Las Palmas de Gran Canaria, 28 ago (EFE).
– El personal de la Fundación IDEO que presta servicio en el centro de medidas judiciales para menores de La Montañeta han amenazado este viernes con acudir a la huelga si no se aceptan las demandas que llevan meses reclamando.
Tal y como ha explicado en declaraciones a EFE la portavoz de los trabajadores, Estefanía Grau, educadora y presidenta del Comité de empresa de La Montañeta, se comunicó el preaviso de huelga el pasado 12 de agosto y se les convocó a una reunión el día 18, donde «se comunicó que los servicios mínimos son el 100 % de la plantilla, a lo que no nos mostramos conformes».
Están pendientes de una nueva reunión el día 2 de septiembre en la que «esperan» que se establezcan los servicios mínimos o haya «algún tipo de negociación económica».
Si no hay ningún acuerdo, «acudiremos a Dirección General del Trabajo», ha adelantado.
«Al final somos tan pocos que los servicios mínimos supone que trabajemos todos los que estamos», ha advertido, lo que no supone una afectación real en el trabajo diario, lo que vendría a disminuir el efecto de la llamada de atención del personal.
La plantilla lleva meses denunciando públicamente lo que considera «un abandono al colectivo» porque si bien desempeña su labor en centros de internamiento «con una elevada complejidad y un alto nivel de riesgo», sigue «soportando unas condiciones laborales que no están a la altura de la responsabilidad que asumimos cada día».
Entre las demandas, ha detallado Grau, se mantiene la petición de «una subida salarial que permita recuperar el atractivo de la profesión y facilite la incorporación de nuevos trabajadores», ya que, según ha advertido, «sin unas condiciones económicas dignas, seguirá siendo imposible cubrir las plazas necesarias».
Además, ha reclamado «un aumento urgente de la plantilla», ya que «donde deberían trabajar 28 profesionales por turno, actualmente solo somos 16», una situación que, ha alertado, «pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los propios menores».
Del mismo modo, el colectivo ha solicitado el pago del plus de insularidad, que continúa «sin abonarse a pesar de nuestra condición de residentes en Canarias», así como «el reconocimiento de la figura de autoridad, para reforzar nuestra protección y que las agresiones al personal educativo tengan consecuencias penales acordes con su gravedad».
Los trabajadores han solicitado también «el reconocimiento de nuestra labor como profesión de riesgo» que permita una jubilación anticipada y «la devolución inmediata del 5 % salarial que se nos retiró en 2010 y que, a día de hoy, continúa descontándose de nuestras nóminas».
En palabras de Grau, «no pedimos privilegios sino respeto, seguridad y unas condiciones laborales justas para poder seguir desempeñando un trabajo esencial para la sociedad».
Y por ello confía en llegar a una solución en la próxima reunión convocada.
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