Los ecologistas recurren en el Tribunal Supremo la sentencia favorable al Salto de Chira

Las Palmas de Gran Canaria, 9 jun (EFE).

– Turcón-Ecologistas en Acción ha recurrido ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias favorable al decreto de la comunidad autónoma que autorizó a Red Eléctrica de España la construcción del Salto de Chira, la central de bombeo de Gran Canaria.

En su recurso, los ecologistas insisten en denunciar que esa infraestructura hidroléctrica «afecta directamente a tres espacios de la Red Natura 2000, indirectamente a otros dos y, en especial, al barranco de Arguineguín», al tiempo que alegan que «mancilla una rica biodiversidad y desprotege el territorio de las zonas afectadas».

En un comunicado, Turcón explica que ha presentado un doble recurso de casación: uno que tendrá que resolver el propio TSJC, ya que se basa en posibles incumplimientos de normas autonómicas, y otro que analizará el Supremo, puesto que alega infracciones de la legislación nacional y europea.

Respecto al recurso en el Supremo, los ecologistas aducen infracciones del derecho ambiental europeo y estatal e invocan a su favor jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el principio de no regresión ambiental.

Asimismo, subrayan «la importancia general de la cuestión debatida, al afectar a la compatibilidad entre los regímenes excepcionales de implantación de infraestructuras energéticas y las obligaciones de conservación de los espacios integrados en la Red Natura 2000».

En cuanto al recurso autonómico, Turcón cuestiona la argumentación que hace el Gobierno de Canarias apoyándose en la Ley del Sector Eléctrico de la comunidad autónoma y los límites de las facultades que atribuye a la administración.

«Este litigio trasciende el caso concreto de Gran Canaria, al abordar uno de los principales desafíos jurídicos de la transición energética: garantizar el desarrollo de las infraestructuras energéticas sin menoscabar las obligaciones de protección ambiental derivadas del Derecho europeo y de la normativa de conservación de la biodiversidad», argumentan.

EFEjmr