Santa Cruz De Tenerife, 23 oct (EFE).
– La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a tres años de cárcel y el pago de casi 280.
500 euros a un acusado de estafa y apropiación indebida agravados, que tuvo su origen en la utilización de un poder que le otorgó un empresario de Asturias a sus espaldas e incluso cuando había fallecido.
El fallo refleja que esta cantidad debe ser entregada a los herederos del dueño y se dividiría en 120.
200 euros por la venta de dos propiedades resultantes de la división de una y 74.
500 por la transmisión fraudulenta de otra.
La Audiencia ordena la nulidad de la venta de una más y en caso de que ésta hubiese sido adquirida por un tercero de buena fe tendrían que pagarle a los hijos 82.
000 euros, más 2.
000 por el pago del impuesto de sucesiones y otro tanto como multa.
El condenado ejercía de asesor fiscal y vendió cuatro propiedades en el sur de Tenerife sin que lo supiera su propietario, dos de ellas tras su muerte, de manera que en ese momento el poder ya no tenía valor ni podía ser utilizado.
El constructor y promotor inmobiliario vivía en Asturias y desde el año 1970 realizaba diversas operaciones en la isla, donde conoció al procesado, en quien depositó una gran confianza hasta el punto de dejar en sus manos los negocios que tenía en Tenerife.
Para ello le otorgó un poder en el Registro de Granadilla de Abona que, según la Sala, dio lugar a que el encausado se “dejara llevar por un ánimo de enriquecimiento ilícito”.
De esta manera realizó diversos actos como apoderarse del precio de dos fincas urbanas que eran resultado de la división de una cuando el empresario aún estaba vivo y sin que lo supiera.
En marzo de 2008 el propietario cayó enfermo y siguió en este estado hasta finales de año de manera que cuando el encausado vio que empeoraba cobró 120.
000 euros, por un lado y otros 20.
000 más, cantidades de las que se apropió.
Mientras se llevaban a cabo estas operaciones el condenado siempre aseguró que representaba al propietario original pero lo cierto es que a partir del mismo día del fallecimiento siguió actuando como si estuviera vivo, de manera que el notario autorizó el pago de estas cantidades.
Los herederos tuvieron conocimiento de la venta meses más tarde, cuando se les incoó un proceso sancionador por no haber liquidado el impuesto de sucesiones, que ascendía a 47.
000 euros que finalmente se redujeron a 18.
000 en un caso y luego a casi 2.
000 en otro.
Pero además el acusado se hizo con la propiedad de otras dos fincas también urbanas y utilizando este poder vendió una parte por 100.
000 euros y para ello usó un documento en el que aparece el nombre del empresario y un sello.
Una operación idéntica llevó a cabo con otra parte de la finca por el mismo precio, pagado también al contado y con la firma falsificada, documentos ratificados por el notario al desconocer el fallecimiento.
Para confirmarlo se llevó a cabo una prueba pericial por encargo del juzgado, a lo que se une otra de un perito de la defensa que llega a una conclusión contraria.
Durante el juicio el acusado alegó que en su momento había entendido que a través del poder, le habían concedido la propiedad de los terrenos no sólo la representación y por ello llevó a cabo estas operaciones sin pensar que cometía una ilegalidad.
La Fiscalía pedía cuatro años de cárcel y la devolución de 140.
000 euros que se corresponden al precio de las cuatro fincas urbanas situadas en Granadilla de Abona vendidas a seis personas.
Por su parte la Acusación Particular solicitaba cuatro años de prisión por estafa, el pago de 400.
000 euros y dos años por falsedad documental, aunque este cargo quedó descartado.
EFEnra/asd1012088
