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La Laguna (Tenerife), 24 sep (EFE).

– La Universidad de La Laguna (ULL) denuncia el genocidio en Palestina a través de 20 imágenes en las que se muestran niños asesinados, mujeres reivindicando sus derechos y universitarios manifestándose y que forman parte de la exposición ‘Palestina: memoria, resistencia y genocidio’, organizada por Puente Humano, una asociación de docentes y familias comprometida con los derechos desde el marco educativo.

La muestra, que se ha inaugurado este miércoles en el Edificio Central de la ULL y permanecerá hasta el 30 de septiembre, invita a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a mirar de frente al genocidio en Palestina y a reafirmar la importancia de la justicia, el compromiso y la solidaridad internacional, según ha afirmado en declaraciones a los periodistas Inmaculada González, vicerrectora de internacionalización y cooperación de la universidad.

La ULL ha ofrecido su espacio para que se enseñen estas imágenes «en coherencia con su compromiso con los derechos humanos y la promoción de la paz», ha destacado la vicerrectora, quien ha insistido en la necesidad de tomar conciencia de «una realidad muy cruda» en Gaza, donde ha recordado que se están violando los derechos humanos y el derecho internacional.

Asimismo, ha informado de que desde la ULL se trabaja para establecer «un corredor humanitario universitario» para que tres estudiantes de Gaza puedan viajar a Tenerife para seguir estudiando en la universidad, lo cual está resultando «muy complejo» porque «no hay forma de que autoricen los visados» para que el alumnado pueda trasladarse.

La ULL, que presume de ser una de las primeras universidades españolas que se manifestó en contra del genocidio en Gaza desde el inicio del conflicto, no tiene relación con universidades de Israel, por lo que no ha hecho falta romper estos vínculos, si bien sí ha potenciado las conexiones con otros centros palestinos.

Lauranne Cousin, la coordinadora de la campaña educativa por la paz y la justicia en Palestina y Oriente Medio de la asociación Puente Humano, ha comentado que en la exposición también hay imágenes extraídas de internet y que circulan por las redes sociales en las que se muestran las torturas en Gaza.

Con estos carteles, ha continuado, se pretende enseñar que no solo hay bombardeos en Gaza, también hay torturas, desplazamientos y agresiones a universitarios.

Además ha llamado a la movilización ciudadana para que acuda a la manifestación convocada en Santa Cruz de Tenerife, en la plaza Weyler, el próximo 5 de octubre a las 11 horas.

También esta tarde está programado un concierto solidario en el Paraninfo de la ULL a favor de la Asociación Palestina del campamento de refugiados de Askar, en Cisjordania, con el objeto de recaudar fondos para la región.

Así, a través de la música, la narrativa y la danza se dará a conocer la labor que realiza esta asociación en palestina y se visibiliza la «insoportable» situación que atraviesa la población «en este asedio bélico», han indicado desde la ULL.

EFEbrr/cmg(foto)(vídeo)

Las Palmas de Gran Canaria, 24 sep (EFE).

– El PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rechaza el cierre temprano que el gobierno de la ciudad «impondrá» a las terrazas de Guanarteme, una medida que cree «adoptada de espaldas a los afectados», y pide un plan «serio» de ocio nocturno que sea fruto del «diálogo».

Así lo ha manifestado este miércoles en un comunicado la portavoz de los populares en el Consistorio, Jimena Delgado, quien ha considerado que esta decisión de delimitar de 08.

00 a 22.

00 horas el horario en el que pueden operar las terrazas de los negocios de las calles Joaquín Costa y adyacentes «ni resuelve los problemas de convivencia ni ofrece un modelo de ciudad para el ocio responsable».

«Seguimos viendo cómo, en relación con la restauración y la necesaria conjugación del derecho al ocio y al descanso, el Ayuntamiento prefiere imponer y llevar los asuntos a los tribunales antes que sentarse a hablar con todos los actores -vecinos y empresarios- para alcanzar consensos y definir un proyecto serio y atractivo de zonas de ocio en la ciudad», afirma Delgado.

Además de reprochar a la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), que no se haya «puesto al frente para dirigir una solución integral», Delgado estima que «las imposiciones están desplazando el conflicto a otras áreas y amenazan con romper la convivencia, además de dañar a un sector dinámico del que presumen muchas ciudades en España».

Para el PP, el actual escenario «es la consecuencia de diez años de gobierno socialista sin un modelo claro de ocio para la capital grancanaria».

«Frente a la política de bandazos, el PP propone activar de inmediato y con amplia participación la Mesa del Ocio, como espacio estable de trabajo entre Ayuntamiento, vecinos, empresarios, expertos en acústica y fuerzas y cuerpos de seguridad, con el fin de consensuar horarios, condiciones técnicas, planes de inspección y medidas de mitigación», agrega la nota.

Los populares subrayan la necesidad de «ordenar y poner en valor zonas planificadas para el ocio nocturno, con estándares exigentes de calidad e insonorización, ofreciendo alfombra roja a quien cumple y crea empleo y aplicando un régimen de control e inspección eficaz a los incumplidores».

Según Jimena Delgado, «no se trata de elegir entre descanso o empleo, ya que una ciudad bien gobernada garantiza ambos», por lo que su grupo municipal «tenderá la mano para acordar una hoja de ruta inmediata que incluya auditorías acústicas actualizadas por zonas, un plan de inspecciones con indicadores públicos, un mapa estratégico del ruido, apoyo a la modernización tecnológica del sector y campañas de corresponsabilidad ciudadana».

El PP recuerda que, en 2022, el Ayuntamiento «impuso en Joaquín Costa y su entorno un horario excepcional de terrazas de 08.

00 a 22.

00 con 30 minutos para el desalojo, alegando el impacto acústico sobre la convivencia vecinal, una restricción que fue parcialmente anulada por la Justicia en 2024 por defectos procedimentales y que el Consistorio llegó a revertir en abril de 2025 al horario general de la ciudad».

«Ahora, sin consensuar nada con la parte afectada, el Ayuntamiento impone de nuevo regular la zona fijando otra vez el cierre a las 22.

00, lo que ha reactivado el conflicto entre vecinos y empresarios y las críticas del sector hostelero», critican los populares, que auguran que «nuevamente, será un juez quien gestione la vida pública de la ciudad ante la ausencia y la poca trascendencia que Carolina Darias juega en los asuntos importantes».

EFEpcr/jmr

Las Palmas de Gran Canaria, 24 sep (EFE).

– La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias (PSOE), ha manifestado este miércoles que buscará «lugares de encuentro» entre los vecinos y los hosteleros por el conflicto abierto con los horarios de las terrazas situadas en la calle Joaquín Costa y adyacentes del barrio de Guanarteme.

En declaraciones a los periodistas, la alcaldesa ha señalado que «no es fácil el equilibrio» dadas las posturas que mantienen, pero ha defendido que «el diálogo debe ser posible», al tiempo que ha hecho hincapié en que hay que cumplir las sentencias.

Los vecinos se quejan por el exceso de ruido, pero «todos tenemos que poner de nuestra parte» y buscar «lugares de encuentro», ha señalado.

El horario que se ha fijado de 08.

00 a 22.

00 horas responde al cumplimiento de una sentencia que ordena al Ayuntamiento a adoptar medidas para reducir los niveles de ruido en el entorno urbano de la calle Joaquín Costa y proteger la convivencia ciudadana, según el Ayuntamiento.

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones con motivo de su visita a las obras de la red de saneamiento que se llevan a cabo en el barrio de La Isleta.

EFEcda/jmr

Santa Cruz de Tenerife, 24 sep (EFE).

– La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha negado este miércoles que se manipulen los datos sobre las listas de espera de consultas, de diagnóstico y quirúrgica, y ha subrayado que si se ha producido un descenso se debe hay planificación y por ello han salido más pacientes de los que han entrado.

En comparecencia parlamentaria a petición de los grupos Socialista, Nacionalista y Popular, la consejera ha rechazado las acusaciones hechas por el diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino sobre manipulación de los datos, que, ha añadido, elaboran las mismas personas que hace cuatro años y utilizan los mismos criterios que entonces.

Esther Monzón ha apuntado que se acusa a empleados públicos de manipular los datos y ha señalado que los datos de la lista de espera a 30 de junio de este año se han remitido al Ministerio de Sanidad conforme a un decreto de ámbito nacional.

La consejera ha apuntado que la mejora se debe a una planificación «rigurosa y continuada», algo que a su juicio no se hizo en la anterior legislatura, y ha declarado que la lista de espera no estructural la tienen todas las comunidades autónomas.

El diputado del grupo Nacionalista (CC) Alberto Díaz Estébanez ha recordado que el sistema sanitario público es la primera empresa de Canarias por número de trabajadores, «engulle» casi 4 de cada 10 euros del presupuesto autonómico y por él pasan todos los ciudadanos en algún momento.

La sanidad no son solo las listas de espera, de la que cada seis meses se dan datos, ha señalado Díaz Estébanez, quien ha afirmado que los últimos son por primera vez positivos tanto en la lista quirúrgica como en la de consultas y en la de diagnóstico.

Ha señalado que lamentablemente hay quien no soporta la realidad y que las cosas vayan al menos mejor de como iban y niegan los datos, sin entender, ha añadido el diputado de CC, que no ponen en cuestión la gestión de un gobierno sino la de profesionales que elaboran los datos y que son «los mismos que lo hacían hace cuatro años».

El diputado del grupo Socialista Miguel Ángel Pérez del Pino ha subrayado que hay 187 páginas de pacientes que no figuran en la lista, y ha acusado al gobierno regional de cometer un fraude político y administrativo.

Según el diputado socialista, el gobierno regional «esconde» a 8.

776 canarios que esperan por una intervención quirúrgica para defender una gestión, y ha asegurado que se han inventado un algoritmo que expulsa de la estadística a miles de pacientes.

Miguel Ángel Pérez del Pino ha insistido en que se manipula la información antes de publicarla.

Ha recalcado que, según los datos que le han facilitado desde la Dirección General de Programas Asistenciales, en la lista de espera no estructural quirúrgica figuran 8.

776 personas que «ustedes», en un margen de «perversidad», han metido en una lista anonimizada para que no figuren.

El diputado del grupo Socialista ha acusado al gobierno regional de no tener la «más mínima decencia», así como de mentir y engañar.

La diputada del grupo Popular Rebeca Paniagua ha aseverado que lo manifestado por Pérez del Pino «no es ni más ni menos que un intento de corromper la verdad, de manipular la opinión pública y de desinformar», y ha insistido en que los pacientes que han pedido aplazar la intervención no forman parte de la lista de espera estructural en ningún territorio de España.

Rebeca Paniagua ha acusado al PSOE de manipular el dolor y ha asegurado que los datos están contrastados de la misma manera que siempre.

También ha indicado la diputada del grupo Popular que los datos son los mejores que se registran en Canarias desde que se recogen.

Raúl Acosta (AHI) y Jesús Ramos (ASG) han hecho hincapié en que lo que quieren los ciudadanos es que se les den soluciones y en que la tendencia es positiva en las listas de espera, mientras que Nicasio Galván (Vox) ha comentado que su deseo es que no sea verdad que se manipulan los datos.

Yone Caraballo, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha dicho que es una falta de respeto que el gobierno canario «saque pecho» de los datos, cuando, en su opinión, la realidad de los ciudadanos es distinta a la que ofrece el ejecutivo.

«Ustedes se olvidan» de que en la anterior legislatura hubo una pandemia durante la que los quirófanos estuvieron cerrados, por lo que había más lista de espera, ha comentado Yone Caraballo, quien ha pedido que se dejen de hacer propaganda y de desmantelar la sanidad pública.

EFEjmor

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 24 sep (EFE).

– La concejal de Personal, Obras y Contratación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario la pasada legislatura, Peña Armas, ha negado este miércoles haber cobrado «ni un solo céntimo» de las empresas o particulares con las que trabajaba el Consistorio durante su mandato y se ha declarado víctima de una «denuncia política» por parte de la Fiscalía.

La portavoz de Fuerteventura Avanza ha comparecido ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital de la isla para declarar sobre el llamado ‘caso Odín’, ya que es una las principales señaladas en la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas en el denominado ‘caso Odín’, relativa contratos municipales adjudicados entre 2021 y 2023 por valor de 1.

129.

056 euros, buena parte de los cuales tuvieron como beneficiarias a personas de su familia.

Tras ser interrogada, Peña Armas ha leído ante la prensa un comunicado en el que niega haber cometido irregularidad y ha expresado su sorpresa por el hecho de que la Fiscalía no haya denunciado también al anterior alcalde, Juan Jiménez (PSOE), cuando este intervino en muchos de esos expedientes, ha argumentado.

«No está investigado por una denuncia de la Fiscalía, en la que no se formula sospecha alguna en su contra en las adjudicaciones efectuadas.

Todos los pagos de las adjudicaciones fueron ordenados por el concejal de Economía, el señor Verdugo Muñoz, que es licenciado en Derecho.

A pesar de algunas objeciones del interventor, el señor Verdugo no puso objeción alguna a ningún pago», ha alegado.

De hecho, según su tesis, «el expediente con mayores infracciones señaladas por la auditoría» a la que se sometieron esos contratos «fue realizado y firmado» por el entonces alcalde, Juan Jiménez, que intervino en ese procedimiento «y en muchos más».

Todo ello probaría, ha afirmado, que es víctima de una «denuncia política»: «La prueba más evidente es que se seleccionaron 36 expedientes para una auditoría, que es en la que se ampara la Fiscalía, y más de la mitad de los expedientes afectan a políticos del PSOE, entre ellos el más grave y a los que la Fiscalía ni los menciona como investigados».

Peña Armas ha acusado además al Ministerio Público de haberse «olvidado de examinar otros cientos de expedientes con mucha más cuantía en los que intervienen otros concejales del PSOE y el anterior alcalde, algunos con un medio de comunicación superiores a medio millón de euros».

En cuanto a la contratación de empresas de su círculo familiar, ha dicho que ni el concejal de Economía ni otros miembros del Consistorio le pusieron «objeción legal alguna en la contratación por el parentesco de tercer y cuarto grado, no prohibida por la ley».

«El anterior alcalde y otros concejales también promovieron adjudicaciones a las mismas empresas con las que se cuestiona mi proceder.

He declarado, al igual que la vendedora, cómo pagué una vivienda adquirida de mi dinero, acreditando el origen de todos y cada uno de los pagos totalmente legal», ha añadido.

Medio millón en contratos a empresas de su primoEn el informe sobre este caso emitido por el fiscal Javier Ródenas, al que ha tenido acceso EFE, se reitera que la investigación apunta a supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

De todos los 36 contratos investigados, un total de 29, por importe de 956.

653 euros, fueron adjudicados «al entorno familiar de la concejal» Peña Armas, que durante la pasada legislatura fue concejal de Personal, Contratación y Obras, relata.

El 50 % de los expedientes de contratación investigados, son adjudicados en favor del primo de Peña Armas, Cipriano Armas Mesa, que también está llamado a comparecer ante la juez este miércoles, o por alguna de las empresas administradas por él como Codeplag Canarias SL, Tuercón Canarias SL y Montaña de Silvo SL, compartiendo la administración de esta última con su hermano Sergio, también investigado.

En total, les fueron adjudicados 522.

272 euros.

Durante el periodo analizado, la mujer de Cipriano, Lorena Brito, fue contratada por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a través de seis contratos, cuyo presupuesto total ascendió a 210.

011 euros, lo que suma entre ambos cónyuges un total de 732.

283 euros.

De la información recabada «se evidencia que los investigados convinieron en participar en un plan fraudulento en el seno de la contratación pública del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cuya finalidad era un incremento económico de las empresas adjudicatarias vinculadas familiarmente» y «por relaciones de amistad» con Peña Armas.

Según el informe de Fiscalía, es fácil constatar que, la conducta de adjudicar los contratos menores de obras y servicios, «esconde una finalidad ilícita», siendo el mecanismo utilizado para la obtención en provecho propio y de empresarios con los que los funcionarios públicos investigados reúnen «una cercana relación de confianza, cuando no de consanguineidad y de amistad».

En su informe, resalta el «artificio fraudulento de la necesidad de ejecutar adjudicaciones por urgencia, cuando el objeto específico de la contrata estaba ya ejecutado» y en contra de los reparos de Intervención, «pero con la inescindible ayuda de la supervisión del técnico investigado», José Luis Espinel.

El pasado 17 de julio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detuvo a la concejal, su primo y al técnico municipal en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

Las presuntas irregularidades llegaron a la Fiscalía a través de dos denuncias presentadas hace dos años, una por parte de Podemos y otra por un comunicante anónimo.

EFE1011279evs/jmr

Las Palmas de Gran Canaria, 24 sep (EFE).

– La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias (PSOE), ha manifestado este miércoles que acoge con «mucha cautela» la propuesta del presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC) para que los ayuntamientos tengan más mecanismos para regular el mercado de la vivienda.

En declaraciones a los periodistas, ha destacado que la necesidad de vivienda en las islas y que «más allá» de buscar nuevas vías para solucionar este problema, ha pedido que se ejerzan las competencias en esta materia y, por ello, ha hecho un llamamiento al Gobierno de Canarias para que declare a la capital grancanaria como zona tensionada a efectos de la regulación de los alquileres.

Darias ha recalcado que la petición formulada al Gobierno canario por parte de su Ayuntamiento cumple con tres de los parámetros para lograr esta declaración, como establece la Ley de Vivienda estatal.

Esta declaración puede beneficiar a muchas familias de la ciudad, como así ha ocurrido en ciudades de Cataluña, el País Vasco y Galicia, donde la Xunta se lo ha concedido a A Coruña, ha alegado.

Sobre la propuesta de Clavijo, ha señalado que le preocupa que la solución sea aumentar la carga a los ayuntamientos, por lo que ha defendido vías en las que todas las administraciones puedan colaborar pero sin aumentar la carga de trabajo a las corporaciones locales.

Así mismo, ha sostenido que hay que seguir trabajando con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y, si se dan más competencias a los ayuntamientos, deben ir acompañadas de recursos y personal.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, también se ha pronunciado sobre estas modificaciones y ha insistido en que la falta de vivienda es un problema de «enorme calado», por lo que todas las administraciones públicas deben atender esta necesidad desde las competencias que disponen.

Ha considerado positivo todas las modificaciones que se lleven a cabo en la legislación para conseguir «mayor flexibilidad».

No obstante, ha señalado que desconoce la modificación que se pretende llevar a cabo de la Ley de Bases de Régimen Local ni tampoco la posición de la Federación de Municipios de Canarias (Fecam) ni tampoco la afección a cada municipio, pero si nace desde el consenso la considerará positiva, aunque tampoco sabe si hay acuerdo con los municipios para hacerlo.

Darias y Morales han hecho estas declaraciones con motivo de la visita que han efectuado a las obras de saneamiento que se llevan a cabo en el barrio de La Isleta con Fondos de Cooperación Municipal.

EFEcda/jmr

Santa Cruz de Tenerife, 24 sep (EFE).

– La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha avanzado este miércoles que el ejecutivo regional ultima un reglamento específico para las áreas de cámping y de autocaravanas que busca ordenar, dar «seguridad jurídica» y fomentar más instalaciones de este tipo en todas las islas.

En el pleno del Parlamento regional, De León ha recalcado que la norma responde a «una necesidad largamente postergada», pues regulará una actividad que a veces ha generado «conflictos territoriales innecesarios, inseguridad jurídica y la pérdida de oportunidades de un turismo sostenible».

Ha detallado que en las islas hay más de 13.

000 caravanistas y que esta actividad genera unos 200 millones de euros al año, y ha lamentado que hasta la fecha se haya «mirado a otro lado» desde las administraciones.

La futura norma, que ha sido consensuada con una docena de asociaciones de campistas y caravanistas, fijará estándares y definirá las áreas de pernocta (hasta 72 horas), que se fomentará en zonas de medianía; de acampada y de tránsito, así como el tamaño de las parcelas.

Se dará especial protagonismo a los entornos rurales, donde edificaciones preexistentes podrán albergar hasta un máximo de 12 plazas, ha detallado la consejera, que ha subrayado que lo que no cambia es que estacionar y pernoctar estará siempre permitido salvo que los ayuntamientos lo prohíban en su territorio.

Tampoco variará que la acampada solo estará permitida en las áreas habilitadas al efecto.

El Gobierno de Canarias, ha recalcado la consejera, «no usurpa las competencias de cabildos y ayuntamientos», sino que al contrario les brinda «un marco claro» para que ejerzan sus funciones de planificación, ordenación y control «con más eficacia».

La norma, que no incluye a los albergues y campamentos provisionales montados para conciertos y eventos multitudinarios, dará de plazo cinco años para que los ayuntamientos «puedan saltarse el decreto, entre comillas», para fijar zonas públicas y privadas destinadas temporalmente a este uso en sus territorios.

El texto ha recibido alrededor de 80 alegaciones, a las que la Consejería dará respuesta e incorporará las que considere pertinentes; a continuación se remitirá al Consejo Consultivo previo a su publicación definitiva, con la idea de que entre en vigor en el primer trimestre de 2026.

El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, proponente de la comparecencia en el pleno de la consejera de Turismo, ha indicado que su partido «nada tiene en contra» de las autocaravanas, pero se ha preguntado «qué valor añadido y qué retorno» tiene esta actividad en islas como El Hierro.

Ha lamentado que en ocasiones turismos particulares y camiones con mercancía se hayan quedado en tierra por exceso de caravanas en los ferris que viajan a la isla del Meridiano.

Acosta ha subrayado también que la futura norma es «una buena noticia» ante la proliferación de caravanas, «un tema que nos empieza a desbordar» y donde «a veces» se dan «comportamientos incívicos».

Se ha referido al caso de La Maceta, en Frontera, donde hay un espacio habilitado pese a lo cual los caravanistas «invaden todo el aparcamiento y sacan sus enseres» a la calle, mientras «los herreños casi no pueden transitar ni aparcar».

La consejera ha llamado a abordar en Canarias el debate sobre las capacidades de carga de cada isla, sobre «cómo redistribuir los flujos» con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social.

EFEjmor/cmg

Santa Cruz de Tenerife, 24 sep (EFE).

– El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la Ley de Volcanes, una norma que emana de la iniciativa popular y tramitada en la cámara legislativa, la primera ley de volcanes de España, surgida en La Palma tras la erupción del otoño de 2021.

La Ley de Volcanes busca garantizar, acelerar y dar seguridad jurídica a la recuperación social, económica, medioambiental y habitacional tras una erupción volcánica, que en una tierra como Canarias nadie duda de que volverá a suceder.

Los portavoces de los grupos parlamentarios coincidieron en elogiar el origen popular de la norma y el consenso político para su aprobación, si bien la diputada del PSOE Alicia Vanoostende fue muy crítica con la respuesta del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma en los últimos dos años, que «no está a la altura del pueblo palmero».

«No hay peor engaño que el que se hace a las personas vulnerables», denunció Vanoostede, cuyo grupo mantuvo sin éxito una enmienda para que haya transparencia y se sepa qué personas reciben las ayudas públicas.

La gente «sigue esperando una respuesta», el Gobierno central «tiene un compromiso firme con la recuperación», pero los agricultores, los vecinos de la zona de exclusión siguen teniendo dudas sobre cómo se han repartido los fondos, y se oculta a quién han ido las ayudas, queremos luz y taquígrafos», manifestó la representante del PSOE, quien exigió que el ejecutivo canario «no siga usando el dolor de un pueblo para hacer política».

El resto de los portavoces centraron sus intervenciones en el elogio de la Ley de Volcanes, y así Jonathan de Felipe, de CC, recordó que los afectados se encontraron ante una erupción sin una norma jurídica que permitiera hacerle frente y son ellos mismos «quienes regalan a Canarias una norma como esta», para afrontar nuevas erupciones y para aplicarla en el caso del Tajogaite en todo aquello que sea compatible.

La diputada del PP Raquel Díaz comentó que nunca se olvidará que el Tajogaite «arrasó con historias y recuerdos» frente al que aunque «no teníamos un manual, la reacción se convirtió en un ejemplo de gestión pública y solidaridad institucional».

«No podemos detener la lava ni aliviar el dolor, pero sí aprovechar esa experiencia para dotarnos de un marco legal que ampare a todos y ayude en el futuro a la recuperación de los proyectos de vida», explicó.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, destacó que esta iniciativa popular demuestra que la sociedad siempre va por delante.

No obstante, subrayó que frente a la erupción del Tajogaite «se hizo mucho, aunque de forma insuficiente y más lenta de lo adecuado, de ahí la necesidad de esta norma: para aprender de los errores y consolidar lo que se hizo bien».

Javier Nieto, de Vox, recordó que los ciudadanos de La Palma siguen con problemas sin resolver y con heridas que aún no están cicatrizadas y defendió que aunque esta ley no resuelve todo ni es una panacea sí demuestra la importancia del consenso para buscar soluciones y acercarse a los problemas de los ciudadanos.

Jesús Ramos Chinea, de ASG, destacó que esta norma es un ejemplo de que entre el pueblo y el Parlamento se pueden crear sinergias en beneficio de todos.

El diputado de AHI Raúl Acosta Raúl Acosta (AHÍ) subrayó que la ley emana del pueblo y entronca con la participación ciudadana en la política, a la vez que se ha enriquecido en la tramitación parlamentaria mediante la aportación de todos los grupos.

La nueva normativa aprobada definitivamente este miércoles busca dotar a la comunidad autónoma de una respuesta integral, ágil y coordinada que mejore los procesos de recuperación en caso de nuevas erupciones volcánicas y garantice los derechos y compensaciones a los afectados.

La suficiencia de las ayudas a los damnificados, la recuperación de viviendas y actividades económicas, la coordinación de las administraciones en sus respuestas y la eliminación de burocracia son aspectos en los que incide la Ley para agilizar la reconstrucción en caso de catástrofe volcánica.

La reconstrucción incluye la recuperación social, económica y ambiental del espacio territorial afectado por la erupción y las coladas de lava, pero también de la isla en su conjunto.

En particular, se pretende que los afectados puedan volver a instalarse en el mismo lugar en el que se encontraban sus propiedades, o lo más cerca posible, pero también que recobren su vida y actividades o sus explotaciones agrícolas o ganaderas.

EFEacp/rdg

Santa Cruz de Tenerife, 24 sep (EFE).

– Canarias contabilizaba hasta finales del pasado agosto con 6.

734 casos activos en el sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (sistema VioGén-2), aquellos que tienen un seguimiento policial.

Según niveles de riesgo, hay 63 casos con riesgo alto o extremo, 980 con riesgo medio y 5.

691 de riesgo bajo, detalla el Instituto Canario de Estadística (Istac).

El 27% de las mujeres que están dentro de VioGén-2 tiene entre 18 y 30 años, mientras que el 45% tiene edades comprendidas entre los 31 y 45 años.

Además, hay 69 casos activos de violencia de género con menores en situación de riesgo, de los cuales 63 son de riesgo medio y 6 presentan un riesgo alto.

De todos los casos activos valorados conforme al vigente protocolo 2025, 727 se consideran de especial relevancia.

Entran en esta categoría aquellos casos en los que, tras la valoración policial del riesgo, se detecta una combinación especial de indicadores que aumenta de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza violencia muy grave o letal sobre la víctima.

Por provincias, 2.

735 casos activos se encuentran en la de Las Palmas y 3.

999 en la de Santa Cruz de Tenerife.

EFEjmor/rdg

Arrecife (Lanzarote), 24 sept (EFE).

– La extraordinaria acogida del público lanzaroteño, que agotó en escasos minutos las entradas para el concierto de Valeria Castro previsto el 2 de octubre, ha llevado al área de Cultura del Cabildo de la isla a programar una segunda cita con la cantautora palmera.

El nuevo concierto tendrá lugar el 1 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Víctor Fernández Gopar ‘El Salinero’.

Las entradas, a un precio de 30 euros, estarán disponibles a partir de las 09:00 horas de este viernes a través de la página «culturalanzarote.

com» y de la aplicación móvil ‘Cultura Lanzarote’.

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, señala en un comunicado que «la gran demanda para ver a Valeria Castro demuestra no solo el cariño de la isla hacia esta artista, sino también el hambre de cultura existente en Lanzarote».

Por eso hemos hecho un esfuerzo para sumar una segunda función, contando con la generosidad de la propia cantante, que no ha dudado en corresponder al público lanzaroteño con este gesto, añade en una nota.

El regreso de Valeria Castro a Lanzarote forma parte de su gira internacional de presentación de ‘El cuerpo después de todo’, su segundo trabajo discográfico.

La autora ofrecerá en la isla un repertorio íntimo y delicado, en el que tradición y sensibilidad contemporánea se encuentran en una de las voces más destacadas de la música canaria actual.

La autora palmera se ha consolidado como una de las voces más delicadas y prometedoras de la música actual.

Ha recibido tres nominaciones consecutivas en los Grammy Latinos.

En 2024 la obtuvo en la categoría de mejor canción de cantautor por La raíz —compuesta en homenaje a La Palma tras la erupción del Tajogaite— y por el tema «La Ceniza», junto al lanzaroteño Ale Acosta, en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica.

Este año ha logrado la nominación a Mejor álbum cantautor por su segundo trabajo, ‘El cuerpo después de todo’.

Además, ha recibido también el galardón a mejor canción del año en los Premios Canarios de la Música y fue nominada a los Premios Goya 2024 junto al grupo Vetusta Morla.

EFE1012213sgc/pcr