Etiqueta: Breve

Madrid, 3 feb (EFE).

– Casi 1.

000 menores migrantes no acompañados han sido reubicados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas con menor presión migratoria en apenas cinco meses, un proceso que ha culminado sin que se haya producido ningún problema de convivencia.

Así lo ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha hecho balance de estos traslados como resultado de la reforma de la ley de extranjería llevada a cabo el año pasado y la orden del Supremo sobre los menores solicitantes de asilo en Canarias.

Sobre estos últimos, Torres ha precisado que, del listado inicial con 1.

000 jóvenes, finalmente fueron 693 los susceptibles de ser traslados, los cuales ya están todos en el sistema de protección internacional gestionado por el Gobierno central: 440 de ellos están ya en la península, 127 permanecen en Canarias y 126 han cumplido la mayoría de edad e igualmente han pasado al sistema de asilo.

De esos 127, casi 100 han pedido quedarse en el archipiélago por tener arraigo en las islas y 29 podrán ser reubicados: «Indudablemente, se ha acabado el hacinamiento», ha valorado el ministro, que preside la Comisión Interministerial de Inmigración.

En cuanto a la reforma de la ley de extranjería, que creó un mecanismo para, por primera vez, acoger a estos jóvenes que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla entre otras las comunidades para que no se hicieran cargo de ellos solo las de llegada, Torres ha recordado que existen dos procedimientos.

Uno de ellos es el que establece que, en un plazo de 15 días, tienen que ser trasladados a otras comunidades todos los jóvenes que lleguen a una autonomía ya declarada en contingencia migratoria: actualmente, Canarias, Ceuta y Melilla.

En cuanto a este procedimiento, el ministro ha celebrado que hoy se está tardando entre 20 y 25 días en completar un proceso en el que participa la Fiscalía, el propio menor, la comunidad de entrada y la de salida, que puede -y de hecho, algunas lo están haciendo- recurrir el expediente de traslado.

Comunidades a distintas velocidadesEn el caso de Canarias, Torres ha detallado que el Gobierno central ha culminado en total 523 expedientes positivos pero solo se han trasladado 174, un 33,26 %, mientras que la situación en Ceuta y Melilla es algo diferente: en la primera ciudad autónoma se ha trasladado 260, el 77,38 % de los expedientes resueltos, y en la segunda 52, lo que supone el 82,53 %.

«Las velocidades no son las mismas», ha valorado el ministro, antes de «tender la mano» a los gobiernos autónomicos para «caminar» ya que, según los plazos del real decreto que reformó la ley de extranjería, el próximo mes de marzo tendrían que estar reubicados todos estos menores.

Torres ha explicado que el real decreto ley establecía que el Gobierno debía tener todos los expedientes de los jóvenes que estaban en comunidades en contingencia migratoria en el mes de noviembre y no ha sido así: En ese plazo solo recibieron 432 de unos 2.

000 en el caso de Canarias; 108 de 495 de Ceuta y 30 de 76 de Melilla.

Por su parte, el ministro ha garantizado que el Gobierno seguirá trabajando con esfuerzo y «recursos de toda índole» para dar «la mayor y mejor respuesta» a un mecanismo que «defiende los derechos humanos», es «histórica», «justa», «solidaria» y fruto de un «concepto de Estado».

Torres pide una reflexión al PP y VoxEl ministro ha recalcado que todos estos traslados se han completado «sin ningún problema de convivencia y sin alterar el normal desenvolvimiento» de las familias, las personas, y los propios chicos, que «dejan de estar hacinados, están escolarizados y haciendo vida normal».

Para Torres, el hecho de que la convivencia se mantenga «de manera totalmente normalizada» debería hacer reflexionar al PP y Vox, partidos que votaron en contra del real decreto ley para crear este modelo de reubicación.

A este se oponen la gran mayoría de comunidades gobernadas por el PP: once autonomías han recurrido la norma al Tribunal Constitucional -todas del PP menos Castilla-La Mancha- y algunas, como Madrid, también han recurrido ante el Supremo algunas de las decisiones del Ejecutivo al respecto y las propuestas de traslado que les afectan.

«Lo que estamos haciendo es defender los derechos humanos de personas que son vulnerables porque son menores de edad y cuyo único fin es tener la mejor de las respuestas por parte de los organismos públicos», ha aclarado Torres.

EFElll/mcm(Foto) (Vídeo)

Madrid, 3 feb (EFE).

– El Tribunal Supremo juzgará el próximo 12 de marzo al senador y expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (Coalición Canaria), a quien la Fiscalía pide un año y medio de prisión por presuntos delitos de falso testimonio y/o acusación y denuncia falsa.

El procedimiento se inició por la denuncia de la familia del empresario Antonio González, ya fallecido, de la empresa Climafrical, que estuvo investigado por presuntas irregularidades en la contratación del Ente Público de Empresa Local (Centro de Artes, Cultura y Turismo), en un caso que luego terminó archivado.

San Ginés compareció en 2009 ante la Guardia Civil, pocas semanas después de acceder a la presidencia del Cabildo de Lanzarote, para denunciar esas presuntas irregularidades que afectaban al entonces consejero del PSOE, Carlos Espino, el denunciante del ‘caso Unión’, la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en Lanzarote.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife decretó en septiembre de 2022 la apertura de juicio oral y la Fiscalía llegó a pedir una condena de año y medio de prisión para San Ginés por considerar que faltó a la verdad en una causa criminal.

Cuando el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife iba a celebrar el juicio, tuvo que elevarlo al Supremo por la condición de aforado del senador, que adquirió en julio de 2023, al nombrado para tal responsabilidad por el Parlamento de Canarias (senador autonómico).

Una vez en el Supremo, en abril de 2024, el instructor Vicente Magro decidió archivarlo, pero un año después la Sala de lo Penal anuló esta decisión al estimar los recursos de la Fiscalía y la acusación; y un mes después el magistrado ordenó su procesamiento.

La Fiscalía pide un año y seis meses de prisión además de multa de 4.

050 euros, mientras que la acusación particular lo eleva a tres a tres años de cárcel y 5.

400 euros de multa.

El pasado septiembre, San Ginés dijo que encarará el juicio con «total tranquilidad» porque cree que quedará de manifiesto que el origen es un «error» de la fiscalía.

EFErma/aam

Las Palmas de Gran Canaria, 3 feb (EFE).

– El PP ha exigido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que acuda a los edificios del barrio de La Paterna afectados por graves filtraciones, que han generado daños en las viviendas, tras la retirada de las cubiertas en pleno invierno en el marco de unos trabajos de rehabilitación de titularidad municipal.

La portavoz del PP en la corporación local, Jimena Delgado, ha señalado en un comunicado que numerosos vecinos están sufriendo “una situación insostenible”, con entrada de agua, deterioro acelerado de techos y paredes, enseres dañados, mientras que las familias están viviendo “con miedo y ansiedad” ante la falta de una respuesta eficaz.

“Una obra concebida para mejorar la calidad de vida no puede convertirse en una pesadilla.

No es aceptable que, por una mala planificación o una ejecución deficiente, se deje a personas mayores y familias enteras expuestas a humedades, filtraciones y condiciones indignas”, afirma.

“Tienen que estar allí, ver los daños con sus propios ojos, escuchar a los vecinos y asumir responsabilidades.

Lo que han hecho a estos vecinos no tiene precedentes y han causado un perjuicio que tardará muchos meses en poder ser resuelto”, recalca la líder de la oposición en la capital grancanaria.

El Partido Popular sostiene que el Ayuntamiento debe compensar íntegramente no solo los daños físicos ocasionados en las viviendas -incluidos desperfectos estructurales, humedades, instalaciones afectadas y pérdida de mobiliario o enseres-, sino también los daños morales y perjuicios personales generados a los residentes.

“Cuando una actuación municipal termina dañando viviendas y alterando la vida diaria de los vecinos, lo primero es visitar el lugar y pedir disculpas.

Hay que reparar, indemnizar y garantizar que no vuelva a ocurrir”, añade Delgado, quien el próximo jueves mantendrá una reunión con una importante representación de vecinos afectados.

Desde el PP reclaman a Darias que, de forma urgente, active una evaluación edificio a edificio con actas de daños y calendario de reparación, con información clara a los afectados; y que se implanten medidas de emergencia para frenar las filtraciones y asegurar la habitabilidad mientras continúan las obras, así como alojar de forma digna a aquellos vecinos que están fuera de sus casas o que requieran ser realojados.

Asimismo, que se determinen responsabilidades técnicas -en especial de la contrata encargada de las obras- y se habilite un procedimiento ágil de reclamación e indemnización y por último coordinar, a través de la empresa municipal GEURSA y los servicios correspondientes, la atención a familias afectadas.

EFEas

Santa Cruz de Tenerife, 3 feb (EFE).

– La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha convocado subvenciones por importe de 255.

000 euros para financiar proyectos contra los efectos de la economía sumergida.

Se trata de financiar tanto iniciativas que sensibilicen a la población sobre los efectos negativos del empleo irregular como herramientas de denuncia y asesoramiento.

Podrán optar a esta convocatoria competitiva las corporaciones de derecho público y las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro creadas para la defensa de los intereses económicos y sociales.

La creación de canales para la recepción de denuncias de empleo irregular, campañas de sensibilización dirigidas a la población general o a colectivos vulnerables, acciones formativas sobre las repercusiones negativas del empleo irregular o asesoramiento técnico en casos de economía sumergida son las iniciativas financiables con estos fondos.

Sólo se podrá presentar y subvencionar un proyecto por cada entidad solicitante y cada iniciativa podrá recibir una financiación mínima de 10.

000 euros y una máxima de 24.

000 euros.

El director general de Empleo, José Ramón Rodríguez, ha subrayado que «la economía sumergida es una barrera para la generación real de oportunidades laborales y la protección de los trabajadores».

«Con esta convocatoria buscamos que el tejido asociativo se convierta en un aliado estratégico para aflorar el empleo irregular, garantizando que la competencia entre las empresas no solo sea leal, sino que los ciudadanos comprendan los riesgos que supone trabajar al margen del sistema», ha explicado.

EFEacp/asd

Las Palmas de Gran Canaria, 3 feb (EFE).

– El tomate y el pepino canario estarán presentes en Fruit Logistica 2026, la principal feria internacional del sector hortofrutícola, que se celebrará en Berlín del 4 al 6 de febrero, en «un contexto especialmente complejo» para esta producción del archipiélago, informa la FEDEX.

El objetivo es consolidar los clientes actuales y explorar nuevas oportunidades comerciales en los mercados europeos, se indica en un comunicado.

La presencia en Fruit Logistica supone una apuesta decidida por mantener la visibilidad del tomate canario en los principales canales de comercialización internacional, reforzando su posicionamiento como un producto diferenciado por su calidad, trazabilidad y cumplimiento de los estándares europeos en materia laboral, ambiental y de seguridad alimentaria.

Esta participación se produce en un momento marcado por la publicación de las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las ayudas POSEI, que ha alertado recientemente del fuerte retroceso del sector tomatero en Canarias, con una caída cercana al 60 % de la producción y de las exportaciones en los últimos años, pasando de alrededor de 53.

000 toneladas exportadas en 2017 a unas 26.

500 toneladas en 2025, a pesar del respaldo financiero de la Unión Europea a través del programa POSEI, indica la FEDEX.

El informe pone de manifiesto las dificultades estructurales del sector para competir en igualdad de condiciones frente a producciones de terceros países, especialmente Marruecos, donde los costes de producción son sensiblemente inferiores y las exigencias normativas menos estrictas.

Una situación que también ha sido señalada desde Canarias, junto a la limitada eficacia de algunas líneas de ayuda y la pérdida continuada de superficie cultivada, como factores clave en el deterioro del cultivo y la impasibilidad de los representantes políticos a la hora de abordar el asunto y ofrecer una respuesta eficaz para salvar al sector.

En este sentido, desde el sector se insiste en que la presencia en Fruit Logistica no es solo una acción comercial, sino también un acto de compromiso con la continuidad de la actividad agrícola en Gran Canaria.

FEDEX se recuerda que, recientemente, se ha cursado una solicitud formal a la Administración en la que se plantea la necesidad de abordar de manera urgente un proceso ordenado de reconversión y diversificación del sector, compatible con el mantenimiento de la actividad productiva existente, especialmente en aquellas explotaciones que aún siguen operativas.

El sector insiste en que las medidas deben contemplar, entre otros aspectos, una revisión de los instrumentos de apoyo, la simplificación administrativa, el refuerzo de la competitividad frente a producciones de terceros países y el reconocimiento del papel estratégico que desempeña el tomate canario en términos económicos, sociales y territoriales.

EFEas

Las Palmas de Gran Canaria, 3 feb (EFE).

– El juez encargado de la presunta trama de corrupción conocida como ‘caso Valka’ ha pospuesto al 4 de marzo las declaraciones que tenía previstas para este martes de los testigos a los que había citado, entre ellos la concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Gemma Martínez Soliño.

Según han informado a EFE fuentes cercanas a la causa, el magistrado Rafael Passaro ha trasladado a ese mes el resto de citaciones que había señalado para febrero, como es el caso de la exconcejala socialista Inmaculada Medina, que dejó su cargo en el Ayuntamiento debido a su imputación en este procedimiento.

Este martes, además de Gemma Martínez, de Podemos, que sustituyó a Medina en la pasada legislatura al frente del área de Jardines, también estaban citados como testigos los técnicos municipales Bruno Naranjo y Víctor Alonso.

El juez imputa a la exconcejala Inmaculada Medina delitos de malversación agravada, falsedad, prevaricación y fraude a la administración por presuntamente haber contribuido a un «expolio» de 400.

000 euros entre los años 2015 y 2022, en los que la exedil fue responsable de Servicios Públicos, según la Fiscalía Anticorrupción.

Los cargos que se imputan a Medina, que en este mandato fue concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, también se le atribuyen a Sergio G.

C.

, como jefe de la unidad técnica de Parque y Jardines.

En la causa figuran también como imputados el empresario Felipe G.

y el funcionario del servicio de Parques y Jardines Miguel Ángel P.

La investigación de esta pieza separada del ‘caso Valka’ trata de aclarar lo sucedido con cuatro contratos de suministro de agua en tomadero y de riego de jardines de Las Palmas de Gran Canaria adjudicados a la empresa Guerra Patrimonial FGG, sociedad a la que se investiga como persona jurídica por cohecho y malversación de caudales públicos.

Esta es la segunda vez el magistrado aplaza las citaciones de los testigos e imputados en esta pieza, ya que en un principio habían sido fijadas para el pasado mes de diciembre.

EFEcda/jmr

Santa Cruz de Tenerife, 3 feb (EFE).

– El Ayuntamiento de La Frontera ha celebrado una reunión del Consejo de Participación Ciudadana en la que se ha abordado la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de los Residuos de competencia municipal, con el fin de acercar la normativa a la ciudadanía, resolver dudas y recoger aportaciones.

Se trata de una normativa de obligada aprobación por parte de todos los ayuntamientos en cumplimiento de la legislación europea vigente.

Según ha informado el consistorio, durante el encuentro un técnico especializado explicó a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana los principales aspectos de esta nueva ordenanza, así como el marco legal que la sustenta, derivado de las directrices europeas en materia de gestión de residuos, orientadas a promover una mayor sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad ambiental.

Durante la sesión se expusieron los criterios generales de la ordenanza, los plazos de aplicación y la necesidad de que los municipios avancen hacia modelos de gestión de residuos más eficientes, alineados con los principios de la economía circular y la sostenibilidad ambiental, y se dio respuesta a las dudas y sugerencias planteadas por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana.

El alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, ha señalado la importancia de este proceso participativo: “Se trata de una ordenanza necesaria y obligatoria, que responde a un mandato legal europeo, pero que el Ayuntamiento quiere construir desde la participación y el consenso”.

Rodríguez Cejas ha explicado que la ordenanza entrará en vigor el próximo año y que podrá ir incorporando mejoras a partir de las aportaciones tanto de los vecinos como del sector comercial, “con el objetivo de lograr un sistema más justo, eficiente y adaptado a la realidad del municipio”.

EFE1010832gf/acp

Las Palmas de Gran Canaria, 3 feb (EFE).

– Un joven de 20 años ha sido detenido en Arrecife, acusado de provocar un incendio en una construcción en ruinas utilizada de manera precaria como vivienda por varias personas, informa la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en diciembre pasado, en un descampado en la capital lanzaroteña, donde el detenido fue sorprendido sustrayendo el teléfono móvil de uno de los moradores del inmueble.

Al ser descubierto, el individuo agredió violentamente a la víctima, a la que golpeó con un tablón de madera en la cabeza y le causó una lesión con arma blanca, se indica en un comunicado.

Tras la agresión, el detenido prendió fuego a la vivienda antes de huir, y debido a la gran cantidad de enseres y desechos acumulados en el interior, el fuego se propagó con extrema rapidez y violencia.

El inmueble, de difícil acceso y parcialmente tapiado, impedía una evacuación normal.

Dos personas que se encontraban pernoctando en su interior quedaron atrapadas sin poder salir por sus propios medios y fueron rescatadas por efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, con apoyo de escaleras.

Tras los hechos, el autor abandonó la capital y se refugió en la localidad de Playa Blanca, pero fue detenido.

EFEas

Madrid, 3 feb (EFE).

– Casi 1.

000 menores migrantes no acompañados han sido reubicados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas con menor presión migratoria en apenas cinco meses, un proceso que ha culminado sin que se haya producido ningún problema de convivencia.

Así lo ha señalado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha hecho balance de estos traslados como resultado de la reforma de la ley de extranjería llevada a cabo el año pasado y la orden del Supremo sobre los menores solicitantes de asilo en Canarias.

Sobre estos últimos, Torres ha precisado que, del listado inicial con 1.

000 jóvenes, finalmente fueron 693 los susceptibles de ser traslados, los cuales ya están todos en el sistema de protección internacional gestionado por el Gobierno central: 440 de ellos están ya en la península y 127 permanecen en Canarias.

De esos 127, casi 100 han pedido quedarse en el archipiélago por tener arraigo en las islas y 29 podrán ser reubicados: «Indudablemente, se ha acabado el hacinamiento», ha valorado el ministro, que preside la Comisión Interminsiterial de Inmigración.

EFElll/mcm

Puerto del Rosario, 3 feb (EFE).

-El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el Cabildo de Fuerteventura al proyecto del parque solar ‘Las Cabras’, informa la corporación insular.

Ello supone una nueva oportunidad para que la corporación pueda defender la corrección del procedimiento administrativo seguido respecto al archivo de la declaración de interés público y social, afirma el Cabildo en un comunicado.

El proyecto, la mayor planta fotovoltaica proyectada en la isla, se sitúa junto al barrio de Majada Marcial, en el municipio de Puerto del Rosario, y ha sido objeto de controversia debido a su posible afección al desarrollo urbano de la capital majorera y al bienestar de los vecinos.

Tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario advirtieron de la situación, cuando el promotor inició el procedimiento del 6bis.

Así pues, la institución insular acordó en su momento archivar el expediente relativo a la declaración de interés público y social del proyecto, un trámite previo necesario para la obtención de la licencia municipal.

Esta decisión fue inicialmente avalada en sede judicial, si bien la empresa promotora presentó posteriormente un recurso de apelación.

Ante esta situación, el Cabildo de Fuerteventura formalizó un recurso de casación, que ha sido ahora admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia, según notificación recibida el pasado 30 de enero de 2026.

Esta admisión no entra aún en el fondo del asunto, pero reconoce la relevancia jurídica del debate planteado y permite continuar defendiendo la legalidad del procedimiento adoptado por la Corporación insular.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha señalado que “este auto nos permite seguir defendiendo que las decisiones adoptadas se ajustan a derecho y responden al interés general de la isla”.

García ha subrayado que “el modelo energético que necesita Fuerteventura debe nacer de la planificación, el consenso y el respeto por el bienestar de la población y por nuestro territorio”.

En este sentido, ha recordado que “la implantación de energías renovables es prioritaria y necesaria, pero debe realizarse respetando todos los procedimientos y evitando vías extraordinarias que prevalezcan por encima del desarrollo urbano y la calidad de vida de los vecinos”.

Por su parte, la consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, ha explicado que “la admisión del recurso refuerza la necesidad de seguir avanzando en una planificación ordenada, que es lo que hemos intentado desde el inicio de la legislatura, luchando, entre otras cosas, contra la implantación de parques energéticos en suelos no permitidos o previstos para otros usos”.

En este contexto, ha recordado que el Cabildo trabaja en la elaboración del Plan Territorial Especial para la implantación de infraestructuras de producción, transformación y distribución energética, “una herramienta clave para compatibilizar la transición energética con la protección del territorio y el desarrollo económico y social de Fuerteventura”.

EFE1011279evs/as