Santa Cruz de Tenerife, 21 nov (EFE).
– Los grupos presentes en la comisión de Turismo y Empleo del Parlamento de Canarias, con la ausencia de Vox y grupo Mixto, han aprobado este viernes una proposición no de ley para instar al Gobierno canario a la convocatoria «inmediata» de las pruebas de habilitación de Guías de Turismo de Canarias.
En el texto aprobado a propuesta de Coalición Canaria, que gobierna el archipiélago, se pide además garantizar la periodicidad anual de los exámenes y que se revise su formato para adecuarlo a una prueba de habilitación profesional frente al modelo más similar al de oposición que está vigente.
Así, los grupos han llamado a simplificar los contenidos, garantizar criterios claros y los objetivos de corrección, además de elaborar materiales oficiales de estudio de libre acceso para los aspirantes que permitan preparar el temario en igualdad de condiciones.
La iniciativa aprobada demanda la conservación de calificaciones parciales, el reconocimiento de las pruebas superadas en una convocatoria para no tener que repetirlas en la siguiente y contribuir así la motivación y el esfuerzo continuado de los aspirantes.
La medida también cuenta con un apartado en el que se piden medidas contra el intrusismo y la competencia desleal para reforzar los controles a quienes ejercen sin habilitación «y estableciendo condiciones justas para quienes provienen de otras comunidades autónomas».
El último punto aborda la necesidad de fomentar el relevo generacional en el sector y apoyar a las personas jóvenes y emprendedoras de Canarias que quieran dedicarse a esta profesión «clave para el turismo, la cultura y la identidad de las islas», concluye el texto.
Durante el transcurso de la comisión, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno, Jéssica de León, ha defendido, tras una pregunta del diputado socialista GUstavo Santana, el nuevo sello de responsabilidad social corporativa de las empresas, con cambios respecto al planteado en la anterior legislatura por el propio Santana, entonces director general de Trabajo.
De León ha recordado que la medida de Santana contó con diversos reparos por parte de la Intervención por cuestiones como, por ejemplo, interferir en las competencias de la Consejería de Hacienda o ir en contra de la libre concurrencia al plantear beneficios a la hora de recibir subvenciones para las empresas con el sello.
Así, ha agregado que el nuevo distintivo ha salido «por unanimidad» y se va a basar en modalidades como diversidad, igualdad, transparencia o sostenibilidad, entre otros.
Por su parte, Santana ha defendido que el espíritu de la iniciativa nunca fue otorgar ventajas automáticas a determinadas empresas, sino “buscar un ámbito en el que se favorezcan las subvenciones a las empresas con responsabilidad social corporativa”, y ha propuesto que el sello pueda utilizarse como criterio de desempate en procesos de contratación pública o concesión de subvenciones.
Santana ha insistido en que la responsabilidad social corporativa debe servir para “paliar efectos en el sector privado mediante políticas a favor del empleo decente», pues el tejido productivo del archipiélago necesita que sus empresas “crezcan respetando los derechos laborales” y avanzando en sostenibilidad ambiental, por ejemplo.
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