Cristina MagdalenoSanta Cruz de Tenerife, 26 feb (EFE).
– ¿Basta con hacer públicos cientos de documentos para arrojar luz sobre un episodio clave de la historia reciente? ¿Qué ocurre cuando algunos de esos papeles carecen de autoría, contexto o referencias archivísticas claras?Para el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago y miembro de la Red Española de Estudios Históricos de Inteligencia (Reshint), Emilio Grandío, la forma en que se han difundido los documentos del 23F resulta «poco útil» debido a la falta de contexto archivístico y a la ausencia de información básica sobre la procedencia de las fuentes.
En una entrevista telefónica con EFE, Grandío señala que los papeles hechos públicos 45 años después del intento de golpe de Estado «no aportan especialmente nada nuevo, más allá de algún matiz», y subraya que, desde la perspectiva de los investigadores, la cuestión no es tanto la cantidad de documentos desclasificados sino la forma en la que se publican.
«Lo fundamental no es desclasificar, sino cómo se desclasifica», resume Grandío en relación con los cientos de documentos publicados esta semana por el Gobierno de España, muchos de ellos sin firma o referencias claras sobre su autoría y procedencia, lo que dificulta su análisis.
Necesidad de contrastarPara Grandío, publicar documentos de esta manera puede favorecer interpretaciones erróneas.
Apunta, de hecho, que algunas informaciones contenidas en los documentos en los últimos días han sido desmentidas por personas que vivieron directamente los hechos, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de contrastar las fuentes escritas con testimonios orales y otros materiales.
En este sentido, defiende que la fuente oral sigue siendo hoy «fundamental» para completar la comprensión del pasado reciente, especialmente cuando la documentación disponible es parcial o fragmentada.
El catedrático insiste en que cualquier aumento de documentación accesible es, en principio, positivo, pero matiza que la fiabilidad y la contextualización de la fuente son esenciales para el trabajo historiográfico.
Los documentos anónimos, explica, pueden reflejar estados de opinión, pero sin identificar su origen concreto resulta difícil evaluar su alcance.
Décadas de estancamientoGrandío enmarca este debate en un problema más amplio de política archivística en España, que, a su juicio, arrastra décadas de estancamiento, que ha ligado precisamente al 23F.
«El 23F provoca una paralización de muchas medidas de reforma democráticas en todos los sentidos y en todos los ámbitos, también en aquellas políticas referidas al tratamiento del pasado.
Prácticamente desde los años 1986, 87 y 88, la política de archivos ha quedado anquilosada y ya han pasado 40 años», apostilla.
En comparación con otros países de su entorno, Grandío sostiene que en Alemania, Francia o Gran Bretaña existe una concepción más consolidada del Estado como proyecto colectivo, lo que se refleja en sus políticas de acceso a la documentación histórica.
Ese desarrollo, añade, no se produjo «de la noche a la mañana», sino que requirió voluntad política, inversión y tiempo, elementos que, a su juicio, han faltado en España para equipararse plenamente a esos estándares.
En su opinión, la tramitación en el Congreso de una nueva ley que sustituya a la actual normativa sobre secretos oficiales, que es preconstitucional y data de 1968, es un avance, pero su aprobación, estima, no garantizaría por sí sola un cambio sustancial.
«La ley no cambia la realidad de un día para otro», advierte Grandío, que recalca que el elemento decisivo será la voluntad política y la inversión en la administración.
Condiciones comparables a otros entornos democráticosEl historiador defiende que el objetivo no es una accesibilidad plena sin límites, ya que en ningún país los archivos de inteligencia son completamente transparentes, sino disponer de condiciones suficientes y estables que permitan trabajar de manera rigurosa y comparable a la de otros entornos democráticos.
A su juicio, el problema de fondo es también cultural y político, en la medida en que España no ha consolidado una concepción plenamente colectiva del Estado y del pasado común.
Para este catedrático gallego, la superación de relatos enfrentados pasa por permitir que los historiadores desarrollen su labor con autonomía y un acceso razonable a las fuentes.
«El pasado es, quizás, la herramienta menos lesiva posible para poder arreglar problemas del presente.
Y eso es algo que creo que no está entendido plenamente en la sociedad, que tiene derecho a reconocerse en su pasado y de manera colectiva», concluye Grandío, que defiende además que cuantas más facilidades para el trabajo de documentación histórica, más se consolida la democracia.
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