Las Palmas de Gran Canaria, 27 oct (EFE).
– Familias de alumnos han acusado este lunes a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de «no tomarse en serio» a estudiantes y progenitores, al no contar con ellos a la hora de modificar normativas que les afectan directamente.
Prueba de ello, citan cómo ha encarado la Consejería la elaboración de un nuevo decreto para regular la convivencia en las aulas que sustituya al vigente, que, tras no atender los llamamientos para actualizar esa norma que le vienen haciendo «desde el primer momento», ha cambiado de opinión repentinamente.
Con ello, meses después de volver a insistir en esa reivindicación a partir de comienzos de este curso, asociaciones de estudiantes y parientes, de repente, se topan «conque ahora han decidido aprobar un decreto que tiene tanta importancia con prisas».
Esto lo ha asegurado Carolina Buriticá, una de las impulsoras de la Plataforma de Educación Inclusiva de Canarias, como portavoz de diferentes asociaciones que se han aliado para salir juntas al paso de la forma de actuar del departamento de Educación, que lidera el consejero del Partido Popular Poli Suárez.
Esta portavoz ha cuestionado tanto el hecho de que se haya elaborado un borrador desde la Consejería «sin buscar ningún acuerdo con padres y estudiantes», como el de que se optara por tramitarlo por la vía de urgencia, pues los plazos de exposición pública, entre otros, son más cortos» que los que se aplicarían de haber de procedido por la vía corriente.
Algo que ha considerado inadecuado «cuando estamos hablando de un decreto que tiene tanta importancia para las familias y de cuyo contenido -ha recalcado- no teníamos noticia alguna hasta el lunes pasado».
Carolina Buriticá ha argumentado que la nueva norma requiere una elaboración «meditada y sin prisas» porque «debe dar herramientas para saber claramente a qué atenerse cuando dentro del aula se dan problemas de acoso escolar o de sanciones a comportamientos de niños que padecen algún tipo de trastorno que les empuja a salirse de las normas sin poder controlarlo por voluntad propia».
Justo lo contrario, a su juicio, del borrador que ha elaborado por su cuenta la Consejería, que ven «totalmente ambiguo, no establece protocolos para dar respuesta a estudiantes con necesidades especiales ni para atajar el acoso a esos mismos alumnos y a otros como los que son homosexuales».
Y para dar respaldo a sus declaraciones con datos, el especialista Tanausú Hernández, que trabaja en la atención a menores víctimas de acoso en clase, ha apuntado que en el periodo transcurrido desde que empezara el curso hasta este lunes 27 de octubre había tenido que trabajar ya en 179 casos diferentes, «una cantidad exagerada para tan poco tiempo».
Por todo lo expuesto, y porque la Consejería, mientras iba definiendo su propuesta, «sí que se reunió con los sindicatos para contar con el parecer de lo profesores, pero no con los representantes de alumnos y padres, destinatarios, en última instancia, de normas como esta», la portavoz de Educación Inclusiva ha vuelto exigir más tiempo para hacer alegaciones a la Consejería.
Ha precisado que esa reclamación la mantienen incluso a pesar de que el departamento, de manera sorpresiva, anunció apenas una hora antes de celebrarse rueda de prensa convocada por estudiantes y familias para demandar ese mayor plazo que aceptaba prolongarlo hasta el 19 de noviembre.
Sus argumentos han sido que «se dan solo 20 días, y además no todos hábiles, para analizar y proponer alternativas a un texto tan complejo y que debe ser definido con detalle y cuidado, ya que va a determinar que se pueda o no trabajar realmente en pro del bienestar de toda la comunidad educativa».
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