Las Palmas de Gran Canaria, 4 mar (EFE).
– El jefe del Servicio de Mantenimiento de Infraestructuras Verdes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Víctor Alonso, ha descartado este miércoles que una avería en la red pueda ocasionar en un mes un exceso de facturación de agua equivalente a un año completo.
En declaraciones a los periodistas, Alonso, no obstante, ha declinado valorar la posición que mantiene la defensa de uno de los investigados en el ‘caso Valka’, el empresario Felipe Guerra, que atribuye a fugas de agua el exceso de facturación por parte de su compañía al Ayuntamiento en los años 2015 y 2022 y que la Fiscalía Anticorrupción entiende que se trata de «facturas infladas».
Este funcionario ha prestado declaración como testigo ante el magistrado de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro, que investiga esta presunta trama de corrupción vinculada al suministro de agua para parques y jardines en la que figura también como imputada la exedil del PSOE Inmnaculada Medina.
A su salida de los juzgados, Alonso ha dicho que averías hay siempre en la red y, cuando se detectan, se reparan en cuanto se puede.
El jefe de Servicio de Mantenimiento ha señalado que asumió el cargo en noviembre de 2022 y que, desde entonces, se fiscalizó adecuadamente el seguimiento de los contratos, pues se instalaron contadores y se hizo un control de las lecturas más «fiel y completo».
Ha señalado que en las instalaciones de agua municipales, al igual que ocurre en las de las casas, siempre hay averías y fugas, y más en casi los 200.
000 metros cuadrados de parques de la ciudad.
Ha explicado que averías hay en todas partes, algunas se detectan rápido y se intentan corregir sobre la marcha, y otras son ocultas porque ocurren en el subsuelo y no se ven hasta que en el contador se aprecia una lectura excesiva, que es entonces cuando se trata de localizar y reparar lo antes posible.
Ha recalcado que las irregularidades que se investigan son anteriores a cuando asumió el cargo, una cuestión que también ha señalado la concejala de Parques y Jardines de este mandato, Gemma Martínez (Podemos), quien también ha declarado este miércoles como testigo ante el juez, al igual que el exdirector general de Servicios Públicos del Consistorio Bruno Naranjo.
En declaraciones a los periodistas antes de entrar al juzgado, Martínez ha asegurado «absoluta transparencia y colaboración con la Justicia».
Ha indicado que, cuando tomó posesión del cargo en junio de 2023, se revisaron todos los contratos de riego y de tomadero de agua.
En 2025, se decidió que todos los de riego pasaran a Emalsa.
El de tomadero de agua se sacó a licitación y lo ganó la misma empresa, ha detallado Martínez, quien ha referido que en 2023 el sistema de facturación del agua ya se había modificado.
La concejal ha explicado que su departamento, sobre esta causa, recibió tres requerimientos del juez que se respondieron «puntualmente» y que ha acudido ante la Justicia con intención de responder a las preguntas del Fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, y las partes implicadas.
Ha afirmado que no tiene «nada que objetar» y que es la Justicia la que tiene de dirimir si ha habido algún daño para el Ayuntamiento, que está personado en la causa como parte perjudicada, ha recordado.
Ha hecho hincapié en que Podemos llegó a la Concejalía en junio de 2023 y desde aquel momento empezó a producirse una disminución en el precio de las facturas y ha mantenido el sistema de control que empezó a operar en noviembre de 2022.
Sobre la reducción del gasto en agua desde que se colocaron los contadores, ha dicho que no puede entrar a valorar porque son cuestiones «subjetivas» y que solo iba a hablar de lo que hicieron a partir del junio de 2023.
Además, ha informado de que la empresa del investigado Felipe Guerra mantiene un contrato de tomaderos de agua que finaliza en 2027.
El juez imputa a la exconcejala Inmaculada Medina delitos de malversación agravada, falsedad, prevaricación y fraude a la administración por presuntamente haber contribuido a un «expolio» de 400.
000 euros entre los años 2015 y 2022, en los que la exedil fue responsable de Servicios Públicos, según la Fiscalía Anticorrupción.
Los cargos que se imputan a Medina, que en este mandato fue concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, también se le atribuyen a Sergio G.
C.
, como jefe de la unidad técnica de Parque y Jardines.
En la causa figuran también como el funcionario del servicio de Parques y Jardines Miguel Ángel P.
La investigación de esta pieza separada del ‘caso Valka’ trata de aclarar lo sucedido con cuatro contratos de suministro de agua en tomadero y de riego de jardines de Las Palmas de Gran Canaria adjudicados a la empresa Guerra Patrimonial FGG, sociedad a la que se investiga como persona jurídica por cohecho y malversación de caudales públicos.
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