Las Palmas de Gran Canaria, 17 nov (EFE).
– La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, ha pedido este lunes al Gobierno de Canarias que cambie la recién aprobada Ley de Vivienda Vacacional para que esa actividad turística sea equiparada a la de los hoteles y apartamentos o a la de los arrendamientos convencionales.
Así lo ha manifestado la regidora del cuarto municipio turístico de Canarias en una rueda de prensa en la que ha asegurado que el Ejecutivo regional, competente en la inspección turística, ha contestado con el silencio a una primera demanda de la Federación Canaria de Municipios para que se defina para la vivienda vacacional un decálogo de requisitos a cumplir como actividad clasificada, en lugar de someterla al régimen general de esta ley, de 2011.
Bueno ha recalcado que este hecho, el de someter a las viviendas vacacionales a la Ley de Actividades Clasificadas, de aplicación a hoteles y apartamentos por la nocividad que pueden acarrear a su entorno, «echa por tierra» la regulación legal aprobada la pasada semana sin consenso en el Parlamento canario para regular este nuevo sector del ámbito alojativo turístico.
A su juicio, la pretensión del Gobierno canario al brindar «café para todos» con esta nueva ley, que no se incluyó en los programas electorales de CC o el PP y que también prohíbe heredar un título de vivienda vacacional a la muerte del propietario, es «meter la guillotina» a una actividad cuya proliferación ha propiciado.
De esta forma ha aludido a las miles de autorizaciones, un 21,6 % más, que concedió en la anterior legislatura la actual consejera regional de Turismo, Jessica de León, del PP, cuando era la responsable de este área en el Cabildo de Fuerteventura.
Mogán también rechaza las competencias que la nueva ley hace recaer en los municipios, que hasta ahora desconocían todo lo relacionado con la actividad alojativa, por lo que Mogán ha tenido que recabar del Istac datos «no actualizados» del número de viviendas vacacionales para poderles aplicar la tasa turística que promueve, lo que le ha permitido conocer que posee unas 2.
800 y que Canarias contaba con 47.
754 al cierre de 2025, frente a las 70.
000 de las que habla De León.
La nueva ley obliga a los ayuntamientos a realizar una labor inspectora de las viviendas vacacionales y a firmar la resolución administrativa que las autoriza o deniega, según el pronunciamiento vinculante que haga previamente cada cabildo, ha referido.
Por ello, Mogán prevé «comerse» un aluvión de reclamaciones judiciales, con su consiguiente indemnización, de los propietarios de viviendas vacacionales a los que impedirá seguir ejerciendo una actividad «que democratiza el turismo y permite que la riqueza» que genera «no se quede en las mismas manos de siempre».
Bueno ha explicado que esta nueva ley, aprobada el 12 de noviembre, después del decreto que reguló en Canarias la vivienda vacacional entre 2015 y 2025, sólo la puede recurrir ante el Tribunal Constitucional el presidente del Gobierno de España, 50 diputados o senadores y el Defensor del Pueblo, lo que ha animado a hacer al PSOE, que votó en contra de su aprobación.
Mogán no entiende que se haya aprobado «con calzador» una ley en 2025 «que no tiene en cuenta» lo que estableció la de actividades clasificadas en 2011 y el reglamento que la desarrolla, de 2013, de cuya aplicación quedaron exentos los alojamientos turísticos como hoteles, apartamentos o villas, ya que operan bajo una licencia turística que otorga la administración regional y otra urbanística que concede la corporación local del municipio donde se ubiquen.
Una exención que también pide para la vivienda vacacional, ya que, a día de hoy, es «el único producto turístico que queda fuera de ella».
De lo contrario, advierte, los cinco años de moratoria que da la nueva ley, en los que los municipios deberán regularizar sus planeamientos para definir el suelo susceptible de usar para vivienda vacacional «no servirán de nada», ya que esta actividad seguirá dependiendo de la normativa aplicable a las actividades clasificadas.
Pese a ello, Onalia Bueno ha resaltado que mientras el Gobierno canario seguirá recaudando el IGIC que genera esta modalidad alojativa, los ayuntamientos tendrán que costearse el asesoramiento externo que necesitarán en materia de planeamiento para poder aprobar ordenanzas provisionales que incluyan la vivienda vacacional en casa uno de sus territorios.
La alcaldesa de Mogán ha reprochado al Gobierno canario que exija a los ayuntamientos que en un año hagan lo que la administración regional «no ha hecho en los últimos diez»: la comprobación y control de la vivienda vacacional existente en cada territorio, una labor que, además, las corporaciones locales no podrán hacer con criterios homogéneos, por lo que insiste en que una disposición transitoria de la nueva ley que especifique un decálogo de requisitos que deben cumplir las viviendas vacacionales como actividad clasificada.
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