Santa Cruz de Tenerife, 4 nov (EFE).
– El Cabildo de Tenerife ha anunciado este miércoles el inicio del procedimiento de expropiación forzosa del antiguo Mesón Teide, situado en El Portillo, dentro del Parque Nacional, para convertirlo en un centro operativo destinado a la gestión, conservación y vigilancia.
El inmueble, actualmente abandonado, tiene una superficie construida de 828 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas y ha sido tasado en 731.
028 euros.
La corporación insular prevé concentrar en estas instalaciones al personal técnico del parque, agentes de medio ambiente, equipos de prevención y extinción de incendios y servicios de coordinación de emergencias, actualmente distribuidos en distintos emplazamientos.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado en un comunicado que la gestión del Teide requiere “instalaciones adecuadas, personal especializado y capacidad de respuesta sobre el terreno”, y ha destacado la ubicación y dimensiones del antiguo mesón para albergar estos servicios.
Entre los usos previstos figuran espacios administrativos, salas de coordinación y reuniones, dependencias para brigadas de incendios y áreas de almacenamiento de equipos y material de intervención.
El centro también podrá utilizarse para coordinar actuaciones con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, servicios insulares de extinción, organismos científicos y otras administraciones.
La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha destacado que la ubicación junto a la carretera TF-21 permitirá reducir desplazamientos y facilitar la movilización de medios ante emergencias o actuaciones de conservación.
El Cabildo subraya además que el proyecto permite reutilizar una construcción existente, sin necesidad de ocupar nuevos terrenos dentro de un espacio protegido.
La iniciativa se enmarca en la asunción por parte del Cabildo de las competencias de gestión del Parque Nacional del Teide, transferidas por la Comunidad Autónoma y completadas en abril de este año.
El acuerdo aprobado contempla ahora un periodo de información pública de 20 días hábiles para que los titulares de derechos afectados puedan presentar alegaciones.
El inicio del expediente no supone todavía la adquisición efectiva del inmueble, que dependerá de la tramitación de la expropiación y de la fijación del correspondiente justiprecio, concluye la nota.
EFEcmg/jmor