Santa Cruz De Tenerife, 26 mar (EFE).- La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha insistido este jueves en que el real decreto estatal sobre el registro único de arrendamientos y la ventanilla digital genera “inseguridad jurídica total” para los pequeños propietarios de vivienda vacacional en las islas.
En comisión parlamentaria, De León ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 1312/2024 al considerar que invade competencias autonómicas, crea un doble registro y “genera inseguridad jurídica en el pequeño propietario”.
Según ha expuesto, el sistema estatal establece una duplicidad entre el registro autonómico, que otorga legalidad a las viviendas, y un segundo registro vinculado a los registradores, necesario para su comercialización en plataformas.
La consejera ha señalado que el principal problema radica en el funcionamiento de la denominada ventanilla única que, a su juicio, “no funciona”, y ha indicado que el Ministerio comunica bajas de viviendas mediante listados, pero sin especificar qué normativa autonómica incumplen los propietarios, lo que impide a Canarias actuar administrativamente.
De León ha alertado además de que el decreto introduce nuevas obligaciones, como la comunicación de las reservas anuales, cuyo incumplimiento conlleva la baja automática en los registros estatales y, por tanto, la imposibilidad de comercializar las viviendas.
En este sentido, ha apuntado que, a comienzos de marzo, solo un 30 % de los propietarios había cumplido con este requisito y ha denunciado la falta de información posterior sobre cuántos han sido excluidos.
La consejera ha sostenido que este escenario puede dejar fuera del mercado a “miles de propietarios” que, aun cumpliendo la normativa autonómica, deberán afrontar nuevos costes y trámites para recuperar su presencia en plataformas digitales.
También ha defendido que Canarias trató de corregir las deficiencias del decreto en el marco de la conferencia sectorial y en contactos con el Ministerio, pero sin éxito, y ha aseverado que la comunidad autónoma comparte con el Gobierno de España el objetivo de combatir la oferta ilegal, pero ha advertido de que la norma estatal puede tener efectos contrarios al generar distorsiones en el mercado.
Por su parte, el diputado del PP David Morales Déniz, que formulaba la pregunta al respecto, ha sostenido que el decreto ha provocado una “espantada forzada del pequeño propietario isleño” y ha considerado que las decisiones del Gobierno central han expulsado a miles de viviendas de la comercialización turística. EFE