SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Mar. (EUROPA PRESS) –
La Confederación Regional de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Canarias (CREM), integrada por Femete y Femepa, ha lamentado este lunes la «falta de respuesta» del Gobierno de España sobre la ampliación de plazos de los fondos Next Generation vinculados a la transición energética en Canarias.
Así, a escasos días de que finalicen los plazos actuales, la organización empresarial alerta de que la «inacción» del Ejecutivo central puede provocar la pérdida de más de 200 millones de euros en fondos europeos ya asignados, la paralización de cientos de proyectos en ejecución y un impacto directo sobre cientos de empleos en las islas.
«No estamos ante un problema técnico, sino ante una falta de decisión política que puede tener consecuencias económicas irreversibles para Canarias», señalan desde la CREM.
Además comenta que los proyectos afectados cuentan con resolución favorable, financiación comprometida y ejecución en marcha.
Sin embargo, los actuales plazos hacen inviable completar su desarrollo en tiempo, lo que obligaría a su paralización y a la devolución de fondos europeos ya concedidos.
«Sería un contrasentido inaceptable, proyectos aprobados, inversiones movilizadas y empresas trabajando, obligadas a detenerse por no adaptar los plazos a la realidad», advierte la organización.
La CREM subraya también que la no ampliación de los plazos no solo implica la pérdida directa de financiación, sino también un «impacto estructural» sobre el desarrollo económico del archipiélago.
Entre las consecuencias más relevantes se encuentran la pérdida de más de 200 millones de euros en inversión europea ya comprometida, la paralización de proyectos que permitirían instalar más de 100 MW de potencia renovable, riesgo de perder millones de euros adicionales asociados a la ejecución incompleta de los programas y deterioro de la confianza empresarial en los mecanismos de financiación pública.
«No estamos ante una previsión futura, estamos ante inversiones ya adjudicadas que se pueden perder por falta de decisión», recalcan.
La CREM advierte también de que el impacto es «inmediato y tangible» pues pymes, instaladores, ingenierías, proveedores y trabajadores que ya están ejecutando proyectos se verán obligados a detener su actividad.
«Detrás de cada proyecto hay empresas que han invertido, contratos firmados y trabajadores que dependen de su continuidad. No actuar supone trasladar el problema directamente a la economía real», señalan.
PROPUESTA ALTERNATIVA
El Gobierno de Canarias ha trasladado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una propuesta técnica sólida que permitiría cumplir con los objetivos europeos y garantizar la ejecución de los proyectos mediante una reconfiguración de plazos y financiación.
Esta solución permitiría ejecutar más del 80% de los fondos y asegurar la implantación de infraestructuras energéticas clave en las islas. Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno de España no ha emitido respuesta alguna, señalan las patronales.
El presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez, ha advertido de que «no conceder esta prórroga sería un error de enormes dimensiones, Canarias perdería inversiones ya comprometidas y se enviaría un mensaje devastador al tejido empresarial, que cumplir no sirve de nada si la administración no responde a tiempo».
En su opinión, «estamos en los últimos días, o se actúa ahora o se asumirá la responsabilidad de haber dejado pasar una oportunidad histórica para Canarias».
Por otra parte, la presidenta de Femepa, Patricia Jiménez, ha sido contundente: «Estamos ante una decisión que marcará el futuro económico de Canarias. Si no se actúa, el Gobierno de España será responsable de la pérdida de más de 200 millones de euros, de la paralización de proyectos estratégicos y de poner en riesgo cientos de empleos. No se trata de pedir más fondos, sino de permitir que los proyectos ya aprobados puedan ejecutarse. No hacerlo sería dejar tiradas a las empresas que han confiado en este proceso y frenar la transición energética de Canarias».
La CREM hace un llamamiento directo al Gobierno de España para que adopte de forma inmediata las medidas necesarias que permitan ampliar los plazos y garantizar la ejecución de los fondos europeos en Canarias.
«No hay margen para la inacción. Cada día que pasa acerca a Canarias a un escenario inasumible: perder cientos de millones de euros, paralizar proyectos en marcha y frenar su transformación económica», concluyen.