Santa Cruz de Tenerife, 12 feb (EFE).
– Representantes del Comité Intercentros de Radiotelevisión Canaria (RTVC) han pedido este jueves implantar un consejo de informativos como contrapeso a posibles intentos de control por parte del Gobierno de turno, desarrollar el mandato marco sin que esté ligado a los plazos de la legislatura y aumentar el número de consejeros para mayor representatividad.
Los miembros del Comité Intercentros Aday Domínguez, Miguel Ángel Quintana, Noelia Morales y José Gunar Benítez han comparecido ante la comisión parlamentaria de Presidencia para dar su impresión sobre el anteproyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Todos han lucido una camiseta negra con el lema «NO a la privatización» y han reclamado a los grupos parlamentarios consenso para sacar adelante una ley que convierta a RTVC en un medio de comunicación más fuerte y útil ya que, han subrayado, este canal «no es del Gobierno ni de los trabajadores: es de los canarios».
Aday Domínguez ha recordado que la plantilla lleva meses movilizada y preocupada por la aprobación de un proyecto que en sus actuales términos «no garantiza el servicio público» y no ha contado con la participación de sus trabajadores.
También ha indicado a los parlamentarios que están obligados a legislar para preservar los derechos a recibir información veraz, independiente y plural, así como el derecho de los trabajadores a informar sin injerencias políticas.
Por ello es necesario un artículo que fije la creación de un consejo profesional de informativos como única opción conocida de contrapeso al control de un Gobierno, con carácter vinculante y que avale las candidaturas para el ente, pues el Comité Intercentros «rechaza frontalmente las designaciones a dedo».
Esta cuestión no debería ser una línea roja ni para el Gobierno ni para la oposición, ha subrayado Domínguez, quien ha destacado que el consejo de informativos debería estar formado por profesionales de la casa y no «diluirse en un consejo asesor como plantea el proyecto actual» para que, precisamente, pueda actuar sobre casos de injerencia o manipulación.
El mandato marco «San Borondón»Por su parte Miguel Ángel Quintana ha reclamado desarrollar el mandato marco, el «San Borondón de los trabajadores del ente que no lo han visto en 26 años», pese a que es una obligación que marca la ley y que para el Comité debería materializarse en el plazo de un año tras la aprobación de la norma.
Quintana también ha demandado un contrato programa para los servicios informativos con unas horas mínimas de emisión que no sean inferiores a 2.
000, que no se ligue el mandato a la legislatura y por lo tanto a un Gobierno, y que se aumente hasta once el número de consejeros para que haya una representación política máxima.
Además los trabajadores piden reducir del 20 al 10 por ciento el porcentaje de contratación a una empresa para evitar darle el grueso de los contratos a grandes productoras, que son «el gran barco rastrero del mercado audiovisual, capaces de poner en jaque a la propia dirección del ente y que si algún día dejan de ser alimentadas, serán un dragón que escupa fuego».
Noelia Morales ha pedido asimismo que en la ley se incorporen tres garantías esenciales, las de que el servicio se preste con personal propio, la integración de la radio y la televisión en un convenio colectivo único y la aprobación de una relación de puestos de trabajo.
Acabar con el bloqueoPor los grupos la socialista Nira Fierro ha asumido «por convicción democrática» gran parte de las reivindicaciones de los trabajadores y ha señalado que el bloqueo político «no es excusa» para acabar con el control parlamentario y las garantías a los empleados del ente.
El nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez ha afirmado que el actual Gobierno es el que ha emprendido el camino de regular la situación desde la transparencia para una televisión pública, plural, tecnológicamente avanzada y económicamente sostenible, por lo que rechaza «el burdo intento de algunos de achacar a CC un intento de privatización».
Sonsoles Martín, del grupo Popular, ha recordado que su formación fue muy crítica en el pasado con una televisión autonómica pero actualmente defiende lo mismo que los trabajadores, un ente independiente, sostenible y respetuoso que informe con rigor, independencia, pluralidad y apoye a la industria local.
Carmen Hernández, de NC-BC, ha expresado su apoyo a las propuestas de los trabajadores porque el texto del Gobierno, ha dicho, pone en grave riesgo el servicio público en un intento de privatizar los informativos que puede acabar en un canal similar a «tele Ayuso».
Una ley de espaldas al personalPor Vox Paula Jover ha señalado que su formación es crítica con «el despilfarro» de los canales autonómicos pero también ha indicado que pondrá «toda la carne en el asador» para tener una radio y una televisión canarias independientes y que no pongan en entredicho las condiciones del personal, por lo que apoyará sus propuestas y ha confiado en que los grupos del Gobierno «no pasen el rodillo».
Jesús Ramos, de ASG, ha considerado que se necesita una ley nueva que no se haga de espaldas a los trabajadores «sino con ellos», por lo que tendrá en cuenta sus propuestas para construir una norma eficaz que acabe con el bloqueo de los órganos, algo que ha debilitado este servicio público.
El diputado del grupo Mixto por AHI, Raúl Acosta, ha enfatizado que el nuevo borrador habla de servicio público y garantías al personal, por lo que ha pedido que «más que intentar echarnos la pelota unos a otros con fines partidistas» se hable de cómo mejorar el ente, la integración de la radio y la mejora de las condiciones laborales.
EFEasd/jmor(foto)