Santa Cruz de Tenerife, 28 abr (EFE).
– La diputada del PSOE Patricia Hernández ha pedido este martes al Gobierno que aclare y «centre» el debate sobre la limitación de compra de vivienda por parte de no residentes, con el objetivo de evitar la “confusión de conceptos” y «no se acabe colando el apoyo de Vox» al hablar de «extranjeros» en vez de «no residentes».
Durante una comparecencia del consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, este martes en el Parlamento de Canarias, Hernández ha advertido del peligro de mezclar ambos conceptos, pues puede llevar a conclusiones erróneas y abrir la puerta a discursos excluyentes, y ha rechazado que se atribuya la crisis habitacional a compradores extranjeros, pues «un trabajador italiano de un supermercado» debería poder tener derecho a comprar una vivienda si puedeEn su repuesta, Pablo Rodríguez ha aludido al desequilibrio entre oferta y demanda y las dificultades generalizadas de acceso, lo que contrasta con el hecho de que aproximadamente un tercio de las compraventas de vivienda en Canarias en los últimos años ha sido realizado por ciudadanos no residentes.
El consejero ha asumido que la compraventa por parte de no residentes “incide en el mercado” y contribuye a tensionar los precios, especialmente en un escenario de escasez, si bien ha matizado que la propuesta del Ejecutivo no busca discriminar por nacionalidad, sino limitar la compra cuando no esté destinada a residencia habitual, es decir, cuando tenga un uso especulativo o vinculado a alquiler vacacional o segunda residencia.
Rodríguez ha resaltado asimismo que el Gobierno canario ha actualizado un informe jurídico encargado en 2003 durante la presidencia de Adán Martín, ahora revisado por el despacho Uría que concluye que existen “vías jurídicas viables” para establecer limitaciones, siempre que estén justificadas por razones de interés general, sean proporcionales y no discriminatorias.
En este sentido, ha señalado que Canarias apela al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite excepciones para regiones ultraperiféricas.
El consejero ha aseverado asimismo que el Ejecutivo autonómico ha defendido esta posición en distintos foros europeos y estatales y ha destacado el “impulso importante” que supone que el Gobierno de España se haya alineado con la estrategia canaria para trasladarla a la Unión Europea.
Por Vox, Paula Jover ha afirmado que su formación comparte la necesidad de actuar frente a la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero, y ha propuesto una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios.
Sin embargo, Jover ha cuestionado que estos sean los principales responsables del problema y ha señalado hacia la escasez de suelo, la lentitud de las licencias urbanísticas y la inseguridad jurídica derivada de la normativa estatal de vivienda, en una intervención en la que también ha acusado al Gobierno de proveer «con una vivienda» a quien llega a Canarias ilegalmente, un extremo que el consejero calificó de «bulo».
La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández ha criticado la falta de medidas concretas del Ejecutivo y ha acusado al Gobierno de «renunciar al autogobierno», especialmente en lo referido a cuestiones fiscales.
En opinión de Carmen Hernández, el Gobierno autonómico tiene capacidad para tomar medidas como elevar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales hasta el 20 % para grandes tenedores o, desde los ayuntamientos, reforzar el uso del IBI para desincentivar prácticas especulativas.
El diputado de Coalición Canaria (CC) David Toledo, que propuso la comparecencia, ha situado el debate en el impacto del crecimiento demográfico y turístico sobre el mercado residencial y en la capacidad de los canarios para seguir viviendo en su territorio.
En este sentido, ha aseverado que su grupo defiende la posibilidad de explorar la limitación de compra por parte de no residentes, al considerar que compiten con mayor poder adquisitivo por un recurso escaso.
En su turno final, el consejero ha coincidido en que el objetivo es “proteger” el acceso a la vivienda de los residentes en Canarias, independientemente de su origen, y evitar que el uso especulativo del parque residencial expulse a la población local.
“El mayor fracaso sería que los canarios y canarias tengan que irse de su tierra para desarrollar su proyecto de vida”, ha dicho.
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