Santa Cruz de Tenerife, 18 feb (EFE).
– Los cabildos insulares han respaldado este miércoles los decretos que modifican las leyes de cambio climático y transición energética y la ley del suelo, si bien pese al consenso sobre la necesidad, algunos cabildos y grupos han criticado las formas y han propuesto que se puedan hacer cambios vía proyecto de ley.
Durante la comisión de cabildos del Parlamento de Canarias, el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, ha defendido que se trata de una reforma “quirúrgica, pero relevante”, orientada a aclarar conceptos que estaban generando dudas interpretativas e inseguridad jurídica.
También ha hecho referencia a la necesidad de reforzar la participación local en las energías renovables y ganar agilidad en la planificación climática y energética.
Entre los cambios destacó la aclaración de los estándares de espacios verdes, pues los 10 metros cuadrados por habitante no constituyen un estándar adicional, y la precisión sobre el cómputo de palmeras y arbustos, que contribuirán al criterio de «un árbol por cada tres habitantes».
Asimismo, ha detallado ajustes en la implantación de fotovoltaica en cubiertas y, respecto a las zonas de aceleración de renovables, se pospone su desarrollo reglamentario hasta que el Estado complete la transposición de la directiva europea.
Además, se ampliarán las fórmulas de participación de cabildos y ayuntamientos en proyectos de energías renovables, más allá de la propiedad directa.
La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, ha justificado el decreto por la necesidad de cumplir el acuerdo alcanzado con el Estado tras las dudas de constitucionalidad y ha valorado las medidas orientadas a desbloquear situaciones de carácter urbanísticas.
González ha señalado que la flexibilización urbanística y la creación de zonas de aceleración para energías renovables deben ir acompañadas de planificación rigurosa, control efectivo y participación ciudadana real, y ha defendido que la transición energética debe hacerse “con el territorio y con la gente”.
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García ha defendido la modificación normativa al considerar que el futuro de las islas se decide en este tipo de leyes y que deben tener en cuenta la realidad de cada territorio frente a , por ejemplo, la vulnerabilidad de Canarias ante el cambio climático.
También ha reclamado la participación efectiva de cabildos y ayuntamientos en la planificación energética y ha advertido de que ninguna norma puede obviar las competencias insulares en ordenación del territorio.
El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha dicho que la modificación ofrece una respuesta común, clara y eficaz a realidades distintas y ha defendido que la elevación de estándares de zonas verdes y el refuerzo de soluciones basadas en la naturaleza son coherentes con los desafíos actuales y se adaptan a la singularidad territorial de islas como La Gomera.
Además, ha subrayado la importancia de que las zonas de aceleración se definan con la colaboración de los cabildos y ha considerado que los ajustes en materia urbanística y de usos provisionales aportan claridad.
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha considerado que se introducen en las leyes avances y se aclaran conceptos y situaciones urbanísticas, además de agilizar la planificación energética.
Ha mostrado su acuerdo con el refuerzo de zonas verdes y con la participación en proyectos renovables, aunque ha advertido de que la elevación de estándares podría suponer una carga adicional para unas oficinas técnicas municipales ya tensionadas en la isla.
Rodríguez ha demandado también que en la definición de las zonas de aceleración de renovables se tenga en cuenta la planificación insular y se respeten las competencias del cabildo, especialmente en el ámbito eólico y ha apuntado que la transición energética debe ser compatible con la protección ambiental y con los retos demográficos de La Palma, como la despoblación y el mantenimiento del medio rural.
En el turno del vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, el representante tinerfeño ha planteado que, si el texto se tramita como proyecto de ley, se podrían revisar aspectos como la relación con los planes insulares de ordenación, la regulación de pendientes en renovables o el uso del interés general en las zonas de aceleración de renocables.
En este sentido, ha defendido que se podría revisar la relación entre planificación insular y normativa climática y estudiar fórmulas de compensación económica para los municipios que albergan instalaciones renovables.
Ruano también ha expresado reservas sobre la eliminación del criterio de pendiente del 50 % para implantar renovables, al advertir de las dificultades técnicas que puede implicar.
En el turno de los grupos, por la oposición las diputadas del PSOE Alicia Vanoostende y Nayra Alemán han criticado que se haya modificado la ley mediante un decreto ley que, a su juicio, ha obviado al Parlamento, y han advertido de que un año y medio después se ha vuelto a corregir la norma por las inseguridades jurídicas generadas.
Aunque han coincidido en algunas cuestiones de fondo, han rechazado la forma elegida por el Gobierno y han cuestionado la necesidad de recurrir a un decreto y de introducir cambios fragmentados, al sostener que la transición ecológica exige rigor y respeto a la normativa jurídica.
Por Vox, Nicasio Galván ha criticado la “maraña regulatoria” y ha preguntado si «es normal» traer «un decreto que modifica una ley, que modifica un decreto que modifica una ley y que modifica otra ley de otra Consejería», a la par que ha cuestionado el consumo de territorio de las renovables.
De Nueva Canarias, Luis Campos ha dicho no discutir la necesidad, si bien se ha quejado de que es «la enésima modificación de la ley del suelo» y ha acusado al Gobierno de parchear la ley del suelo «sin visión de conjunto».
El diputado de la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, ha apoyado la necesidad técnica de la reforma, mientras que Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera ha pedido tramitarla como proyecto de ley para introducir mejoras.
Del PP, Luz Reverón ha calificado el decreto de «valiente» y ha celebrado que en un asunto así se vaya de la mano del Gobierno de España, mientras que Socorro Beato, de Coalición Canaria, ha defendido que aporta seguridad jurídica y que contribuirá a la aceleración de la transición energética y a mitigar el cambio climático.
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