Las Palmas de Gran Canaria, 10 jul (EFE).
– Los peritos de la auditora Kroll han afirmado este jueves ante la Audiencia de Las Palmas que consideran que el supuesto perjuicio que Sercanarias causó a la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria está sobrevalorado y contiene errores de cálculo y concepto.
En la séptima sesión del juicio que se sigue contra 15 exdirectivos de Emalsa entre los años 2008 y 2012 por el supuesto quebranto de 23,4 millones de euros, los dos peritos de Kroll contratados por varias de las defensas han indicado que desconocen cómo la Fiscalía ha calculado el perjuicio de 16 millones de euros que atribuye a los 17 contratos suscritos con Sercanarias, empresa formada por sus socios privados (Saur y Valoriza).
Los expertos han señalado que los peritos judiciales de Godoy Auditores cifraron en su primer informe un perjuicio de 4 millones de euros, que la Fiscalía ha «multiplicado por cuatro» y no entienden cómo, cuando además en un segundo informe emitido por esa firma rebajan la cuantía del supuesto daño.
Según han explicado, un perjuicio se genera cuando un trabajo no ha sido el adecuado, no se ha prestado o los precios han sido superiores, pero esas premisas no se cumplen en este caso.
Además, han defendido que Sercanarias cumplía con los requisitos para que Emalsa pudiera adjudicarle de forma directa contratos o servicios, porque en los tres años anteriores al primer contrato de 2008 su facturación con la empresa de aguas y asociadas era superior al 80 %.
En el estudio del despacho Gómez Acebo, encargado por Emalsa en relación a si Sercanarias reunía esas condiciones para la contratación directa se concluye que las cumplía, una cuestión sobre la que discrepa la fiscal Evangelina Ríos, por entender que no responde a los que se señala en los procedimientos de contratación para el sector del agua (Ley 31/2007)La fiscal entiende que no se podía hacer una contratación directa con Sercanarias porque en 2007 su facturación fue menor al porcentaje exigido por la citada ley.
Los dos auditores de Kroll han abundado en que «no hay ninguna duda» de que los trabajos objeto de los contratos suscritos con Sercanarias se ejecutaron y fueron correctamente facturados.
Además, han recalcado que la situación de Sercanarias era «ruinosa» y los socios tuvieron que hacer una ampliación de capital en 2010, sin llegar a repartir nunca beneficios.
Los peritos, que han analizado contrato a contrato ante el tribunal, han sostenido que los precios eran los del mercado, entre otras cuestiones.
En cuanto a los denominados «pactos» de prestaciones accesorias que firmó Emalsa con los socios privados en 2008, han señalado que ese tipo de retribuciones existían desde 1994 y siempre se han facturado de la misma manera y que esos acuerdos se suscribieron por un cambio normativo.
La Fiscalía cifra el perjuicio por ese contrato en 4,5 millones de euros porque se abonaron sin justificación alguna.
Los peritos han rebajado esa facturación a 4,2 millones, han recalcado que respondía a los precios de mercado y que este tipo de prestaciones es normal en empresas de naturaleza mixta.
Además, la facturación repercutida por Saur a Emalsa fue menor de lo debido.
Y han detallado que se tata de cantidades consignadas en las cuentas anuales de Emalsa, que el Ayuntamiento conocía porque las firmaba, y auditadas de forma favorable, lo cual «es muy relevante».
Sobre estas prestaciones, han subrayado que «eran necesarias y reales», aunque han dicho desconocer las cantidades que pudieron percibir los miembros del comité de gerencia creado por los socios privados de Emalsa en 2008 para la adjudicación de contratos de obras, servicios o suministros, y cuándo se constituyó.
En esta sesión, también ha declarado el acusado Pier José Claude Pans, que solo ha contestado a preguntas de su letrada, y ha dicho que fue nombrado director de Saur España a finales de 2011 y que su labor era la coordinación entre las filiales y con los equipos de la matriz francesa.
Además, ha expuesto que, de los 17 contratos de obras y servicios de Sercanarias que figuran en la causa, firmó cinco de forma mancomunada pero sin haber participado en los procesos de contratación, que era una responsabilidad que recaía en la empresa mixta de aguas.
De esos contratos, ha indicado que no obtuvo beneficio personal.
En relación al contrato de arrendamiento para el cambio de la sede de Emalsa a Las Ramblas, objeto también de la causa al haber generado un perjuicio de dos millones de euros, según la Fiscalía y las otras tres acusaciones que figuran en el proceso, ha precisado que no participó en el mismo.
El juicio continuará la próxima semana con la práctica de la prueba pericial, el martes, para el miércoles comenzar con los interrogatorios de los 13 procesados que quedan por declarar ante el tribunal.
EFEcda/cas