Santa Cruz de Tenerife, 3 feb (EFE).
– La Fiscalía ha rebajado de 8 a 4 años de inhabilitación la solicitud de pena para el exalcalde del PSOE de Buenavista del Norte (Tenerife) Aurelio Abreu y a su secretario-interventor por presunta prevaricación en la adjudicación directa de un centro de discapacitados al estudio al arquitecto y exconcejal de Santa Cruz de Tenerife Ramiro Cuende, de su mismo partido.
En la sesión que tuvo lugar este martes en la Audiencia Provincial tinerfeña, el Ministerio público tuvo en cuenta en la reducción de la solicitud de penas las dilaciones indebidas en el proceso, dado que la tramitación se inició en un pleno celebrado en 2005, se confirmó una subvención por 162.
000 euros desde el Gobierno de Canarias en 2006 y la adjudicación se ejecutó por la vía de urgencia poco después.
La orden de pago se emitió al estudio de Cuende a principios de 2007 y la obra nunca comenzó, porque, según indica el arquitecto, el proyecto se perdió durante una mudanza de su estudio y no pudo ser recuperado hasta 2012, gracias a un informático que así lo confirmó en la sesión del juicio de este martes.
El fiscal calificó de “caprichoso, inverosímil, absurdo y cuestionable” el encargo directo de la obra a este estudio y cree que el otro acusado es responsable por “omisión”, al no haber advertido de la “grosera irregularidad”.
Abreu se negó a responder a las preguntas de la acusación particular y fue rotundo al asegurar que cuando firmó el expediente dio por hecho que todo estaba correcto dada la confianza “plena” que tenía en la entonces responsable de la Concejalía de Servicios Sociales y en los funcionarios.
Aseguró que no participó en las negociaciones con Cuende para adjudicarle de forma directa la redacción del proyecto, lo que en aquel momento le hubiese permitido la ley, por lo que según asegura, tenía en la suficiente información como para firmar y dar vía libre a la orden de pago.
Recordó que el proyecto fue presentado en abril de 2007 al Gobierno de Canarias y así consta en el registro municipal y del ejecutivo autónomo y a continuación aparentemente se perdió para ser luego recuperado en 2012.
El entonces secretario municipal solo respondió a su letrado y lo hizo para señalar que no tuvo nada que ver con la adjudicación, que el contrato que vio no era el modelo habitual, nadie le pidió que informara y dio vía libre al pago por obligación legal, dado que el proyecto ya había sido redactado y entregado.
El exalcalde y denunciante, Antonio José González, declaró que cuando asumió este cargo en 2011 no encontraban el documento y empezaron a sospechar que no se había seguido el procedimiento establecido, por lo que acudieron a los tribunales, alegando también malversación de fondos, acusación que mantienen.
Negó que la denuncia tuviera algo que ver con el enfrentamiento que su padre mantiene con el exalcalde por la parcela en la que se pensaba construir este centro.
Los concejales de Urbanismo y Servicios Sociales en aquellos momentos que intervinieron en la vista, descartaron haber incoado el expediente y delegaron esta responsabilidad en la Junta de Gobierno.
La adjudicación directa a Cuende se consideró la más apropiada ya que había sido el responsable del Centro de Día de Discapacitados, al lado del cual iba a estar la nueva obra, puesto que ambas iban a ser complementarias.
El propio arquitecto mantuvo que seguramente fue recomendado por la ONCE y las monjas que gestionan las instalaciones que ya estaban construidas.
Cuende admitió que cobró el 90% del presupuesto de 180.
000 euros y aseguró que jamás ha reclamado el 10% restante y descartó que fuera contratado por su afiliación política.
La acusación particular recordó que de haberse llevado a cabo la obra, el presupuesto hubiese ascendido a casi cinco millones con lo cual se habría causado un daño “incalculable” al municipio, de lo que responsabiliza también al exsecretario por su “burda omisión”.
EFEnra/acp1012088