Santa Cruz de Tenerife, 27 mar (EFE).
– La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha afirmado este viernes que el cierre de dos escuelas infantiles que gestiona su departamento, la de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, y Las Folías, en Las Palmas de Gran Canaria, no implica recortes sino «una optimización de recursos».
En comisión parlamentaria y en respuesta a los grupos Socialista y de Vox, que le han responsabilizado de «un desmantelamiento organizado» de la red de escuelas en el tránsito de su transferencia a Educación, Delgado ha asegurado que «ningún niño o niña se quedará sin plaza y ningún trabajador o trabajadora perderá su empleo».
En ambos casos, ha proseguido, la escolarización podrá ser absorbida por otros centros cercanos, como ocurre en Anaga, donde existe una alternativa «a dos calles» de distancia.
También ha negado que se abandone a familias vulnerables, como le ha reprochado la diputada del PSOE Elena Máñez, ya que en la escuela de Anaga «solo» nueve familias tienen cuota cero, y en Las Folías, 22.
La consejera ha insistido en que «no hay ninguna pérdida de los servicios sino una transformación orientada a mejorar su eficiencia, calidad y capacidad de respuesta a las familias».
En un comunicado, la Consejería de Bienestar Social recalca que ña red de escuelas infantiles ha experimentado «una reducción significativa de la demanda en los últimos años, motivada por el descenso de la natalidad y la ampliación de la oferta educativa en este tramo de edad».
Así, se ha pasado de 964 plazas ocupadas en el curso 2019/2020 a 750 en 2024/2025 (de un total de 920 ofertadas), descendiendo hasta 679 en el curso actual 2025/2026.
Este contexto, prosigue la Consejería, ha llevado a plantear «una reorganización» que afecta a estos dos centros, que vienen experimentando «una tendencia continuada de descenso de matrícula».
En el caso de Anaga, el número de menores ha pasado de 44 en el curso 2022/2023 a 32 en el actual, con una plantilla de diez profesionales.
En Las Folías, la evolución ha sido de 51 a 34 menores en el mismo periodo, atendidos por una plantilla de 16 personas.
Elena Máñez (PSOE) ha replicado que «el déficit de plazas -educativas de 0 a 3 años- no se resuelve con cierres sino con gestión», y ha censurado «el tremendo eufemismo» de la consejera al hablar de reorganización cuando se refiere al cierre «con nocturnidad y alevosía» de dos escuelas de las que «dependen familias de clase trabajadora».
Ha instado a la consejera a reunirse con los comités de empresa, ha deslizado que quizá baje la demanda en las escuelas que dependen de Bienestar Social «si cada año cierran dos o tres, es normal que las familias se cansen», y ha juzgado su argumentario como «un insulto al personal» que trabaja en estos centros.
Paula Jover (Vox) ha convenido con Máñez en cuestionar las razones expuestas por la consejera y ha dicho tener la sensación de que lo que pretende Bienestar Social es «eliminar» los centros que son de su competencia.
Candelaria Delgado ha replicado que el uso de las escuelas infantiles ha perdido su función de “atención social real, porque en muchos casos no permiten la conciliación”, por lo que se están estudiando vías para mejorar esos aspectos, razones por las que estas escuelas infantiles fueron creadas originalmente.
Ha avanzado que en su departamento trabajan en la suspensión del cobro de cuotas a partir del curso 2026/2027, con el objetivo de implantar la gratuidad en la red pública.
Asimismo, ha indicado que se está estudiando la ampliación de horarios y servicios, incluyendo atención en periodos vacacionales, para facilitar la conciliación familiar.
Ha recalcado que este tramo educativo se ha convertido en una prioridad estratégica, impulsando su desarrollo desde el área de Educación, mientras se mantiene de forma transitoria la gestión de 13 escuelas infantiles desde la Consejería de Bienestar Social hasta culminar el proceso de transición.
Delgado ha subrayado asimismo que uno de los principales «problemas heredados» era la dificultad para cubrir sustituciones de personal, debido a una normativa «rígida» y a listas de reserva agotadas.
Para corregir esta situación se han activado mecanismos urgentes de cobertura por islas e impulsado la actualización de las listas, garantizando así la continuidad del servicio en los centros.
En paralelo, se han reducido las ratios, en la etapa de 0–1 años a un máximo 8 menores, de 1–2 años a un máximo de 12 menores, y de 2–3 años a un máximo de 15 menores.
Asimismo, se trabaja en la incorporación de educadoras de apoyo para mejorar la atención, especialmente en casos con necesidades específicas.
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