Las Palmas de Gran Canaria, 6 feb (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha informado este viernes de que no existe contaminación en la costa grancanaria de Telde que conlleve el cierre de las playas y ha recordado que la instalación de acuicultura situada en el municipio se desmantelará este año, tras el acuerdo alcanzado en mayo de 2025 con la empresa.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha indicado que en la inspección efectuada ayer jueves, tras detectarse de nuevo malos olores y manchas de grasa en la costa, se ha corroborado el correcto funcionamiento de las instalaciones de acuicultura de la zona, que operan sin incidencias desde la primera semana de noviembre después del episodio de mortandad de peces ocurrido y que llevó al cierre de las playas de Telde y otras del litoral este y sur de la isla.
En la nota se indica que el Servicio de Inspección Pesquera efectuó entonces dos controles en los que constató la correcta ejecución de los trabajos de limpieza y retirada de ejemplares afectados por parte de la empresa, antes de dar por finalizado el episodio mortandad de peces, cuyas causas aún se desconocen y se está a la espera del resultado de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Medio Ambiente.
El Gobierno ha informado de que los consejeros de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda; Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero; Sanidad, Esther Monzón, y Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, mantuvieron esta semana una reunión de seguimiento de las actuaciones de inspección y el análisis de los resultados obtenidos hasta la fecha.
En la reunión, Quintero explicó que la actual explotación de acuicultura responde a una concesión de 30 años otorgada en 1999 a la empresa por parte del Gobierno de España, pero a raíz de la aprobación en junio de 2018 del Plan de Ordenación de Acuicultura de Canarias, el Ejecutivo regional determinó que la ubicación no es apta para futuras concesiones y acordó con la empresa en mayo de 2025 el desmantelamiento anticipado de esta infraestructura a lo largo de 2026, casi tres años antes de cumplir el periodo otorgado por el Ministerio.
Además, se expuso el cronograma de inspecciones realizadas por el Servicio de Estructuras Pesqueras, con un primer control el 30 de septiembre en el que, con carácter previo a la comunicación del incidente por parte de la empresa, se verificó el cumplimiento de los requisitos en materia de bioseguridad, vigilancia zoosanitaria, gestión de subproductos y residuos, así como del seguimiento de la mortalidad y de la presencia de signos clínicos.
La nota precisa que desde el 9 de octubre, fecha de la comunicación de la muerte de peces por parte de la entidad gestora de las instalaciones, se llevaron a cabo tres inspecciones con toma de muestras por parte del Servicio de Estructuras Pesqueras y del Servicio de Inspección Pesquera que concluyeron en la declaración de situación de emergencia sanitaria el 3 de noviembre.
Asimismo, indica que tras los controles llevados a cabo los días 5 y 6 de noviembre se constató que no existía mortalidad significativa ni animales sintomáticos, una vez realizados los trabajos de limpieza por parte de la empresa.
Las actas de inspección de los días 12 de diciembre, 5 y 29 de enero corroboraron un comportamiento de los peces acorde a los parámetros normales, si bien se detectó la presencia de una mancha fuera del perímetro de la explotación, de la que se extrajeron muestras para su análisis por parte del Laboratorio de Salud Pública.
En lo que respecta a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, sus competencias en el ámbito marino se circunscriben exclusivamente a la autorización, seguimiento e inspección de los emisarios tierra-mar, no siendo responsabilidad del mismo la vigilancia de la calidad de las aguas costeras.
Y todas las desviaciones respecto a la autorización vigente que ha detectado el servicio de Inspección Ambiental hasta la fecha han sido comunicadas a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y al propio Ayuntamiento de Telde, habiendo iniciado la primera un procedimiento sancionador por posibles incumplimientos municipales, señala la nota, que advierte que no se puede concluir que exista una relación entre esta situación y el episodio causante del cierre de las playas de la zona afectada.
En lo que se refiere al área de Emergencias, la Dirección General, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, ha asegurado que ha hecho un seguimiento continuo de la situación y ha facilitado las tareas de coordinación de las diferentes administraciones para minimizar los efectos en la costa de este episodio.
Así, en el comunicado se detalla que el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) se activó el 6 de noviembre a las 19:00 hora en situación de alerta por un episodio de contaminación marina con potencial afectación a los municipios de Telde, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, y que permaneció vigente hasta el 29 de ese mes.
Ese día se actualizó la situación y la alerta se limitó a Telde hasta el 9 de diciembre, cuando pasó a declararse la prealerta en el municipio por contaminación marina, que finalizó el pasado 19 de diciembre.
Según la nota, durante todo ese tiempo la Dirección General de Emergencias efectuó inspecciones con medios aéreos y desplegó efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento y de la Unidad de Apoyo de Emergencias en la zona.
La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud también llevó a cabo las labores de inspección y, como consecuencia de los hechos observados y en aplicación del principio de precaución, se recomendó y se mantuvieron medidas preventivas consistentes en la prohibición del baño y del acceso a las playas afectadas.
Añade que en los muestreos ordinarios y extraordinarios llevados a cabo por Salud Pública los resultados obtenidos hasta la fecha en los parámetros microbiológicos analizados, Enterococos intestinales yEscherichia coli, se sitúan dentro de los valores establecidos en la normativa vigente, no evidenciándose, desde el punto de vista sanitario, incumplimientos de los criterios de calidad del agua de baño en parámetros microbiológicos.
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