Santa Cruz de Tenerife, 05 feb (EFE).
– La formación política Sí se puede Canarias ha reclamado este jueves una mayor transparencia y el respeto al principio de laicidad en la regulación de los fondos públicos destinados al patrimonio de la Iglesia católica en el archipiélago, al considerar que el actual modelo de financiación plantea interrogantes sobre la equidad en el uso de los recursos públicos.
La portavoz de la organización, Vanesa Martín, aseguró en un comunicado que el Gobierno de Canarias mantiene una política sostenida de subvenciones directas a bienes propiedad de la Iglesia católica que, a su juicio, requiere una revisión desde el punto de vista de la transparencia jurídica y de la neutralidad institucional.
Según datos citados por la formación, la Comisión Mixta Iglesia Católica–Administraciones Públicas de Canarias ha autorizado recientemente la restauración de 29 bienes eclesiásticos de las diócesis de San Cristóbal de La Laguna y de Canarias por un importe aproximado de 1,05 millones de euros, en el marco de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias.
Sí se puede señala que el patrimonio eclesiástico representa en torno al 25% de los Bienes de Interés Cultural (BIC) del archipiélago, una proporción que contrasta, según la organización, con la menor presencia de otros elementos patrimoniales como los arqueológicos, paleontológicos, etnográficos o industriales.
La formación también denunció la existencia de numerosos convenios nominativos firmados durante 2024 entre ayuntamientos, cabildos y las diócesis canarias, que incluyen aportaciones económicas para restauración patrimonial, digitalización de archivos parroquiales o financiación de actos religiosos.
Solo en Tenerife, estas aportaciones superan el millón de euros dentro del Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027, según la organización.
Asimismo, Sí se puede calificó de “grave” que este flujo de financiación pública coincida con lo que considera una falta de claridad jurídica sobre la titularidad de muchos bienes eclesiásticos.
En este sentido, recordó que entre 1998 y 2015 la Iglesia católica inmatriculó en Canarias 532 propiedades, de las cuales el 76% carecían de certificación documental de propiedad, un proceso que tuvo especial impacto en islas como Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro.
La formación reclamó una revisión del modelo de financiación y una regulación que garantice mayor control público, transparencia jurídica y un reparto equitativo de los recursos destinados a la conservación del patrimonio cultural del archipiélago.
EFEbrr/acp