Santa Cruz de Tenerife, 7 oct (EFE).
– La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado que se le imponga a un acusado de robo con violencia y de intento de asesinato, un año de prisión por el primer cargo y seis por el segundo.
El procesado presentó una carta de petición de perdón dirigida a los perjudicados y consignó la cantidad de 31.
000 euros para que sirviera de indemnización, cantidad muy superior a la valoración de las lesiones ocasionadas fijada en 12.
353.
Según el escrito de la Fiscalía, el acusado se dirigió hacia las víctimas, un chico y una chica, le arrebató a ella de las manos el teléfono móvil y emprendió la huida corriendo.
Ante ello el chico que era menor de edad en aquel entonces, siguió al procesado hasta darle alcance, y al parecer éste de manera totalmente sorpresiva y sin que la víctima se percatara, se giró hacia él, y sacó un cuchillo.
La Fiscalía añade que con intención de causarle la muerte o, al menos intentarlo, le hizo un primer corte en el mentón y seguidamente le asestó dos puñaladas en la parte izquierda del tórax, lo que provocó la caída al suelo del perjudicado que fue aprovechada por el procesado para retomar la huida.
La chica continuó la persecución del procesado hasta darle alcance y de nuevo esgrimió contra ella el cuchillo en varias ocasiones, pero no llegó a causarle lesiones.
Finalmente, el procesado consiguió huir del lugar sin que se recuperara en un primer momento el móvil cuyo valor tampoco ha sido tasado.
A consecuencia de la agresión el joven sufrió heridas penetrantes en el tórax, entre otras que requirieron asistencia médico-quirúrgica tras haber sido trasladado en ambulancia medicalizada.
En total fueron precisos para la curación 50 días de estabilización, de los cuales 29 fueron de pérdida temporal de calidad de vida básica, 11 moderada y el resto grave.
Dichas lesiones fueron valoradas como importantes y potencialmente lesivas, dado que existió riesgo vital real y objetivo de perder la vida en caso de no haber sido atendido con rapidez.
Como consecuencia de estos hechos el procesado fue detenido por una orden europea, trasladado a España y se acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza, situación en la cual continúa hasta la celebración del juicio el próximo 13 de octubre en la Audiencia Provincial tinerfeña.
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