Las Palmas de Gran Canaria, 7 nov (EFE).
– El Gobierno trabaja para que todos los menores migrantes que han solicitado asilo tras su llegada a Canarias hayan sido transferidos al sistema de protección internacional y tengan plaza de acogida asignada antes del 21 de noviembre, el día que vence el plazo fijado por el Tribunal Supremo.
Fuentes del Ministerio de Política Territorial han precisado que ese viernes concluyen los 15 días «inaplazables» que el Supremo dio al Estado para proteger a esos menores y acabar con la situación de «hacinamiento» que soportan en Canarias, comunidad que ha llegado a acoger en sus centros a casi 6.
000 niños y adolescentes africanos.
Cuando el 25 de marzo emitió su primer auto sobre este asunto (ya van tres), el Supremo estimaba que el Estado tenía que hacerse cargo de la protección de un millar de menores que habían solicitado asilo o refugio desde Canarias o reunían las condiciones para demandarlo (por ejemplo, todos los procedentes de Mali, país en guerra).
A día de hoy, se han tramitado y resuelto ya 546 casos: 224 han sido trasladados a recursos de la península, 186 están en el Canarias 50 (un centro de acogida transitoria de Las Palmas de Gran Canaria bajo gestión estatal) y un centenar se ha quedado fuera de esta vía porque ya han cumplido la mayoría de edad o porque la Fiscalía (o ellos mismos) han alegado arraigo para seguir en las islas.
«Quedan alrededor de 200 por reubicar», han precisado las fuentes, que aseguran que la cifra de un millar manejada inicialmente se ha rebajado, porque había expedientes y solicitudes duplicadas.
El 21 de noviembre, el Gobierno de España tendrá que rendir cuentas al Supremo de si ha cumplido o no lo que le exigió en sus medidas cautelares y eso implica no solo haberlos inscrito en el sistema de protección internacional, sino también haberles asignado una plaza concreta en un recurso de acogida apropiado.
Todos esos niños y adolescentes seguirán bajo la tutela legal de Canarias hasta los 18 años, a pesar de que residan ya en otra comunidad, porque los autos del Supremo no dicen nada al respecto.
Y, de hecho, la Abogacía del Estado no espera que el tribunal entre a ese detalle cuando resuelva el fondo del litigio: dilucidar si, como ya ha fallado con carácter cautelar, corresponde al Gobierno central cuidar de los menores solicitantes de asilo, como hace con los adultos que solicitan protección internacional.
En cambio, sí se transfiere la tutela legal a la comunidad de destino en los dos procedimientos de traslado derivados de la reforma de la Ley de Extranjería: la vía exprés de 15 días para los llegados a Canarias, Ceuta y Melilla a partir de agosto y la vía ordinaria para los que ya estaban en esos territorios con anterioridad.
Sumando ambas vías, la Delegación del Gobierno en Canarias ya ha autorizado 141 traslados a otras comunidades autónomas.
Sin embargo, el Ejecutivo de Fernando Clavijo mantiene que, en realidad, solo han salido de las islas 40: 15 por la vía exprés y 24 por la ordinaria.
También en este caso apremian los plazos, porque la Ley de Extranjería fija un máximo de cuatro meses para resolver la situación de aquellas comunidades que han sido declaradas en contingencia migratoria por acoger a más del triple de menores que lo que les correspondería de acuerdo a los cupos de capacidad ordinaria.
Ese plazo vence el 19 de marzo de 2026 y, en el caso de Canarias, supone dar salida a unos 2.
800 menores.
Si de esa cifra se descuentan los casos resueltos con asilo, faltaría por trasladar a otras comunidades autónomas a unos 2.
000 niños y adolescentes.
«A estas alturas deberíamos tener ya todos los expedientes para ir resolviéndolos, pero el Gobierno de Canarias solo ha enviado 407», han indicado las fuentes, que apremian al Ejecutivo de Fernando Clavijo: «En el último mes, hemos resuelto 107 traslados.
A un ritmo de 107 por mes no llegamos, así no cumplimos el plazo de marzo».
Las fuentes también han recordado que varias comunidades autónomas han impugnado ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Extranjería que habilita estos traslados y algunas han pedido también a los tribunales de lo Contencioso Administrativo que suspendan cautelarmente traslados concretos.
En todos los casos, han añadido, la respuesta de los jueces ha sido no bloquear el traslado, menos en uno que afectaba a un joven que estaba a días de cumplir los 18 años.
EFEjmr/mrgz
