Santa Cruz de Tenerife, 17 sep (EFE).
– El Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias (CEESCAN) ha reclamado este jueves en el Parlamento de Canarias la incorporación progresiva de estos profesionales a los centros educativos públicos, especialmente en aquellos con mayor complejidad socioeducativa, ante el contexto educativo y social que reflejan los últimos datos de PISA y los indicadores de pobreza y exclusión.
La representante de CEESCAN, Blanca Esther Hernando, ha señalado en comisión parlamentaria que los resultados de PISA muestran un descenso de Canarias en las tres competencias evaluadas, ciencias, matemáticas y lengua, aunque ha destacado que el retroceso del conjunto de España ha sido mayor y, por tanto, se ha reducido la distancia entre Canarias y la media estatal.
Hernando ha advertido, no obstante, de que esa reducción de la brecha no puede interpretarse como una mejora de los resultados educativos, sino como una consecuencia de un deterioro más acusado del conjunto de España.
A su juicio, los datos evidencian que la mejora educativa no puede abordarse únicamente mediante más horas lectivas o cambios metodológicos, sino que también requiere actuar sobre las condiciones que permiten al alumnado aprender, como la asistencia regular, la convivencia, la seguridad, el bienestar, la vinculación con el centro, las expectativas educativas y el acompañamiento familiar.
Canarias, una de las comunidades con más pobreza y exclusiónHa señalado además que Canarias presenta, según el informe de 2024 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, una tasa de riesgo de pobreza o exclusión del 31,8 %, una tasa de pobreza del 24,6 %, una pobreza severa del 10,1 % y una tasa de carencia material y social severa del 10,5 %.
El informe, ha indicado, sitúa a Canarias entre las comunidades con mayores niveles de pobreza y exclusión y con la tercera tasa más elevada de pobreza infantil del Estado.
La representante de CEESCAN ha precisado que estos indicadores no permiten afirmar que la pobreza sea la causa directa de los resultados obtenidos en PISA, pero sí muestran que una parte del alumnado desarrolla su trayectoria educativa en contextos de vulnerabilidad material, residencial, familiar o social.
En este contexto, ha defendido que la educación social puede complementar la labor del profesorado, la orientación educativa y los servicios sociales mediante profesionales especializados en mediación, prevención, acompañamiento socioeducativo, intervención familiar, convivencia y trabajo comunitario.
Según ha explicado, estos profesionales pueden intervenir ante situaciones de absentismo, desmotivación, conflictos, dificultades familiares, aislamiento, riesgo de exclusión y desconexión del centro.
La propuesta planteada ante el Parlamento contempla una implantación por fases, comenzando por un mapa de necesidades para identificar los centros con mayor complejidad socioeducativa y continuando con un programa canario de intervención socioeducativa.
En su opinión, Canarias afronta un reto educativo que «no puede abordarse únicamente desde el aula» y ha planteado que el educador social contribuya a conectar lo que ocurre dentro y fuera de los centros y a acompañar a alumnado y familias.
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