Santa Cruz De Tenerife, 30 oct (EFE).
– Nueva Canarias-Bloque Canarista y PSOE han acusado este jueves a los grupos que apoyan al Gobierno canario de pasar «el rodillo» por no admitir sus enmiendas al proyecto del uso turístico de viviendas, que a su juicio supone «un tratado de rendición ante los lobbies y la patronal turística».
Las discrepancias entre los grupos que apoyan al Ejecutivo regional y la oposición sobre este asunto se han puesto de manifiesto durante la reunión de la Comisión de Turismo y Empleo del Parlamento de Canarias, en la que se ha debatido el dictamen del proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
El dictamen ha sido aprobado con el respaldo de CC, PP, ASG y AHI y el rechazo de NC-BC y PSOE, cuyas enmiendas «in voce» han sido rechazadas, por lo que el texto pasará ahora a su debate en un próximo pleno del Parlamento de Canarias.
La diputada de NC-BC Esther González ha recriminado a los grupos que sustentan al Ejecutivo canario el que haya que «tragar» un texto «sin consenso, diálogo y con el rodillo político más descarado» que en su opinión ha visto durante sus años como parlamentaria.
«Los que en la legislatura pasada nos acusaban de pasar el rodillo ahora quieren arrodillarnos sin admitir ni una sola enmienda de las presentadas», ha criticado González, para quien la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, no ha tenido «la más mínima intención de negociar» sino que se ha tratado de «imponer, disciplinar y humillar al enmendante».
No se ha aceptado «ni una coma» y ni siquiera se ha dado una explicación de la razón por la que no se han admitido las enmiendas, ha proseguido la diputada de NC-BC, para quien esta ley, que «en teoría» tenía que resolver un problema social, en realidad es «una alfombra roja para los grandes intereses turísticos y deja a miles de familias canarias en el limbo jurídico».
La norma supone «un portazo y una sonrisa cínica», ha continuado González, quien ha advertido de que las leyes no pueden sostenerse «en los aplausos de los lobbies» y ésta, ha añadido, nace «sin consenso, sin rigor y sin alma».
Se señala como «enemigo útil» al pequeño propietario antes que reconocer «el fracaso estrepitoso» de la política de vivienda del Gobierno, a lo que se añade el que con el argumento del interés general se intenta «expulsar a los canarios de las zonas turísticas para reservarlas a los visitantes», ha ahondado la parlamentaria.
En su opinión, esta ley «no legisla, restringe; no ordena, expulsa; y se entrega a Canarias» a los grandes intereses.
Para el socialista Gustavo Santana esta norma viene «sin consenso social, económico ni político», lo cual supone una mala noticia para una ley en torno al modelo productivo más importante de Canarias y por ello «la aboca al fracaso».
Santana ha puntualizado que, si se defiende una distribución justa de la riqueza, qué mejor que hacerlo en beneficio de los pequeños propietarios y de ahí la propuesta del PSOE de limitar a tres el número de viviendas que pueda explotar un titular como vivienda vacacional.
Sin embargo esta propuesta ni siquiera se debatió en la ponencia y también se «desecharon» todas las enmiendas dirigidas a simplificar los trámites de las solicitudes de pequeños propietarios.
Lo más lamentable, ha proseguido Gustavo Santana, es que tampoco se debatió sobre las sanciones a propietarios de vivienda en zonas turísticas con el argumento de que no era motivo de discusión en este texto, pese a que se le cita tácitamente en la exposición de motivos y en la disposición transitoria.
«Es una auténtica tomadura de pelo», ha reprochado Santana, para quien es «evidente» que con esta norma se trata de favorecer a los grandes tenedores de vivienda y que los poderes económicos «vuelvan a hacerse cargo del pastel».
Por el grupo Mixto el diputado Raúl Acosta (AHI) ha rebatido el argumento de la falta de consenso porque los cuatro grupos que apoyan al Gobierno tienen opiniones distintas sobre esta cuestión «y a pesar de las diferencias se ha llegado a acuerdos».
Entre otros puntos ha destacado «la escucha activa» para que esta norma no tenga efectos negativos en El Hierro, donde el 70% de la oferta es de vivienda vacacional, para apuntar que se ha reforzado en el texto el papel «preponderante» de los municipios para que decidan qué tipo de modelo turístico desean.
«Se ha escuchado a cabildos y ayuntamientos.
No se puede venir alegremente a decir que se pasa el rodillo y no se escucha cuando se ha intentado que la norma se adapte lo máximo posible a la realidad de cada territorio», ha expuesto Acosta.
Para Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera, si ha habido un Gobierno valiente que ha intentado legislar este asunto es el actual bajo la premisa de que hay dos modelos turísticos en Canarias, el del turismo de masas y el de las islas verdes, donde encaja mejor la vivienda vacacional porque aporta «más beneficios que incomodidades puedan suponer al resto».
Paula Jover de Vox, ha recordado que en su momento su grupo presentó una enmienda a la totalidad para que se retirase este proyecto de ley «camaleónica», con 30 páginas de exposición de motivos y sólo 10 artículos, y a la que los grupos que apoyan a Gobierno han presentado más de 60 páginas con enmiendas.
«Eso es hacer malabares», ha señalado Jover, quien ha detallado que el texto ha recibido 113 enmiendas y Vox considera que se debería haber retirado para traer otra ley «con más fundamento, sin tachones ni cambios en aspectos básicos cada dos días».
El diputado popular David Morales ha considerado que, frente a determinados posicionamientos externos de falta de sensibilidad, el número de enmiendas recibidas es una muestra inequívoca «de la total ausencia de rodillo o apisonadora», y ha reflejado la búsqueda de «mayores y mejores adaptabilidades de la ley en ciernes a la idiosincracia del archipiélago».
«Esta ley blinda la vivienda vacacional debidamente ordenada y regulada como una modalidad oficial de alojamiento extrahotelero en Canarias, y en ningún caso acaba con ella», ha subrayado Morales.
La nacionalista Socorro Beato ha enfatizado que esta norma era necesaria y su grupo se comprometió a trabajar para mejorarla «escuchando todas las sensibilidades y a las instituciones, cabildos y ayuntamientos, que van a aplicar la ley».
De hecho se han presentado enmiendas para reforzar el papel de cabildos y ayuntamientos y se han simplificado sus trámites, además de mejorar los mecanismos de control de las plataformas de VV y la lucha contra la oferta ilegal, ha argumentado Beato, para quien no se trata de poner trabas, sino de que haya un crecimiento ordenado del turismo y de proteger el interés general frente a los abusos.
Esta ley responde a una realidad «que no podemos seguir obviando», la del crecimiento descontrolado (de viviendas vacacionales) que genera tensiones en el mercado de la vivienda, la convivencia y la sostenibilidad y por ello esta cuestión se ha afrontado «con responsabilidad», de forma que haya un equilibrio entre el derecho a una vivienda digna y el desarrollo equilibrado del turismo, ha expuesto la diputada.
También se reconocen las particularidades de las islas verdes, donde una fuente esencial del desarrollo es el pequeño propietario de vivienda turística, y se brinda apoyo a las especificidades de los municipios que sufren despoblación y envejecimiento, para los que el alquiler vacacional puede suponer una herramienta de rejuvenecimiento y reactivación económica, ha resumido Socorro Beato.
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