Santa Cruz De Tenerife, 20 may (EFE).
– El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha aseverado este martes que el objetivo de la actualización de la ley del suelo, aprobada en 2017, no es ir «ni muchísimo menos a una liberalización del suelo», pero ha defendido «dejar puertas abiertas» para solucionar retos como el de la vivienda.
«No se está por la labor de un crecimiento desmesurado ni de generar más metros de suelo de los contemplados», ha defendido el consejero durante una comparecencia en el Parlamento de Canarias en la comisión de Política Territorial.
Asimismo, ha opinado que cree que hay suelo suficiente en Canarias para afrontar las necesidades del mercado de vivienda en estos momentos.
Miranda ha aseverado que uno de los ejes principales de esa actualización de la ley del suelo es la simplificación y la aclaración administrativa, y ha abogado por que exista un equilibrio entre avanzar e innovar en materia legislativa en este asunto y mantener principios de sostenibilidad.
También ha apuntado que los retos de su Consejería, además de esa actualización de la ley del suelo, es ahondar en el desarrollo de la planificación hidrológica así como la futura ley de protección civil.
La nueva norma que regulará el territorio, ha apostillado el consejero, incluye medidas como la reducción de contenidos técnicos en los instrumentos de ordenación, simplificación de trámites y una mejora de la gestión urbanística, la renovación urbana, el fomento de la vivienda y la respuesta al reto demográfico.
Miranda ha subrayado que durante más de un año se han dedicado a trabajar con empleados públicos, ayuntamientos, cabildos y distintas áreas del Gobierno en consensuar el texto y que, tras estar el borrador del anteproyecto en exposición pública hasta el 2 de mayo, con una prórroga de un mes, en estos momentos se están recopilando y organizando las alegaciones recibidas, ha señalado.
Por otro lado, ha anunciado que el Gobierno trabaja en la declaración del Lomo Riquiánez, en el municipio grancanario de Arucas, como sitio de interés científico, una medida que tiene como fin regular los usos tradicionales y promover el conocimiento del entorno.
En materia hidrológica, el consejero ha indicado que actualmente se está colaborando con los consejos insulares de aguas y los cabildos para elaborar la planificación correspondiente a 2027, que incluirá nuevos planes de gestión de inundaciones.
En cuanto a protección civil, ha señalado que se están dando los primeros pasos para elaborar una ley autonómica que permita adaptar la normativa canaria a la legislación básica estatal y europea, con una ley que sentará las bases para crear una agencia canaria de emergencias, incorporar avances tecnológicos y fomentar la cultura de la autoprotección, ha abundado.
Por el grupo Socialista, la diputada Nayra Alemán ha pedido que la actividad de la Consejería no sea solo una declaración de intenciones sino que haya un calendario y unas prioridades claras, y ha advertido del riesgo de que la modificación de la ley del suelo genere «descontrol urbanístico» bajo la excusa de la simplificación administrativa.
Alemán ha reclamado asimismo «verdadera cohesión territorial», especialmente para islas con desequilibrios estructurales, y ha criticado la fragmentación e ineficacia en política del agua, especialmente respecto al vertido de aguas residuales sin tratar.
Por Vox, Javier Nieto ha manifestado sus dudas respecto a que otra de las medidas en las que trabaja la Consejería, el decreto de agilización de licencias, vaya a tener un impacto real y ha pedido que, en el caso de la ley del suelo, las facilidades previstas para municipios de menos de 10.
000 habitantes no excluyan a barrios concretos en municipios grandes con las mismas necesidades.
Por parte de Coalición Canaria, la diputada Socorro Beato ha considerado que la reforma de la ley del suelo agilizará la puesta a disposición de más vivienda y ha instado a continuar el trabajo legislativo desde el Parlamento para afrontar el reto demográfico y aliviar la presión poblacional en zonas saturadas del archipiélago.
Del Partido Popular, Fernando Enseñat ha valorado el decreto de agilización de licencias y ha dicho que «no puede ser» que haya que esperar años por una licencia urbanística, mientras que sobre la ley del suelo ha apostado por que haya equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad.
Enseñat también ha reclamado mayor acción frente a los cortes de agua en pueblos de Fuerteventura.
Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, ha defendido el objetivo de simplificación administrativa, eficiencia en la planificación y protección ambiental, y ha insistido en garantizar la participación ciudadana durante el proceso de actualización de la ley del suelo.
EFEcmg/asd(foto)