Madrid, 7 abr (EFE).
– El Gobierno ha respondido a la carta que le trasladó ayer el Ejecutivo autonómico de Madrid y le ha dicho que los traslados de menores migrantes no acompañados siguen teniendo «absoluta cobertura legal» y están avalados por la Fiscalía Provincial de Madrid, que se ha pronunciado recientemente al respecto.
En un vídeo remitido a los medios, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha lamentado que el PP haya puesto siempre «palos en las ruedas» a este sistema de acogida que ha permitido a Canarias, Ceuta y Melilla salir de la situación de hacinamiento en la que tenían a los jóvenes.
Ha recordado que este partido votó en contra al convalidar el real decreto ley que creó este modelo, ha tratado de cerrar el centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón (Madrid) cuando el Ejecutivo trató de acoger allí a los jóvenes que habían llegado a Canarias y ha recurrido la reforma de la ley de extranjería ante el Tribunal Constitucional.
El último paso ha sido el de la consejera madrileña del área, Ana Dávila, quien ayer mandó una misiva al Gobierno rechazando nuevos traslados porque, a su juicio, no hay cobertura jurídica para ello después de que haya pasado un año de la aprobación de la reforma legal y advirtió que emprenderá acciones legales si el Ejecutivo intenta prorrogar el sistema.
«Se equivoca: Tiene absoluta cobertura legal», ha respondido Torres, quien ha asegurado que todos los menores que lleguen a las comunidades declaradas en contingencia migratoria -Canarias, Ceuta y Melilla- podrán ser reubicados «donde se les designe», así como los que ya tenían los expedientes incoados.
Y no porque lo diga el Gobierno de España, ha precisado, sino porque así lo ha señalado recientemente la Fiscalía Provincial de Madrid.
El pasado 26 de marzo, tuvo que aplazarse temporalmente el traslado de siete menores procedentes de Ceuta tras la alegación de la Comunidad de Madrid indicando que no procedía su ejecución, pero la Fiscalía concluyó, en un decreto emitido el 27 de marzo, que las resoluciones de traslado y reubicación son actos administrativos válidos y ejecutivos y no estaba justificada su suspensión.
El ministro ha recordado que la aplicación del real decreto ley ha contado en los últimos meses con la colaboración y la lealtad institucional de la mayoría de comunidades y ciudades autónomas, lo que ha permitido avanzar en una respuesta solidaria «con absoluta normalidad» y sin que se hayan producido alteraciones de la convivencia.
Torres ha criticado las «permanentes contradicciones del PP» en este asunto al «dar la espalda» a los Gobiernos de Canarias, Ceuta y Melilla, donde gobiernan los populares (en las islas junto a Coalición Canaria y en solitario en las ciudades autónomas).
Gobiernos autonómicos que, en opinión del ministro, deberían «levantarse» y exigir a su «compañera», Madrid, que apoye la medida.
Y es que al final, ha cuestionado Torres, acaba siendo el Ejecutivo central -donde gobierna el PSOE y Sumar- el que defiende «mucho más» a estas comunidades, gobernadas por el PP, que el propio PP.
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