Etiqueta: Breve

Las Palmas de Gran Canaria, 26 nov (EFE).

– El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote ha denunciado que el gobierno insular (CC-PP) ha dejado sin subvenciones culturales a las asociaciones y entidades de la isla durante 2025, dejando «sin apoyo público a quienes sostienen la identidad cultural de la isla».

Según ha explicado el PSOE en un comunicado este miércoles, la información oficial que le ha sido remitida confirma que este año no se ha concedido ni una sola subvención en materia cultural, a diferencia de 2024, cuando se destinaron 510.

500 euros a proyectos culturales, agrupaciones tradicionales, festivales y programas artísticos.

El consejero del Grupo Socialista y anterior responsable del área de Cultura, Alberto Aguiar, ha calificado de «especialmente grave» que el equipo de gobierno del Cabildo «haya dejado sin continuidad» a proyectos que articulan el tejido cultural de Lanzarote.

«La cultura no puede quedar a cero por una decisión política.

Esto no es un recorte cualquiera: es dejar sin apoyo público a quienes sostienen la identidad cultural de la isla», ha aseverado.

El PSOE ha advertido que la falta de subvenciones ha tenido «efectos inmediatos» en la isla, traduciéndose en una menor actividad cultural, la pérdida de puestos de trabajo vinculados al sector, el freno de proyectos educativos y comunitarios que se venían desarrollando durante todo el año y un mayor riesgo para la conservación del patrimonio cultural y del folclore insular.

Además, ha manifestado que «la ausencia de apoyo público debilitó las oportunidades de los artistas y creadores locales, que dependen de estas ayudas para producir, investigar, formarse y difundir su trabajo».

«Hablamos de escuelas musicales, agrupaciones que preservan la tradición, colectivos que investigan, creadores que generan economía cultural y proyectos que acercan la cultura a los barrios.

Sin ayudas, todo esto se pone en riesgo», ha advertido Aguiar Aguiar al señalar que «un año sin financiación pública rompe procesos que llevaban años construyéndose».

El Grupo Socialista en el Cabildo ha exigido la restitución urgente de las ayudas culturales y ha informado de que preguntará en el próximo pleno por qué no se han concedido subvenciones en el presente ejercicio.

EFEmrgz/as

Puerto del Rosario, 25 nov (EFE).

– El Cabildo de Fuerteventura junto con los ayuntamientos de Tuineje, Antigua y Betancuria, ultima los trabajos de coordinación con las empresas redactoras de sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU) con el objetivo de que los borradores estén entregados antes de final de año.

En un comunicado, la institución insular ha recordado que el Cabildo de Fuerteventura ha tomado la iniciativa para ayudar a los municipios de menos de 20.

000 habitantes a redactar sus PEMU y elevar así sus niveles de reacción en situaciones de crisis, equilibrando en todo el territorio insular la efectividad para el control de una emergencia.

La consejera de Emergencias, Lolina Negrín, ha recordado que este documento municipal “es clave para la capacidad operativa en toda la isla” y que los servicios de emergencias trabajen “de forma coordinada y en apoyo mutuo”, ya que las distintas densidades de población entre municipios conllevan distintos niveles de dotaciones humanas y materiales especializadas en cada territorio.

En este sentido, Lolina Negrín ha señalado que “el Cabildo ha tomado la iniciativa para ayudar a los municipios de menos de 20.

000 habitantes a redactar sus PEMU y elevar así su efectividad y capacidad de reacción en caso de emergencia”.

Los municipios beneficiados con esta medida de la Consejería de Emergencias han puesto en valor la agenda desarrollada en esta materia y la oportuna ayuda a los ayuntamientos menos poblados, que ahora dispondrán de formación específica para sus técnicos municipales y simulacros dirigidos a cada territorio y casuística.

En las reuniones se acordó que los equipos redactores de los PEMU de Tuineje, Antigua y Betancuria iniciarán los trabajos de campo en las próximas semanas para obtener datos con los que redactar los borradores de cada documento, que serán entregados antes de final de año.

Cabe recordar que el Cabildo de Fuerteventura ha adjudicado la redacción de los PEMU de los tres municipios de la isla con menos de 20.

000 habitantes (Antigua, Tuineje y Betancuria) como política de apoyo ante la limitación de recursos para redactarlos por su cuenta, y que en estos momentos ya se encuentran en la fase de recopilación de datos sobre el terreno y redacción de los borradores.

Estos planes permitirán identificar riesgos, coordinar recursos y establecer mecanismos de movilización y coordinación entre las distintas administraciones para garantizar una respuesta efectiva ante emergencias.

El objetivo es garantizar la coordinación de recursos públicos en situaciones de emergencia y mejorar la respuesta ante incidentes, sin importar si el suceso se ha producido en un municipio o en otro.

EFE1011279evs/as

Las Palmas de Gran Canaria, 26 nov (EFE).

– Vox ha explicado este miércoles en un comunicado que su grupo se abstuvo en la votación de la Proposición No de Ley (PNL) del PP sobre el Canarias 50 porque «el texto solo propone trasladar el problema a otros barrios de Canarias o del resto de España».

En un comunicado, el partido ha justificado su abstención en que «el PP rechazó nuestra enmienda, que incluía la repatriación de los inmigrantes ilegales, el cumplimiento estricto de la Ley de Extranjería, la deportación de delincuentes extranjeros y la paralización de cualquier medida de efecto llamada» y que no iba a respaldar un texto «sin esas garantías».

«La única solución es repatriar, no trasladar», ha aseverado.

Vox ha manifestado que «lo que se votó en la Comisión Mixta sobre Insularidad no era el cierre del Canarias 50, sino una Proposición No de Ley no vinculante, presentada por el propio Partido Popular, que únicamente solicitaba iniciar un proceso administrativo para una posible mutación demanial futura del inmueble», que permita que estas instalaciones, actualmente utilizadas como centro transitorio para personas migrantes, se transformen en un espacio de uso público para los vecinos del barrio de La Isleta.

A juicio de Vox, esta proposición «ni cierra el centro, ni garantiza nada».

La formación ha denunciado una «deriva oportunista y contradictoria del PP en materia migratoria» al señalar que «en Canarias negocia traslados a la Península, en Murcia y Valencia rechaza recibir inmigrantes ilegales, en Andalucía habla de ‘solidaridad’ y en Madrid afirma que ‘todos son españoles’».

En ese sentido, ha asegurado que Vox cuenta con una «única postura clara y coherente» basada en la repatriación inmediata, el cierre de todos los centros ilegales, el fin del efecto llamada, el cumplimiento real de la Ley de Extranjería y la defensa de los barrios sin cargar el problema sobre otros vecinos.

EFEmrgz/cda

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 25 nov (EFE).

– La Asociación Empresarios Puerto del Rosario y la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) han firmado hoy un convenio de colaboración destinado a reforzar el tejido empresarial y comercial del municipio, impulsando nuevas líneas de apoyo y formación para autónomos y pequeñas empresas.

El encuentro ha contado con la presencia del presidente de la Federación Nacional de ATA, Lorenzo Amor, el presidente de ATA Canarias, Pedro Ardueza, la directora general de Autónomos del Gobierno de Canarias, Mónica Nuez entre otras autoridades locales,La presidenta de la Asociación Empresarios Puerto del Rosario, Daniela Plotegher, ha destacado, en un comunicado, que “este convenio supone un impulso decisivo para el comercio local, porque nos permitirá ofrecer más recursos, más formación y más acompañamiento a los autónomos y empresarios que sostienen la actividad económica”.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de ATA, Lorenzo Amor, ha hecho énfasis en que «los autónomos necesitan apoyo, no sólo los que empiezan sino también los que ya llevan un tiempo”.

Además, ha apuntado que “hemos trabajado en conjunto con el Gobierno de Canarias y han presentado un Plan Estratégico que incluye muchas de nuestras reivindicaciones y ponen el foco en el mantenimiento, formación y consolidación de los autónomos en Canarias”.

Por su parte, la vicepresidenta de ATA Canarias, Montserrat Hernández, ha señalado que “fortalecer la colaboración entre entidades empresariales y asociaciones de autónomos es fundamental para construir un entorno más sólido y competitivo” y ha agregado que “este acuerdo nos permitirá llegar a más profesionales y ofrecerles herramientas reales para crecer y consolidarse”.

La firma del convenio marca un nuevo paso en la cooperación institucional y pretende convertirse en un motor para la mejora competitiva del comercio local y la dinamización económica.

EFE1011279evs/as

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 25 nov (EFE).

– Alrededor de dos centenares de profesionales han participado en las siete jornadas celebradas durante el último mes por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias sobre la futura Ley del Sistema Canario de Protección Civil que se han desarrollado en todas las islas.

La última de ellas ha culminado este miércoles en Fuerteventura, ha informado el Gobierno canario en un comunicado.

Estas jornadas, impulsadas desde la Dirección General de Emergencias, han pretendido recoger las opiniones y sugerencias de quienes forman parte en la actualidad de dicho sistema en cada una de las islas del archipiélago.

Durante el mes de diciembre habrá otro encuentro de análisis con profesionales del ámbito de las emergencias.

Han participado alrededor de 200 profesionales de las administraciones públicas, policías locales, servicios de protección civil insulares y municipales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y personal del Gobierno de Canarias, entre otros.

La jornada en Fuerteventura se ha desarrollado en el Parque Tecnológico de Fuerteventura y ha asistido el subdirector general de Emergencias del Gobierno de Canarias, Carlos Martín Esquivel.

El debate, diseñado y coordinado por la empresa pública Gesplan, ha girado en torno a cinco bloques temáticos.

El primero de los bloques se ha centrado en el análisis del marco normativo y competencial actual, que servirá de base a la futura Ley.

Entre otros, se han recogido sugerencias y opiniones respecto al modelo en otras comunidades autónomas, el posible régimen sancionador, el papel de la ciudadanía en el sistema y la coordinación entre diferentes administraciones.

El segundo bloque ha analizado la actual estructura organizativa y de planificación del sistema de protección civil en Canarias.

La cultura de la autoprotección y la prevención, así como el papel de la ciudadanía y la comunicación, han sido los objetos de debate en el cuatro bloque temático, mientras que la quinta materia ha girado en torno a los criterios y herramientas para la recuperación social y económica tras una emergencia.

Este proceso participativo tiene como objetivo que el documento que se eleve a debate político en su última fase refleje todas las opiniones y sensibilidades de quienes operan día a día en el sistema de emergencias de Canarias.

El objetivo de la nueva Ley es reforzar el sistema autonómico de emergencias y adaptarlo tanto a las normativas estatal y europea, como a los nuevos riesgos asociados al cambio climático, han explicado desde el Gobierno canario.

Esta normativa tiene que reflejar un sistema único y coordinado, que incluya a todas las administraciones, entidades privadas y a la ciudadanía, y que esté adaptada, además, a las singularidades del territorio insular.

El Gobierno de Canarias, de forma paralela, trabaja ya en la creación de la futura Agencia Canaria de Emergencias, que cuenta con el aval del Parlamento regional, y que en los presupuestos autonómicos de 2026 cuenta con una primera partida de 500.

000 euros para dar sus primeros pasos.

EFE1011279evs/as

Santa Cruz de Tenerife, 26 nov (EFE).

– El Gobierno de Canarias ha colocado la totalidad de la deuda pública autonómica de 100 millones de euros que había reservado para ser suscrita con fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

Se trata de bonos a cinco años con un tipo de interés nominal fijo anual del 0,2 por ciento.

La fecha de la emisión y desembolso de los valores será el 4 de diciembre de 2025, por lo que el vencimiento será el 4 de diciembre de 2030.

La Dirección General de Tesoro y Política Financiera recibió 1.

655 peticiones por un total de 557,7 millones de euros, 5,5 veces superior a la oferta.

«Se ha adjudicado el 100% de todas las peticiones que solicitaron la adjudicación mínima de 80.

000 euros o inferiores», ha explicado la Consejería de Hacienda.

El importe adjudicado en este tramo ha sido de 33,8 millones de euros, es decir, un 34% del volumen total de la emisión, lo que favorece una amplia distribución de los suscriptores, especialmente entre profesionales liberales y pequeñas y medianas empresas, según Hacienda.

El porcentaje de prorrateo tras el reparto de la adjudicación mínima ha sido del 1,993% lo que ha resultado en un importe máximo adjudicado de 198.

000 euros.

Canarias es la comunidad autónoma con menor ratio de deuda pública por habitante al cierre del ejercicio 2024, con 2.

923,9 euros frente a los 6.

907,1 euros de media, y la agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) sitúa la calificación de su deuda en A+ con perspectiva estable, la misma que la deuda del Estado.

EFEacp

Santa Cruz de Tenerife, 26 nov (EFE).

– Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y Mixto) han presentado conjuntamente 215 enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2026 que suponen cambiar el destino de 95,5 millones de euros.

El presupuesto, con un gasto no financiero de 12.

491,4 millones, será aprobado de forma definitiva el 16 de diciembre, tras el debate de las enmiendas parciales, una vez que el pleno del Parlamento ha rechazado las tres enmiendas a la totalidad, presentadas por PSOE, NC y Vox.

De las enmiendas presentadas por los grupos del Gobierno de Canarias, 181 corresponden a las partidas económicas y 34 al articulado, según han detallado en un comunicado.

Entre las enmiendas al articulado, anuncian un aumento de financiación a las universidades públicas para incrementen las retribuciones para el personal.

Plantean además «agilizar la contratación de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), de forma que se pueda actuar con mayor eficacia en la cobertura de las plazas necesarias».

Otras propuestas incluyen «garantizar la correcta gestión y el establecimiento de medidas que permitan agilidad para la concesión del las prestaciones» en cuanto a la Renta Canaria de Ciudadanía y la dependencia.

«Autorizar las rentas al sector platanero afectado por la erupción volcánica, de forma que se puedan destinar ayudas para compensar lo perdido» es otra de las enmiendas, según señala el comunicado.

Para el Servicio Canario de Salud hay tres enmiendas «para la mejora de lo gestión de los proyectos y el Plan de Salud» y en el caso de la Policía Canaria hay enmiendas que «tienen que ver» con «la mejora del sistema de nombramiento de las brigadas móviles del Cuerpo General de la Policía Canaria, así como de los agentes en prácticas».

Explican los grupos del Gobierno que en el área de personal hay enmiendas para «el reconocimiento de los servicios previos al personal laboral de la Administración Pública» y hay otra enmienda «relacionada con el gravamen de las bebidas refrescantes con azúcares añadidos».

En cuanto a las enmiendas con contenido económico, los cuatro grupos afirman que buscan reforzar las políticas sociales, la generación de empleo, el fomento de la productividad y el apoyo a la diversificación económica.

Mencionan enmiendas para becas complementarias NEAE, la estrategia para hacer frente a enfermedades raras de Canarias y la inversión en salud mental.

También hay enmiendas en infraestructuras y cohesión territorial, como la proyección de carreteras como la de El Hervidero en Lanzarote.

Las enmiendas incluyen políticas fiscales para adquisición de vivienda, e inversiones en agua, energía, sostenibilidad, reto demográfico o la gestión de emergencias.

EFEacp

Las Palmas de Gran Canaria, 26 nov (EFE).

– La Fiscalía pide que la Audiencia de las Palmas condene a las tres mujeres y dos hombres acusados de pertenecer a una red que traía nigerianas a España para explotarlas sexualmente, porque no se cree la versión de los procesados y considera que existe prueba suficiente contra ellos.

Este miércoles, en la segunda y última sesión del juicio contra los siete supuestos miembros de la red, ya que dos están en situación de rebeldía, los abogados de la defensa, sin embargo, han pedido una sentencia absolutoria para todos ellos.

El letrado de la que la acusada S.

O.

, a la que se sitúa como la principal cabecilla de la red y se expone a la mayor condena, 11 años y 6 meses de cárcel (para el resto de acusado se piden 8 años), ha alegado que la Fiscalía en este caso ha confundido «marginalidad con criminalidad», dada la situación de vulnerabilidad de todos ellos.

Además, este letrado ha señalado que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los acusados y ha rechazado como prueba la traducción de las escuchas telefónicas de los procesados por realizarse de forma indebida.

La principal acusada ha negado al tribunal haber hecho vudú a la testigo protegida número 2, quien en la primera sesión dijo que se tuvo que comer el corazón crudo de una gallina y que fue sometida a juramento tres veces para comprometerse a pagar los 55.

000 euros que le exigió S.

O.

por su viaje a España, extremo que también ha rechazado.

«No me he lucrado ni he traído a nadie», ha recalcado la procesada, que tampoco admite que llevara a la testigo protegido número 2 y a otra chica, a las que alojaba en su casa de Arrecife (Lanzarote), y obligara a prostituirse, primero en la citada isla, y después en Madrid y Vitoria, además de darles palizas, según el Ministerio Fiscal.

La acusada ha explicado que es camarera de piso y que cuando llegó a España, en 2007, tuvo otros trabajos y ejerció la prostitución para poder mantener a sus hijos y al resto de su familia que estaban en Nigeria.

«Cobro 1.

200 euros al mes» y si fuera cierto lo que señala la fiscal habría ganado medio millón de euros al año, ha recalcado, una cuestión en la que ha abundado su abogado.

A la testigo protegido número 2 la conoció en su país y, en 2015, cuando residía en Lanzarote, sus padres y su tía la llamaron para que ayudara a su hija porque iba a ir a España y no tenía sitio donde alojarse, ha dicho.

La acusada S.

V.

ha admitido conocer a S.

O.

, pero ha negado haber controlado a la testigo protegida número 2 y a la otra chica que la Fiscalía sostiene que eran explotadas sexualmente, si bien ha admitido que sabía que ejercían la prostitución y que las había visto en la casa de la primera, en Arrecife, donde ella también reside.

Pero ha asegurado que desconoce si tenían alguna deuda con la principal procesada, de quien no recibió órdenes.

La tercera procesada, S.

I.

, también ha negado los hechos solo ha contestado a las preguntas de su abogado.

En su declaración, ha indicado que conocía a las otras dos acusadas, y a la considerada como jefa de la red desde 2015 como «paisana», pero ha subrayado que no tenía una amistad con ella como para saber si traía personas de Nigeria.

El acusado G.

O.

ha explicado al tribunal que residía en Madrid, que conoció a S.

O.

en un vuelo a Nigeria en el que coincidieron, y que en una ocasión le alquiló una habitación de su casa, a la que fue con su pareja, si bien ha negado que en ella se practicara la prostitución y se alojaran ni la testigo protegida número 2 ni la otra chica, a las que explotaba la organización, según el Ministerio Fiscal.

El quinto acusado, que reside en Madrid y a quien la fiscal sitúa como ‘mula’ dentro de la organización, ha asegurado que no conoce a S.

O.

«de nada» y ha admitido que su cuenta corriente la tiene en el banco Sabadell y se la facilitó a un amigo – uno de los acusados declarado en rebeldía (S.

N.

)- para que le ingresaran un dinero que le debían.

Eso ocurrió el 26 de mayo de 2016, cuando recibió un ingreso de 400 euros y los retiró el mismo día y se los dio a S.

N.

, con quien no tenía amigos en común.

Según declaró la testigo protegido número 2, ese dinero fue el último pago que efectuó a la organización desde Barcelona, tras lograr huir y denunciar los hechos, primero a una agente de paisano de los Mossos de Esquadra que actuaba en la zona de Las Ramblas y que se ganó su confianza, y después a la Policía Nacional.

EFEcda/pcr

Madrid, 26 nov (EFE).

– El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, es el regidor de los 88 de Canarias con el sueldo más alto: 91.

172,48 euros anuales, según los listados publicados por el Ministerio de la Función Pública con datos correspondientes a 2024.

Es el duodécimo sueldo anual más alto de toda España, tras los alcaldes de Madrid (110.

688,12 euros), Bilbao (105.

557,28), Barcelona (104.

000), Donostia/San Sebastián (96.

965,68), Vitoria-Gasteiz (96.

016,48), Sevilla (96.

016,48), Málaga (95.

500,63), Marbella (95.

464,60), Burgos (94.

555,36), Valencia (94.

291,12) y Getxo (Bizkaia) (92.

201,04).

En lo que a Canarias se refiere, y tras Luis Yeray Gutiérrez, figuran los alcaldes de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez (75.

564,66 euros); Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias (72.

828); Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (71.

201,07); Arona, Fátima Lemes, (70.

000); y Tías, José Juan Cruz (66.

081,36).

También superan el umbral de los 60.

000 euros anuales los regidores de Teguise, Olivia Duque, (65.

810,02 euros); Mogán, Onalia Bueno (63.

888,61); Candelaria, Mari Brito (63.

000); y Guía de Isora, Ana Dorta (61.

933,66).

En cambio, los alcaldes de Alajeró, Manuel Plasencia; Arafo, Juan Ramón Martín; Barlovento, Jacob Qadri; Fuencaliente, Gregorio Alonso; Los Llanos, Javier Llamas; Santiago del Teide, Emilio Navarro; y Mazo, Idafe Hernández, no cobraron en 2024 por ostentar dicho cargo.

Hay otros regidores en Canarias que apenas cobraron 762 euros anuales como el de El Pinar de El Hierro, Juan Miguel Padrón, o que no llegaron a los 5.

000 euros al año, como la de Hermigua, Solveida Clemente, y Breña Baja, Borja Pérez Sicilia.

El alcalde con dedicación exclusiva que menos cobra es el de La Guancha, Alejandro Herrera: 13.

050 euros al año.

Datos nacionalesEl sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) aporta datos de 6.

858 de las 8.

131 alcaldías de España, ya que el resto no los ha facilitado.

En total, son 1.

270 los ayuntamientos que no han remitido esta información, y no solo de pequeñas localidades sino también algunos de grandes ciudades como Parla (Madrid), Ourense y Telde (Las Palmas), con más de 100.

000 habitantes.

En el sistema figura que 2.

265 alcaldes y alcaldesas no tienen asignada ninguna retribución, mientras 1.

513 cobran más que el salario medio anual de los españoles, que se situó en 33.

700 eros según los datos recién publicados por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Son tres los alcaldes que cobran más de 100.

000 euros al año y otros diez perciben más de 90.

000; en otros 22 municipios el regidor recibe más de 80.

000 euros; en 58, entre 70.

000 y 80.

000 euros; en 104, entre 60.

000 y 70.

000; en 239, entre 50.

000 y 60.

000; y en 600, entre 40.

000 y 50.

000.

Hay otros 477 ayuntamientos en los que el alcalde o la alcaldesa cobran entre esa media salarial en España de 33.

700 y 40.

000 euros.

En el otro lado, además de los 2.

265 sin retribución, 25 perciben 100 euros o menos -el de La Pola de Gordón (León) ingresó el pasado año 2,68 euros y el de Navas del Rey (Madrid) solo 1 euro a pesar de que en su caso tiene dedicación exclusiva- y en total los mileuristas son 562.

De los 6.

858 ayuntamientos de los que hay datos de 2024, más de la mitad, en concreto 3.

587, no tienen dedicación exclusiva, aunque 1.

322 sí tienen retribución, entre los 2,68 euros del de Navas del Rey (Madrid) y los 64.

800,00 del de La Nucia (Alacant/Alicante) o los más de 50.

000 también de los de Navalcarnero (Madrid) y Santa Margalida (Baleares).

Entre estos, solo 18 (el 0,5 %) tienen un sueldo superior a la media de los españoles.

En otros 1.

656 municipios el regidor tiene dedicación parcial y todos ellos aparecen en el listado de Función Pública con retribución en 2024, las más altas las de los alcaldes de Reus (Tarragona), que fueron 73.

219,34 euros, y Gijón (Asturias), que alcanzó los 68.

916,07 euros.

En este grupo, 218 alcaldes (el 13,1 %) ganaron más que la media nacional.

Dedicación exclusiva tienen 1.

615 regidores, entre los que 1.

277 (el 79 %) ganan más que esos 33.

700 euros de media, los que más los mencionados de Madrid, Bilbao y Barcelona y el que menos el de Navas del Rey (Madrid), con solo 1 euro.

EFEesv/bal/jmor

Santa Cruz De Tenerife, 26 nov (EFE).

– Los grupos que apoyan al Gobierno regional han rechazado este miércoles una iniciativa del PSOE para suspender de forma inmediata las sanciones impuestas a las personas que residen en zonas turísticas, y en cuya defensa el diputado Gustavo Santana pidió el cese de la consejera de Turismo, Jéssica de León.

La proposición no de ley contó con el apoyo de Vox y de NC-BC y Gustavo Santana rechazó las enmiendas que había formulado el grupo Nacionalista, que calificó de «patada hacia adelante» al remitir la solución a este problema a una modificación de la ley turística de 1995.

Para el parlamentario socialista, la consejera de Turismo «ha provocado este caos» y es el obstáculo del Gobierno para solucionar las sanciones de forma inmediata, por lo que pidió que «si la consejera no quiere resolver este problema, habrá que quitarla».

«¿No les pesa este asunto en la conciencia?», ha preguntado Santana al resto de parlamentarios autonómicos, para indicar que cuando el Gobierno afirmaba que este asunto se resolvería con la ley del alquiler vacacional «los expedientes jurídicos seguían caminando generando una injusticia de enorme calibre».

Por Vox Paula Jover respaldó la iniciativa por defender el derecho a la propiedad «vilipendiado» por el bipartidismo y dar la espalda a los pequeños propietarios de clase media, al tiempo que criticó al Gobierno canario por su «decretazo y desprecio institucional inaudito» a la participación ciudadana, y generar «conflictos, inseguridad jurídica y sanciones injustas».

Esther González, de NC-BC, explicó su enmienda a la proposición no de ley para «obligar al Gobierno a legislar con rigor» y evitar nuevos procedimientos sancionadores en los que se trate a los propietarios «como delincuentes».

En su enmienda se pedía garantizar la seguridad jurídica de quienes usan apartamentos en zonas turísticos como vivienda habitual, derogar el decreto ley «que agravó el problema», eliminar la disposición transitoria sexta de la ley de alquiler vacaciones y modificar el artículo 2 de la misma norma para definir con claridad el establecimiento turístico y la unidad alojativa.

La nacionalista Socorro Beato ha considerado las sanciones «injustas» y ha comprendido la preocupación «legítima» de los afectados, pero también acusó a Santana de buscar «su minuto de gloria» porque, dijo, durante la tramitación de la ley del alquiler vacacional le ofreció dos enmiendas sobre este asunto y se negó a admitirlas.

Beato ha defendido una modificación del principio de unidad de explotación definido en la ley turística de 1995 para abordar el problema en su integridad.

«Yo no hablo alto y a veces ni siquiera se me ve, pero estoy trabajando en un compromiso claro para una respuesta justa y viable no dejar solos a los propietarios, pero tampoco engañarlos con una respuesta que no soporta el mínimo análisis», afirmó.

Por el grupo Popular David Morales señaló que el PSOE «prendió la mecha» en este ámbito la pasada legislatura «y ahora se presentan como bomberos», para indicar que el actual Gobierno «ni acaba con las viviendas vacacionales ni expulsa a los residentes» y afirmar que la consejera ha logrado «el aplauso social por su valentía» a la hora de regular el alquiler vacacional.

Raúl Acosta, del grupo Mixto por AHI, ha señalado que este es un problema «heredado por desmanes en el planeamiento y falta de actuación de entes locales», pero la solución no debe ser improvisada, y el camino de la proposición socialista «no es el adecuado», sino una reforma legislativa integral sobre la unidad de explotación.

Para Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera, el enfrentamiento y la confrontación no es la forma de buscar una solución a los afectados y pidió «trabajar juntos para una reforma legislativa» que aborde el problema, por lo que aunque rechazó la proposición le tendió la mano al PSOE para buscar la mejor solución posible a través de una modificación legal.

EFEasd/cmg