Maspalomas (Gran Canaria), 4 nov (EFE).
– El 50 aniversario de la salida de España del Sahara Occidental lo viven con tristeza las familias de las 281 víctimas de los atentados del Frente Polisario, en su mayoría trabajadores y pescadores canarios, que se sienten «los grandes perdedores» de una historia en la que, a su juicio, no se terminan de contar «todas las aristas de la verdad».
La presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) es Lucía Jiménez, hija de una de esas personas: su padre fue gravemente herido y murió debido a las secuelas de un atentado perpetrado en enero de 1976 en las minas de fosfatos Fos Bucraa.
En una entrevista con EFE, Jiménez remarca que habla en nombre de un colectivo de familias que nunca han recibido el reconocimiento adecuado, a pesar de haberse visto golpeadas por «ataques contra población civil indefensa», delitos de lesa humanidad que no prescriben, advierte, pero que apenas han sido investigados.
La mayoría de estas víctimas fueron marineros canarios de los pesqueros ametrallados por el Frente Polisario que fueron asesinados, heridos, secuestrados o desaparecidos en los atentados que se sucedieron hasta 1986 en tierra y en las aguas del Sahara y zonas aledañas.
Gargomar, Cruz del Mar, Sarita, Las Palomas, Mencey de Abona o Junquito son los nombres de algunos de los pesqueros sorprendidos por esos ataques, explica Lucía Jiménez, que recuerda que el secuestro del último de ellos provocó en 1986 la expulsión de España de la cúpula del Frente Polisario, que vivía en Madrid, al morir dos militares de la patrullera Tagomago, que había acudido a su rescate.
A bordo de los barcos ametrallados no solo había marineros canarios, también andaluces, gallegos y portugueses, precisa.
Desde que se creó en 2006, la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo ha trabajado para dar visibilidad y dignificar la memoria de todas esas personas.
Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el reconocimiento obtenido ha sido «insuficiente» y en ocasiones «por la puerta de atrás», se lamenta su presidenta.
En 2012, Acavite presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional contra señalados dirigentes del Frente Polisario, que intentó reactivar en 2021 cuando su líder, Brahim Ghali, fue hospitalizado en La Rioja para que lo trataran de una infección por covid-19.
Lucía Jiménez ha dedicado su vida entera a honrar la promesa que le hizo a su padre.
Su tesis doctoral, presentada en 2021 en la Universidad Carlos III, es uno de los documentos más completos que existen sobre ese capítulo de la Transición española, una investigación que intenta contribuir a que se reconozca, restituya y repare el daño causado por el Frente Polisario.
Sin Ley de Víctimas del Terrorismo en Canarias»Sin meternos en el dilema territorial del Sahara, los grandes perdedores de estos 50 años somos las víctimas canarias del terrorismo, de ahí el sentimiento agridulce y triste que tenemos en este aniversario.
Son las víctimas las que fueron asesinadas, ametralladas sin piedad», subraya.
A pesar de los múltiples intentos de aprobar una ley de víctimas del terrorismo en Canarias, las islas siguen siendo una de las pocas comunidades autónomas que carecen de esta legislación en España, junto con Galicia y Cataluña.
Jiménez considera «inconcebible e indecente» que ningún presidente de Canarias haya dado hasta la fecha el paso de impulsar esa norma y sostiene que el hecho de no haberla aprobado ya refleja «una falta de respeto y empatía institucional» hacia las víctimas y sus familias.
Canarias es, de siempre, uno los territorios españoles con más lazos con el Sahara.
No solo es el más cercano a la antigua colonia española (100 kilómetros desde Fuerteventura), sino que las islas albergan una importante colonia saharaui y sus instituciones reciben con frecuencia a representantes políticos del Polisario.
Luía Jiménez reconoce que a los miembros de su asociación les duele que en Canarias se dé apoyo «económico y político» al Frente Polisario sin que este haya pedido perdón por su atentados y cuando aún muchas de sus víctimas siguen relegadas al olvido.
«La clase política canaria tiene una deuda moral e histórica que debe saldar», agrega la presidenta de Acavite, que llama al Gobierno de Canarias y al Parlamento autonómico a que aprueben «de una vez» la ley de víctimas del terrorismo «sin más excusas y pretextos».
Reivindicación de memoria y justiciaEste colectivo también reclama que se reforme la legislación nacional sobre víctimas del terrorismo, por entender que genera desigualdades con las indemnizaciones y deja desamparados a algunos afectados.
Además, solicita la inclusión de Acavite en iniciativas nacionales como el Centro Memorial de Vitoria y en el futuro Centro Memorial de las Víctimas del yihadismo en Madrid, así como en las unidades didácticas que enseñan a los escolares cuál ha sido el impacto del terrorismo sobre la sociedad española.
Ocurre ya con ETA o el GRAPO, pero los textos no mencionan ni al Frente Polisario y ni al Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), apunta Jiménez.
Para Acavite, las tragedias que causaron no son suficientemente conocidas ni reconocidas en la memoria colectiva española.
Historias que no deben olvidarseJiménez cita casos como el de Melitona, una joven de Lanzarote que perdió a su padre, a su marido y a su hermano pequeño en el pesquero Cruz del Mar.
Sus pérdidas son un recordatorio del impacto devastador que estas tragedias han dejado en las familias canarias, remarca.
Acavite subraya la importancia de mantener viva la memoria de estas víctimas y reclama acciones concretas que pongan fin a décadas de invisibilidad y abandono.
La presidenta de este colectivo concluye con un mensaje contundente: No se puede cerrar este capítulo de la historia con las mentiras que considera que intenta dejar asentadas el Frente Polisario con el apoyo de varios partidos políticos en Canarias.
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