Santa Cruz De Tenerife, 15 oct (EFE).
– La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha considerado «inaceptable» que el Gobierno central haya acusado a Canarias de ralentizar los traslados de menores que piden asilo, y ha afirmado que «los datos son demoledores: en siete meses sólo han salido 182 y queda casi un millar por trasladar».
La titular autonómica de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha reprochado este miércoles en un comunicado la actitud del Gobierno central cuando la realidad es que, ha proseguido, es el Ejecutivo central «el que no está haciendo su trabajo».
Delgado ha señalado que las declaraciones de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en las que acusa al Gobierno de Canarias de no tramitar los expedientes para el traslado, no se ajustan a la realidad.
“El procedimiento exige que el Estado nos solicite los perfiles adecuados a las plazas de las que van disponiendo», ha afirmado la consejera, que indica que trabaja con el mismo listado remitido «a ambas partes» por Interior.
Por lo tanto, ha agregado, no es cierto que no se hayan trasladado los expedientes, y ha apuntado que en el dispositivo Canarias 50, que es del Estado y que debería de ser de tránsito, hay 87 menores que llevan dos meses esperando a ser trasladados.
«Esa es la realidad.
Esos menores tenían que haber estado 15 días en este centro y llevan ya dos meses.
Tienen toda la documentación para ser trasladados y el Estado no lo ha hecho», ha detallado Delgado.
La consejera de Bienestar Social también señala que, además de los 87 chicos que hay en el Canarias 50, se han realizado en El Hierro 14 entrevistas: “Hay más de 100 menores que el Estado ya puede trasladar y no lo ha hecho.
Para ellos es más fácil criticar y tratar de confundir a la opinión pública con datos irreales que ponerse a trabajar y solucionar este problema”.
El Gobierno de Canarias recuerda que desde el Ejecutivo regional se pidió al Estado que los casi 800 que están en el listado del Sistema de Acogida de Protección Internacional fueran entrevistados en los centros en los que residen en Canarias, e incluyeran en ese registro administrativo a los más de 400 que con posterioridad han solicitado asilo.
“La táctica del Estado, sin embargo, es dilatar todo lo posible la asunción del mandato del auto del Tribunal Supremo de acogerlos en sus recursos de la red de protección internacional, con la intención de que muchos de ellos cumplan la mayoría de edad y no tener que habilitar recursos específicos para menores de edad, rentabilizando al máximo los que dispone para mayores”, denuncia Candelaria Delgado.
“Estamos cansados de tergiversaciones y de que falseen los datos desde el Estado para tapar su incapacidad.
El Tribunal Supremo ha dejado claro que los chicos y chicas con asilo son responsabilidad del Estado y que es el Gobierno Central el que debe aliviar la carga de los recursos de la Comunidad Autónoma”, añade la consejera de Bienestar Social.
Candelaria Delgado recuerda que “el Gobierno de Canarias está siendo responsable: ha contratado a más personal y está haciendo un esfuerzo por atender a los menores.
En vez de inventar datos y poner excusas, lo que tiene que hacer el Gobierno de España es agilizar los traslados”.
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