Las Palmas de Gran Canaria, 22 abr (EFE).
– Nueva Canarias (NC) presentará 56 enmiendas al proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias que han sido consensuadas con el comité de empresa de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), para garantizar que esta sea cien por cien pública y los ciudadanos reciban una información «imparcial y veraz».
En una rueda de prensa, la diputada de NC María del Carmen Hernández ha dado a conocer este miércoles el contenido de estas enmiendas a un proyecto de ley en el que aprecia «tufo a control político».
Hernández ha recordado que esta norma parte de un decreto ley aprobado por el Gobierno canario, formado por CC y PP, que fue rechazado por su grupo por «antidemocrático» por entender que es una reforma «pensada y diseñada en el despacho» del presidente, Fernando Clavijo, para poner a RTVC «al servicio de la propaganda».
Ha remarcado que el Consejo Consultivo de Canarias «ha sido muy duro en sus reproches a esta norma», pues ya advirtió este órgano de que hay artículos del proyecto de ley que no cumplen con preceptos de la UE ni de normativa vigente en España, algo que con las enmiendas presentadas esperan corregir.
Así mismo, ha manifestado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP «no tienen leyes tan poco democráticas» y ha reprochado a CC que «cada vez se derechice más».
Hernández ha destacado que NC defiende una RTVC pública al servicio de los canarios y que promueva la cultura y la educación, la identidad canaria, así como valores democráticos, entre otros fines, y ha considerado que su función adquiere mayor dimensión por ser un territorio fragmentado.
La información es un derecho fundamental, argumenta NC, que demanda que esta ley parta del consenso del Parlamento y de los profesionales del sector, a los que también han consultado para elaborar sus enmiendas, con el fin de lograr que se respete el derecho de los ciudadanos a que sea «imparcial y veraz, así como el derecho a la libertad editorial.
Con las propuestas formuladas por NC se persigue prohibir la externalización de su función esencial, evitar la precariedad laboral y el control público de la línea editorial, y para ello cree preciso asegurar la participación democrática y que existan controles por parte del Parlamento.
Con ese propósito, aboga por un contrato marco, que sea aprobado por el Parlamento en un plazo de seis meses y por una mayoría reforzada de tres quintos, y por una junta de control, elegida también por la Cámara regional, cuyos candidatos sean propuestos por los grupos parlamentarios y respondan a criterios de idoneidad y a la representatividad de cada grupo.
La función de la junta de control, formada por 11 o 13 miembros si fuera necesario para garantizar la representatividad de los grupos, es fundamental para fiscalizar la figura del director, ya que el proyecto de ley, según Hernández, le da «plenos poderes» sin que sea fiscalizado por el Parlamento.
En el ámbito económico, el proyecto de ley permite al director efectuar contrataciones de hasta 1,5 millones de euros, un límite que en la norma que se ha reformado estaba fijado en 300.
000 euros; y la contratación máxima con terceros se eleva del 10 al 20 %.
En sus enmiendas, NC pide que se vuelva al 10 %, así como que los mandatos del director no sean por cuatro años, porque los «anuda a los periodos electorales», sino de cinco.
En cuanto a los trabajadores de RTVC, ha indicado que su grupo defiende que sean empleados públicos para que no estén supeditados a los «vaivenes políticos o puedan ser subrogados a una empresa privada» y, para ello, sugieren que se elimine la disposición adicional séptima.
Hernández además ha calificado de «escandaloso» la supresión de los consejos informativos por la función que desempeñan para poder trabajar con «independencia y objetividad y que la información no esté tamizada por el gobierno de turno.
Además, ha detallado que en sus enmiendas se propone que se prohíba la externalización de la producción, realización y edición de los informativos, cuyos tiempos no pueden variar porque «lo decide un señor».
En cuanto a la radio pública canaria, ha precisado que se presentan tres enmiendas para asegurar una dotación presupuestaria propia, garantizar una programación insular mínima con una red de corresponsales y que contenga una estrategia digital.
Hernández ha subrayado que la «única garantía de que la ciudadanía esté informada de forma transparente» recae en los medios públicos, ya que los privados tienen sus propios intereses.
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