Las Palmas de Gran Canaria, 8 ene (EFE).
– La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra la concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria de 2019 a 2023, Encarnación Galván (PSOE), por los contratos que la Sociedad de Promoción concedió a la empresa de la coreógrafa Natalia Medina siendo esta consejera de la entidad municipal, sin que la beneficiada se abstuviera en su aprobación.
En un escrito al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía detalla que la compañía Qué Tal Estás SL facturó 2,25 millones de euros con la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria mientras su propietaria y administradora única, Natalia Medina, fue miembro del consejo de la entidad municipal (2016-2025), sobre todo para la organización de los festivales Masdanza y Across Hip-Hop.
La acusación pública subraya que Natalia Medina no solo no se abstuvo de participar en la concesión de esos contratos, como le exigía la ley por su «evidente conflicto de intereses, continuado y activo», sino que además participó en el diseño de programaciones culturales que acabaron favoreciendo a su empresa y mintió en las auditorías al validar las adjudicaciones a su empresa Qué Tal Estás.
En esta investigación, que se puso en marcha por una denuncia del Partido Popular, la Fiscalía Anticorrupción observa indicios de dos delitos, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios, de los que hace responsables a la concejal Galván como presidenta de la Sociedad de Promoción en los años a los que se remontan los hechos; a sus dos gerentes, Agustín Díaz y María Elena Rodríguez, y a la empresaria y coreógrafa Natalia Medina.
La denuncia que el PP elevó en su momento a la Fiscalía y que ha puesto en marcha este caso señalaba a otras cinco empresas presuntamente beneficiadas por «el favoritismo» del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en las contrataciones de su Sociedad de Promoción y de uno de sus principales eventos, el carnaval.
Sin embargo, en esos cinco casos, el Ministerio Público no aprecia que «la conducta del órgano de contratación» fuera «patente, grosera ni palmaria», lo que las deja al margen de un posible reproche penal.
Sí admite que puede haber «dudas» respecto a esos expedientes y discrepancias sobre si ciertas contrataciones fueron o no urgentes, pero recalca que todo ello debería dilucidarlo un tribunal de lo Contencioso Administrativo, no la jurisdicción penal.
En el decreto previo a la querella, donde explica las razones de su decisión, la Fiscalía se detiene sobre todo en la actuación de la coreógrafa Natalia Medina, porque considera que su empresa Qué Tal Estás «estaba legalmente impedida de celebrar ningún contrato con la Sociedad de Promoción» desde que ella fue nombrada consejera.
Sin embargo, advierte, participó en adjudicaciones por más de dos millones de euros sin abstenerse, a pesar de que su «interés privado comprometía su imparcialidad e independencia en el desempeño del cargo de consejera de la Sociedad de Promoción».
El fiscal precisa que no cuestiona la calidad de los festivales Masdanza y Across Hip Hop, pero recuerda que las incompatibilidades y prohibiciones de contratar que estipula la Ley de Contratos del Sector Público «son normas de orden público y de carácter imperativo».
«No dependen de la voluntad o de la buena fe del consejero o del órgano de contratación», subraya.
En cuanto al beneficio que obtuvo de su conducta, Anticorrupción señala que la facturación de Qué Tal Estás da un «salto cuantitativo y cualitativo» desde que su propietaria entra en el consejo de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria y que sus ingresos más importantes se producen a través del Festival Masdanza.
A la entonces concejal de Cultura, Encarnación Galván, y a los dos gerentes de la Sociedad de Promoción en esos años, Agustín Díaz y Elena Rodríguez, la Fiscalía les reprocha que no tomaran «ninguna medida para evitar el favoritismo» con la empresa de Natalia Medina «ni acción alguna para evitar el conflicto de intereses que supone contratar con una compañera del consejo de administración».
«Antes al contrario», remacha, «se le adjudican directamente desde 2019 a 2025 contratos por importe de más de dos millones de euros».
Preguntada sobre esta querella durante la presentación de la temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria, la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias (PSOE), ha declinado hacer comentario alguno hasta conocer en detalle el escrito de la Fiscalía.
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