Santa Cruz de Tenerife, 13 may (EFE).
– La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha asegurado en el pleno del Parlamento autonómico que en el segundo semestre de este año estará en funcionamiento el observatorio contra el fraude laboral, una de las demandas realizadas por la cámara autonómica a su departamento.
De León ha comparecido en el pleno para informar de las actuaciones de su departamento contra la economía sumergida y el empleo irregular a instancias del diputado de CC Francisco Linares, quien denunció que la economía sumergida en Canarias representa el 18% del total y está a la cabeza del país.
Este fenómeno se sostiene en gran medida sobre el trabajo irregular y afecta especialmente a las mujeres, denunció el diputado de CC, quien demandó un aumento de las inspecciones para que los infractores sean conscientes de que están siendo controlados y sancionados de manera constante.
Esta situación genera una competencia desleal entre las empresas y las sanciones son demasiado bajas, con lo cual en muchos casos es un coste asumible dentro de su modelo de negocio.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, coincidió en que la economía sumergida y el empleo irregular generan graves perjuicios a los trabajadores, restándoles derechos, y también a las empresas que cumplen, que ven mermada su competitividad.
Detalló la importancia de las acciones realizadas junto a la Inspección de Trabajo en acciones como el plan especial desplegado en noviembre pasado, la quinta colaboración en esta área con el Ministerio de Trabajo.
En las tres semanas en que se desarrolló el plan, hubo un refuerzo de 24 funcionarios, lo que permitió realizar 1.
019 visitas a empresas, en donde se realizaron en total 3.
333 actuaciones.
Gracias a este esfuerzo, se lograron aflorar 425 empleos, entre ellos 168 trabajadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social, incluyendo 61 mujeres.
Además, 39 extranjeros no comunitarios trabajaban sin permiso, detalló Jéssica de León, y explicó que 218 trabajadores contratados con horario parcial pasaron a estar a jornada completa, que es la que en realidad desempeñaban.
El control de los contratos temporales también permitió la conversión a indefinidos, mejorando las condiciones laborales de un total de 505 personas.
La campaña supuso también sanciones a las empresas infractoras por 1.
187.
000 euros.
Además de las campañas puntuales, se están llevando a cabo campañas permanentes en colaboración con colectivos específicos para reducir el miedo a denunciar, explicó la consejera, y citó el caso particular de las camareras de piso, con quienes se trabaja para identificar el fraude laboral.
Jessica de León indicó que este año se mantiene el programa de subvenciones para acciones destinadas a reducir la economía sumergida, con un presupuesto de 255.
000 euros, para financiar proyectos que permiten desarrollar instrumentos de denuncia, campañas de sensibilización, acciones formativas y asesoramiento.
En 2024, esa convocatoria fue de 240.
000 euros y financió doce proyectos.
EFEacp/asd