eSanta Cruz de Tenerife, 12 dic (EFE).
– La directora gerente de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, que gestiona los dos centros de internamiento de menores en las islas, el de Valle Tabares, en Tenerife, y La Montañeta, en Gran Canaria, ha negado que estén «abandonados a su suerte» ni «fuera de control».
Candelaria Márquez ha comparecido este viernes en comisión parlamentaria para informar de la situación de ambos centros y rebatir «la imagen» que a veces se proyecta de los mismos, pues por ejemplo no existe «una situación descontrolada» respecto a las agresiones sufridas por los trabajadores, que han ido disminuyendo.
Ha detallado que en 2024 se produjeron 147 accidentes laborales, de los cuales 66 fueron agresiones, y que en lo que va de año se han contabilizado en ambos centros casi la mitad de accidentes y un 31% menos de agresiones, y las que han tenido como resultado una baja laboral han pasado de 17 a 7.
También ha subrayado que no hay hacinamiento, pues Valle Tabares alberga en estos momentos a 89 menores y tiene 100 plazas, mientras que en La Montañeta hay 69 para 85 plazas.
Asimismo, ha recalcado que ambos centros cuentan con plantillas «amplias y multidisciplinares» que incluyen equipos directivos, juristas, psicólogos, trabajadores sociales, tutores, monitores, maestros de taller, y personal sanitario y de administración.
Adicionalmente, está previsto que el próximo año se incorporen dos nuevas figuras, las de monitores auxiliares y mediadores interculturales.
Sobre la petición de los sindicatos de que se reconozca al personal de los centros de internamiento como figura de autoridad, ha indicado que tanto profesionales de la Justicia como de la Dirección General de Infancia y Familia coinciden en que requiere de una reforma del Código Penal y eso excede de las competencias del Parlamento de Canarias.
Jana González (CC) se ha comprometido a trasladar esta cuestión al Congreso a través de la diputada nacionalista Cristina Valido, y Raúl Acosta (AHI) ha deslizado que se podría hacer lo mismo que se pretende hacer en la Cámara regional con el profesorado.
La directora gerente de la Fundación IDEO ha hecho hincapié en que los centros de internamiento «no son cárceles encubiertas ni centros blandos de ocio», sino recursos de cumplimiento de medidas judiciales donde «la vida diaria esta muy reglada: hay horarios, normas, sanciones y un seguimiento exhaustivo de cada medida».
Pero aparte de las medidas punitivas, tienen una labor educativa y terapéutica, con programas y unidades específicas para el abordaje por especialistas de problemas de salud mental o de adicciones, de violencia aprendida en el entorno familiar, o de conductas sexuales.
Ha admitido que los dos centros de internamiento para menores en Canarias «no son espacios perfectos ni libres de conflicto, sería ingenuo decirlo», pues alberga a «jóvenes que arrastran historias de violencia, de abandono, de adicciones.
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pero no están abandonados a su suerte ni fuera de control».
En cuanto a las agresiones, ha indicado en que «nadie que trabaje en justicia juvenil puede decir que su trabajo es fácil o inocuo, es un ámbito de riesgo», pero ha discrepado de la idea de que «el personal está desprotegido».
«Los datos demuestran que las agresiones existen y nos duele que se agreda al personal, pero no estamos en una espiral incontrolada, sino en un escenario donde los protocolos funcionan mejor y los incidentes graves bajan», ha dicho.
Lo cual «no sucede por arte de magia» sino gracias a la formación específica del personal, a un «uso más ajustado» de los recursos de seguridad, a la mejora y actualización de los planes de autoprotección, y a una mayor coordinación entre equipos directivos, técnicos y vigilantes.
«¿Es suficiente? No, pero las medidas implementadas van en la dirección correcta y hay que seguir avanzando» en la misma línea, ha cerrado.
Por último, ha pedido «rigor» a los diputados y que distingan «situaciones puntuales de problemas estructurales» y se alejen de «discursos muy cargados en sus titulares y poco sustentados en datos reales».
Todo ello después de que la diputada socialista Alicia Pérez haya denunciado que los centros de internamiento de menores se han convertido en «lugares donde se normaliza el caos» y también «las actitudes autolíticas y las tentativas de suicidio».
Se ha remitido a «titulares preocupantes» publicados en prensa que hablan de «pérdida de control operativo, de vigilantes obligados a asumir funciones educativas, de actividades educativas suspendidas, salidas canceladas y rutinas inexistentes».
Y también a una visita que realizaron varios compañeros de su partido al centro de Valle Tabares el pasado junio en la que constataron «falta de organización, de personal, de pautas y de decisiones», y ha dicho que «lo que sobra es la improvisación».
Pérez ha asegurado que en los centros de internamiento «se incumplen ratios, faltan juristas, psicólogos, tutores, el personal está desbordado y los menores, desatendidos», y ha añadido que la gestión, «lejos de reconducir la situación, parece que va a remolque de las crisis».
En cuanto a los trabajadores, ha proclamado que «se merecen seguridad, respeto y apoyo institucional», y que lo que sucede «no es un problema puntual ni una mala racha, sino un síntoma de que es estructural».
Raúl Acosta (AHI) ha dicho sentirse «sorprendido» por algunas afirmaciones de la directora gerente de IDEO, pues distan de lo que le trasladan los representantes de los trabajadores.
Melodie Mendoza (ASG) ha indicado que aunque bajan las cifras de agresiones al personal de los centros «no hay que minimizar» este problema, ha respaldado el reconocimiento profesional de los mismos y unas «ratios adecuadas», y ha reclamado un plan plurianial para actualizar las instalaciones, que presentan «limitaciones estructurales».
Paula Jover (Vox) ha expresado su inquietud por las medidas terapéuticas y porque se mezclen internos con delitos graves o con problemas de salud mental con el resto.
Carmen Hernández (NC) ha recalcado que los centros de internamiento han de entenderse no solo como «dispositivos de control, de apartar de la sociedad» a estos chicos, «como fórmulas de castigo», sino también como «espacios para la reeducación», para darles a los chicos «una segunda oportunidad» en sus vidas.
Isabel Saavedra (PP) ha reconocido el trabajo del personal de los centros, que sostiene «un sistema complejo, nunca perfecto, pero que dista mucho de la imagen de descontrol que algunos quieren proyectar».
EFEjmor/cmg
