MÉRIDA 10 Nov. (EUROPA PRESS) –
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes, día 10, la celebración del contrato de servicio de seguridad, vigilancia y protección contra incendios en las instalaciones del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, con un importe base de licitación de 566.404 euros.
De este modo se refuerza y moderniza los sistemas de seguridad en un centro museístico que alberga un valioso patrimonio histórico y arqueológico, según ha destacado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes en Mérida la portavoz de la Junta, Elena Manzano.
De este modo, el nuevo contrato permitirá garantizar la vigilancia permanente del recinto, el control de los accesos y la protección de todas las instituciones.
En concreto, se establece una primera vigilancia presencial 24 horas al día, los 365 días del año, con personal de seguridad privada, ha explicado Manzano, quien ha dado a conocer que esto supone que para cubrir todo ese servicio se pasará de contar con cuatro a cinco vigilantes.
De igual modo, también se van a reforzar los dispositivos tecnológicos de seguridad, ha subrayado la portavoz de la Junta, quien ha recordado que recientemente ya se han adoptado igualmente en el recinto otras medidas como la instalación de 20 nuevas cámaras de video-vigilancia.
Así, el objetivo es disponer de medidas adecuadas de vigilancia y protección que permitan prevenir y detectar posibles situaciones de riesgo y actuar ante las incidencias que pudieran producirse, argumenta la Junta.
De igual manera, la apertura del museo al público y el desarrollo de su actividad museística y cultural conllevan la presencia habitual de visitantes, trabajadores y otros usuarios, por lo que el Ejecutivo extremeño entiende que resulta necesario disponer de un servicio que contribuya a garantizar la seguridad de las personas y el normal desarrollo de la actividad, mediante la vigilancia de las instalaciones, el control de accesos y la prevención y atención de posibles incidencias.
Con ello, el servicio objeto de contratación permitirá, igualmente, garantizar la protección del inmueble y de sus instalaciones frente a posibles situaciones de intrusión, actos vandálicos, alteraciones del orden, emergencias u otras circunstancias que puedan comprometer la seguridad del edificio, sus bienes o las personas que se encuentren en él.
El plazo de ejecución del contrato es de 24 meses, con posibilidad de prórroga hasta alcanzar una duración máxima de 48 meses.