Santa Cruz De Tenerife, 15 jun (EFE).
– Un hombre y una mujer acusados de cometer delitos informáticos por ofrecer servicios ilegales y chantajear posteriormente a algunos clientes han aceptado su culpabilidad y penas de tres años y medio de prisión para él y un año para ella, además de la devolución conjunta de 64.
000 euros reclamados por los estafados.
La conformidad ha supuesto una rebaja respecto a la petición inicial de la Fiscalía, que solicitaba para el principal acusado cuatro años y medio de cárcel por estafa y 15 por extorsión, así como una multa de 1.
800 euros, y para la mujer tres años y tres meses de prisión y una sanción de 2.
000 euros, esta última que se mantiene.
La suspensión de la pena de cárcel queda condicionada a que no delincan durante tres años y abonen la multa.
La Audiencia Provincial celebró este lunes la vista en la que ambos encausados reconocieron los hechos y, en el caso del principal procesado, la rebaja y suspensión extraordinaria de la pena se acordó pese a su reincidencia, al tener en cuenta que es toxicómano, se encuentra en proceso de rehabilitación y ha reparado parcialmente el daño al depositar antes del juicio parte del dinero reclamado.
Además, deberá realizar ocho meses de trabajos en beneficio de la comunidad.
Según los hechos probados, los acusados publicaban anuncios en internet ofreciendo acceder de forma ilícita a cuentas de terceros, teléfonos, correos electrónicos o plataformas de la administración, por servicios por los que cobraban entre 20 y 15.
000 euros.
Cuando no cumplían lo pactado y las víctimas reclamaban la devolución del dinero, en algunos casos las amenazaban con informar a los titulares de las cuentas o teléfonos de las intenciones de los clientes.
En total, llegaron a publicar 40 anuncios con distintas identidades y utilizaron hasta 38 cuentas de correo electrónico y 24 números de teléfono, gestionados por internet para evitar ser relacionados entre sí.
El hombre se encargaba de responder a las peticiones y la mujer de recoger el dinero por unos servicios que nunca se llegaron a realizar.
En ocasiones, tras recibir una primera cantidad, el acusado solicitaba más dinero para completar los supuestos encargos, de modo que las víctimas volvían a ser engañadas bajo la amenaza de revelar sus peticiones.
En otros casos, llegaron a acceder a las cuentas de los propios estafados con los datos que estos les facilitaban y posteriormente los coaccionaban para exigirles nuevas cantidades.
Entre los perjudicados figura una persona que pagó 420 euros para recabar información de un terminal; otra abonó 290 euros para acceder a bases de datos policiales; y una más entregó 650 euros para averiguar quién realizaba llamadas con número oculto.
También hubo quien pagó 853 euros para entrar en el terminal de su pareja o 250 euros para borrar fotografías y vídeos que afectaban a su reputación.
Otros servicios solicitados fueron la tramitación de una partida de nacimiento para renovar un pasaporte, mejorar la visibilidad de anuncios en páginas web, comprobar si un teléfono estaba clonado, investigar supuestos acosos, recibir asesoramiento en seguridad o investigar cuentas bancarias de una pareja.
Asimismo, ofrecieron sin éxito la geolocalización de terminales, la recuperación de archivos borrados, inversiones en criptomonedas, el acceso a móviles de exempleados o el borrado de una página web clonada.
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