Las Palmas de Gran Canaria, 5 nov (EFE).
– La Fiscalía y la acusación ejercida por el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) han pedido este miércoles al Jurado de la Audiencia de Las Palmas que declare culpable al extesorero municipal José Hilarión Cabrera por un delito de malversación de caudales públicos cometido entre 2016 y 2017, porque lo consideran un claro «caso de corrupción».
En la tercera y última sesión del juicio que se sigue contra Cabrera, las dos acusaciones han señalado que la prueba practicada en estos días reafirma su posición sobre el procesado, quien en su derecho a la última palabra ha dicho que se declara «totalmente inocente», y su defensa, que reclama su absolución, ha pedido un veredicto de no culpabilidad.
«No he cogido nada que no sea mío», ha remarcado el exfuncionario, al tiempo que ha señalado el sufrimiento que le han supuesto los ocho años que ha durado la causa que se sigue contra él, y por la que tanto la Fiscalía como la acusación del Ayuntamiento piden una condena de ocho años de prisión y que restituya los 303.
410 euros que el Tribunal de Cuentas ha determinado, en una sentencia firme, que ocasionó como perjuicio al Consistorio.
En su declaración, Cabrera ha admitido que las cuentas no cuadraban pero que «nunca le dijo al alcalde (Pedro Amador) que lo que faltaba no lo cubría ni con su casa» y que no era el único que disponía de la llave de la caja fuerte, «cualquiera la tenía».
El fiscal Carlos Hernández Seijo ha afirmado que «no tiene ninguna duda» de la culpabilidad del acusado, porue las pruebas son «suficientes y potentes» y se trata de un «caso de corrupción de un servidor público que lleva unas cuentas públicas», en el que las acusaciones lo tienen más fácil al disponer de la sentencia del Tribunal de Cuentas que lo señala como el único responsable del perjuicio causado.
«No tenemos mejor informe pericial que ese», el del máximo órgano de fiscalización y control del Estado, que determina dos hechos «claves»: la cantidad, el alcance del perjuicio, los 303.
410,30 euros, y el responsable, que es el acusado, ha señalado el fiscal.
El responsable del Ministerio Público ha añadido que para el delito de malversación hay que demostrar la mala intención de desviar ese fondo y, a su juicio, son muchos los indicios que así lo apuntan, el «más poderoso», el hecho de que era la única persona que tenía la llave de la caja.
El fiscal ha remarcado que el acusado «no ha dado ninguna explicación que justifique el desvío de ese dinero», así como que era una persona competente para desempeñar esa función, pues llevaba 26 años en el cargo.
«Su capacidad y facultades estaban más que consolidadas», ha añadido.
Además, ha apuntado como otro indicio el hecho de que nadie supo en el Ayuntamiento el motivo de la baja médica que se cogió y que comenzó cuando se iba a proceder el arqueo de la caja, y ha sostenido que cometió los hechos cuando el Ayuntamiento nombró a un interventor accidental, pariente del tesorero, que ha reconocido ante el tribunal que «no tenía ni idea» de la materia.
A juicio del fiscal, lo que le falló al tesorero fue el cambio de alcalde, y que éste nombrara a un interventor de carrera.
La abogada del Ayuntamiento, Sonia Álvarez, ha hecho hincapié en que no ha habido ningún ingreso en las arcas municipales por parte del acusado, ni se ha embargado la pensión del procesado, por lo que ha pedido al tribunal que no tenga en cuenta la petición de restitución del daño que ha solicitado su defensa de manera subsidiaria.
La defensa también ha pedido que se aprecien dilaciones indebidas muy cualificadas, si bien el fiscal ha señalado que no se han acreditado.
El abogado del tesorero, Ignacio Calatayud, ha alegado ante el Jurado que, pese a la sentencia del Tribunal de Cuentas, a día de hoy no se ha podido demostrar que en la caja de tesorería hubiera los 303.
410 euros que le reclaman a su cliente ni que este se haya enriquecido y su patrimonio sea mayor.
En lo casos de corrupción se pide un informe patrimonial, ha enfatizado el letrado, que ha hecho hincapié en que todos los testigos han coincidido en que había grandes errores de contabilidad y ello impide demostrar que hubiera ese dinero en la caja.
EFEcda/jmr(foto)