conservadora del MUNA, aporta una novedosa perspectiva sobre cómo se originan, dispersan y extinguen las especies marinas de aguas someras.

El equipo ha desarrollado una ampliación del modelo de biogeografía insular marina, integrando por primera vez la dinámica de fusión y fisión de islas —es decir, cómo algunas islas se conectan o separan en función del nivel del mar.

Así se comprende cómo estos cambios físicos del entorno influyen directamente en procesos biológicos clave como la especiación o la extinción.

Los investigadores proponen una original clasificación de islas según su comportamiento frente a las variaciones del nivel del mar:Por un lado están las Islas Solum, que nunca se conectan con otras islas vecinas, ni siquiera durante los descensos extremos del mar.

Las Islas Soror se fusionan y se separan cíclicamente en función de los cambios del nivel del mar.

También están las Islas Moliones, permanentemente conectadas por aguas poco profundas, ocurra lo que ocurra con el nivel del mar.

El estudio analiza un total de 324 islas situadas en zonas tropicales y templadas del planeta, entre ellas las islas Canarias.

El conjunto se dividió en 50 islas Solum, 77 islas agrupadas en 20 conjuntos Soror, y 197 islas pertenecientes a 34 grupos Moliones.

El estudio analiza el área litoral insular (ILA), la zona costera sumergida donde se concentra buena parte de la biodiversidad marina.

Los autores identifican cinco tipos generales de curvas de cambio de esta área a lo largo del tiempo, dependiendo de factores como la edad geológica de las islas, su estructura tectónica, la presencia de terrazas submarinas y arrecifes coralinos.

El trabajo permite anticipar con más precisión cómo se fragmentan, desaparecen o se vuelven a fusionar las poblaciones marinas a lo largo del tiempo, lo que tiene implicaciones directas en la conservación de la biodiversidad marina en contextos insulares.

Este estudio pone de relieve que las islas no son simplemente puntos aislados en el océano, sino sistemas dinámicos cuya historia geológica y comportamiento frente al mar condicionan profundamente la vida que en ellas habita.

EFEacp

Las Palmas de Gran Canaria, 25 jul (EFE).

– La Comisión de Valoración para la adjudicación de la Medalla al Mérito de la Justicia en Canarias 2024 ha propuesto este viernes que se les conceda este reconocimiento con distintivo de oro al magistrado Tomás Martín Rodríguez y a la médica forense Eva Bajo.

En un comunicado, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha informado de que la comisión también ha propuesto para que reciben esta distinción a la vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Milagrosa Pacheco; a la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, así como al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuyo titular es Tomás Martín.

La comisión ha estado presidida por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, quien trasladará este acuerdo al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para su aprobación.

A Tomás Martín y Eva Bajo, directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, se les reconoce su impulso en la creación y consolidación del primer órgano judicial especializado de estas características en España y referente internacional de buenas prácticas en la protección integral de menores víctimas.

Entre sus méritos destacan también el impulso, diseño y ejecución de un modelo judicial, organización procesal innovadora orientada a la no revictimización y coordinación multidisciplinar e interinstitucional y su aportación para la puesta en marcha de la Casa de la Infancia.

También se acuerda proponer para la Medalla al Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia, de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

A la vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, se le propone por su impulso en la mediación en Canarias.

Desde el año 2016 dirige el Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (CEMICATF), extrajudicial e intrajudicial.

Resalta su ejercicio efectivo de la abogacía en el ámbito de la extranjería y la protección internacional, con especial atención a las condiciones en las que los profesionales deben prestar servicio en entornos especialmente sensibles como la isla de El Hierro, y también como miembro de la Comisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española.

La secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, licenciada en derecho por la Universidad de Valladolid y perteneciente a la carrera fiscal desde 1996, ocupaba el cargo de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia durante la erupción del volcán de La Palma en 2021.

Desde su puesto, impulsó la modificación de la legislación vigente para demarcar tres notarías temporales en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte y que notarios de otras demarcaciones territoriales pudieran ser habilitados y actuar en La Palma, dando cobertura legal a todos aquellos que habían perdido sus documentos, carecían de titulación pública o no la tenían actualizada y necesitaban asesoramiento.

EFEcda/mrgz

Santa Cruz de Tenerife, 25 jul (EFE).

– El Tribunal Supremo (TS) ha estimado el recurso presentado por un hombre y una mujer de Tenerife condenados por un delito de tráfico de drogas, en contra del acuerdo del Consejo de Ministros de junio de 2024 que les denegó el indulto y ha ordenado que se elaboren nuevos informes para decidir si es posible concederlo.

El Supremo constata la deficiencia de los documentos aportados por la Policía y Guardia Civil, lo que éstos justificaron por los problemas a la hora de acceder a bases de datos ajenas y rechaza la necesidad de que se hagan llegar datos confidenciales pero sí aquellos que ofrezcan más evidencias e indicios sobre el trabajo de los solicitantes, su conducta con el entorno más cercano o del cumplimiento de sus obligaciones básicas con los familiares a cargo.

Dado que han pasado seis años desde que fueron condenados, a la fecha de emisión de esos informes, el TS cree que “sería razonable apreciar una evolución positiva en la conducta” de la pareja.

Estas carencias documentales han sido las que según el Supremo han impedido que el Consejo de Ministros se pronuncie de forma adecuada por lo que deberá cumplirse de nuevo con este requisito.

Para ello es necesario requerir a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde se celebró el juicio, los informes de conducta que deberán ser recabados de la autoridad policial y administrativa, dado que los anteriores fueron considerados incompletos, extremo al que se opuso el Abogado del Estado.

La solicitud de indulto parcial fue cursada en marzo de 2024 después de que el hombre resultara condenado a la pena de cinco años de prisión y el pago de una multa de casi 192.

000 euros, mientras que en el caso de la mujer sumó seis años y medio de cárcel y la misma cantidad de dinero.

El Supremo en ese año hizo firme el fallo que los consideraba autores de un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia y a continuación los acusados pidieron el indulto alegando que “compartían un proyecto de vida juntos al ser una pareja sentimental claramente afianzada”.

Mantuvieron que eran ciudadanos “completamente reinsertados en la estructura social y perfectamente integrados en el ámbito personal, familiar, laboral y social, que no cuentan con actividad alguna de carácter ilícito”.

Por el contrario defendían que gozan de sus relaciones sociales, familiares y laborales en una completa y absoluta normalidad que desarrollan en el ámbito económico con un trabajo fijo y estable al frente de unos negocios lícitos.

También plantearon la colaboración que ambos ofrecieron en su día para facilitar la investigación, lo que demostraría “la distancia entre el momento de la comisión de los hechos y la fecha en la que se pretende ejecutar la sentencia”, así como que éste era el único delito que se les atribuía.

La Fiscalía se mostró en contra de este “derecho de gracia”, especialmente cuando se trata de una causa relacionada con los estupefacientes aunque no se opuso a apoyar la suspensión temporal de la entrada en prisión o la conmutación por una pena de menor entidad pero no la anulación total.

En la operación en la que fueron detenidos llegaron a estar involucradas una veintena de personas de las que ocho fueron condenadas por traficar cocaína utilizando la cobertura que le ofrecía una administración de lotería y una agencia de viajes.

EFEnra/spf1012088

Las Palmas de Gran Canaria, 25 jul (EFE).

– La Policía ha detenido por intento de homicidio en Las Palmas de Gran Canaria a dos jóvenes españoles a los que se acusa de haber apuñalado a un joven magrebí tras una reyerta con varios implicados que se produjo el 11 de julio en el barrio de La Isleta, ha informado el propio cuerpo policial.

Durante el incidente, varios jóvenes magrebíes fueron perseguidos y acabaron buscando refugio en una comisaría de Policía, según reveló el lunes pasado el auto de prisión dictado contra Abarrafía H.

, el joven marroquí al que se acusa de haber prendido fuego a una menor canaria en la madrugada del 16 de julio, en el mismo barrio.

La Policía no menciona en su nota de prensa que los dos hechos estén vinculados, pero el juez que instruye el caso de la menor quemada sí lo tiene en cuenta como antecedente, porque el testigo que primero llamó al 112 para avisar del fuego es uno de investigados en la reyerta que ocurrió en el barrio el día 11.

La Jefatura Superior de Policía relata que los jóvenes magrebíes que se habían refugiado tras la trifulca en la comisaría se marcharon tiempo después y fue entonces cuando uno de ellos fue apuñalado en las inmediaciones del parque de bomberos del Sebadal.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local se desplazaron al lugar de la agresión, donde confirmaron los hechos e interrogaron a testigos.

Días después, lograron identificar, localizar y detener a los presuntos autores del apuñalamiento.

Se trata de un joven adulto y de otro joven menor de edad, que han sido puestos a disposición del juzgado de guardia.

El primero de ellos ha ingresado en prisión preventiva y el segundo ha sido recluido en el centro de internamiento de menores de La Montañeta.

EFEjmr/as

Las Palmas de Gran Canaria, 25 jul (EFE).

– La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha asegurado que «lo único» que conocen sobre las obras competencia del Gobierno de Canarias del soterramiento de Belén María es que «se van a alargar los plazos».

Como ha declarado tras la ofrenda floral a Belén María en el Puerto de La Luz, «lo único que nos han contado es que evidentemente se va a alargar más de lo que tenían pensado» porque «todas catas que se van haciendo evidencian que el subsuelo está más afectado de lo que en un principio se podía suponer».

Por ello, el Ejecutivo canario ha informado de que «se está modificando el proyecto», y viendo «qué medidas se pueden tomar para que esa obra pueda empezar y se pueda llevar a cabo».

Aún así, ha subrayado que no tienen más novedad, ya que no se le ha informado «ni de plazos, ni de tiempos».

EFE1011668lbl/as

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 25 jul (EFE).

– El Pleno del Cabildo majorero ha aprobado, por unanimidad, una modificación presupuestaria de más de 2,2 millones de euros para respaldar acciones dirigidas al ámbito de la vivienda, la acción social y la atención a las personas en Fuerteventura.

De esta manera, la Corporación insular ha autorizado la financiación que aporta para las anualidades 2024 y 2025 del proyecto ‘Entorno Residencial de Rehabilitación Programada’ (ERRP) en El Cotillo, en el municipio de La Oliva, ha informado este viernes la Institución insular en un comunicado.

La presidenta insular, Lola García, ha destacado «el compromiso firme del Cabildo de Fuerteventura en materia de vivienda, así como su apuesta por un modelo de desarrollo sostenible que priorice la recuperación de vivienda, en lugar de consumir más suelo».

La consejera de Hacienda y Promoción Económica, Nuria Cabrera, ha explicado que el proyecto ERRP en El Cotillo recibe 1,1 millones de euros del Cabildo en tres anualidades, habiéndose aprobado en este pleno las cantidades correspondientes a 2024 y 2025, ascendiendo a 752.

115.

30 euros.

Se prevé aprobar la tercera anualidad (2026) en el próximo Pleno de la Corporación insular.

El proyecto se dirige a rehabilitar unas 138 viviendas, dentro de un acuerdo suscrito entre el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de La Oliva, el Gobierno de Canarias y el Estado, enmarcado en el Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation.

El consejero de Acción Social, Víctor Alonso, ha valorado la implicación de las diferentes administraciones a través de diferentes planes, que permiten dar cobertura a acciones en materia de vivienda, tanto en rehabilitación como construcción, en Fuerteventura.

La modificación de créditos aprobada permite, además, destinar más de un millón de euros a la gestión de recursos sociosanitarios y la mejora y reforma de centros de titularidad del Cabildo, como el Centro Sociosanitario de Estancia Diurna para personas en situación de dependencia ‘Josefina Plá’.

Según ha explicado Víctor Alonso, se dirige, además, a apoyar programas de bienestar y salud para la población como NeuroMajo2025, así como el programa de acogida e integración de jóvenes extutelados de Fundación Canaria Main, y el apoyo al Encuentro Regional de Municipios Islas Promotores de la Salud, que organiza el Ayuntamiento de La Oliva.

También se ha aprobado la financiación para apoyar el proyecto ‘Higía, Robot Social’ del CIFP Majada Marcial, que tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas mayores o dependientes mediante la creación de robots sociales con tecnología de interacción.

En el ámbito de Comercio y Artesanía, que dirige Lolina Negrín, se da cobertura al programa ‘Yo Compro en Fuerteventura’ del Cabildo de Fuerteventura, en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA).

Se da continuidad, asimismo, al proyecto ‘EnRedarte’, que incluye talleres para la recuperación y difusión de la artesanía en Fuerteventura, así como acciones de promoción del sector artesano majorero.

EFE1011279evs/mrgz

(en el quinto párrafo, donde dice «En consecuencia, este viernes.

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» debe decir: «En consecuencia, este jueves.

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«)Arrecife (Lanzarote), 25 jul (EFE).

– La moción del PP que pretendía declarar persona non grata en Lanzarote al presidente Pedro Sánchez ha tensado el pacto de gobierno que CC mantiene con los populares en el Cabildo de la isla, después de que los nacionalistas apoyaran al PSOE para retirarla del orden del día del pleno y sus socios le hayan respondido con un aviso de acciones penales.

El PP presentó esa moción contra el presidente del Gobierno después de que su líder en Lanzarote, Astrid Pérez, presidenta también del Parlamento de Canarias, emitiera un comunicado en el que decía que «un presidente acorralado por la corrupción no es bienvenido ni digno de esta isla».

Desde que lo hiciera por primera vez en la Nochevieja de 2018, Sánchez siempre ha reservado unos días de vacaciones para descansar con su familia en Lanzarote, donde se suele alojarse en La Mareta, una residencia en Costa Teguise propiedad de Patrimonio Nacional.

Aún no ha anunciado sus planes para este verano, pero en Lanzarote se espera que repita, de ahí la crítica de Astrid Pérez.

El PSOE insular había solicitado hace días que se retirara esa moción del pleno.

Y el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort (CC), decidió pedir un informe a Secretaría, que concluyó que, en caso de aprobarse, la moción sería nula, por considerar que el Cabildo de Lanzarote carece de competencias para emitir una declaración de persona non grata como la que buscaban los populares.

En consecuencia, este jueves, la Junta de portavoces del Cabildo decidió retirar la moción del pleno, con los votos de CC, PSOE y grupo mixto.

Todo ello, apenas 24 horas antes del pleno de hoy.

Anoche, a las 21.

00 horas el PP presentó en el registro de la corporación insular un escrito donde advierte a Betancort, su socio de gobierno, incluso con responsabilidades penales si no se tramitaba su moción, argumentado que su debate no es ilegal, aun en el caso de que luego se determine que su aprobación es nula.

Betancort ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación en rueda de prensa para anunciar que ha pedido otro informe jurídico y que suspendía el pleno.

El presidente del Cabildo ha dicho que el pacto está «sano», pero que cree «poco ético» presentar un escrito de esas características por parte de un socio de gobierno sin llamarle previamente.

De hecho, ha calificado la situación como «surreal» y se ha hecho una foto solo con los consejeros de CC, su partido.

«Hay total coordinación», ha señalado, pero también ha dicho que «hay una visión política dentro de un partido político que no está aquí, está en otro sitio.

Y tú ya notas que estás dentro de un vehículo conductor que va hacia una finalidad que otros quieren y te están cogiendo a ti».

En enero, el grupo popular pidió por escrito al presidente del Cabildo que destituyera del cargo de vicepresidente y del área de Planificación y Proyectos a su propio compañero, Jacobo Medina, que había sido el candidato a la presidencia del cabildo por el PP en las últimas elecciones de 2023.

En marzo, Astrid Pérez, que lleva 17 años al frente del PP, lo destituyó como secretario general.

EFE1012213sgc/jmr(foto)