Las Palmas de Gran Canaria, 21 nov (EFE).
– El sindicato Anpe Canarias ha pedido este viernes que los problemas mentales derivados de la creciente conflictividad escolar sean considerados como enfermedad profesional.
Además, solicita que se facilite el acceso a apoyo psicológico y asistencia jurídica de manera más rápida y eficaz, porque, «sin mejores condiciones laborales, sin recursos suficientes y sin un apoyo institucional claro, no puede haber convivencia positiva ni una educación de calidad.
El profesorado no puede gestionar en soledad situaciones tan graves».
Así lo ha manifestado en un comunicado Domingo Rodríguez, quien coordina en Canarias el servicio del Defensor del Profesor que este sindicato presta desde hace 16 años a los docentes que sufren situaciones conflictivas en las aulas.
En su informe relativo al curso 2024-2025, el sindicato advierte de un nuevo aumento de los casos de conflictividad escolar que afectan al profesorado, que argumenta en el hecho de que este servicio ha atendido a 171 docentes por esta causa, «la cifra más alta en diecisiete años y el quinto incremento anual consecutivo».
Estos afectados han denunciado agresiones, amenazas, presiones o dificultades graves para el ejercicio de la docencia, unos hechos que Domínguez admite que «no responden a una realidad generalizada, pero confirman una tendencia preocupante que se está asentando en el sistema educativo, donde la conflictividad crece año tras año, con incidentes que son cada vez más complejos y tienen un impacto mayor en el profesorado».
Según la memoria de este servicio de Anpe, la etapa de Secundaria concentra el 55 % de los casos denunciados.
Los problemas más habituales continúan siendo las dificultades para dar clase, las amenazas y las faltas de respeto.
Además, este curso se ha constatado un aumento de las agresiones físicas de alumnos y de los casos de ciberacoso dirigidos al profesorado.
Rodríguez destaca también el repunte en Primaria, donde los incidentes han crecido un 18 % respecto al curso anterior.
En este nivel, los conflictos tienen que ver, sobre todo, con las familias: aumentan las denuncias y acusaciones sin fundamento, las presiones para modificar notas y las agresiones protagonizadas por padres, madres u otros familiares del alumnado.
Más de la mitad de los docentes atendidos presentó síntomas de ansiedad, alrededor del 15 % sufrió episodios de depresión y un 26 % tuvo que coger la baja médica por dolencias relacionadas directamente con la conflictividad, unos problemas de salud laboral «que no pueden obviarse» ni normalizarse, apunta Domínguez.
Entre los factores que favorecen este deterioro del clima en las aulas, ha aludido a las ratios elevadas, que dificultan la atención personalizada y la gestión de la convivencia; la sobrecarga burocrática, que resta tiempo al trabajo propiamente educativo y genera un estrés continuo, y la escasez de especialistas y personal de apoyo, especialmente de orientación educativa, auxiliares y personal administrativo.
A ello ha sumado que «la falta de reconocimiento social e institucional hacia el papel del docente agrava aún más el malestar profesional».
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