Santa Cruz de Tenerife, 24 jun (EFE).
– El Gobierno canario ha rechazado las acusaciones del colectivo ecologista ATAN sobre supuestas irregularidades en la tramitación de una piscifactoría proyectada frente a la costa de Adeje y ha asegurado que la instalación no cuenta aún con autorización administrativa y deberá superar todos los procedimientos ambientales y sectoriales exigidos por ley.
En un comunicado, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha precisado este martes que la resolución aprobada en febrero de 2026 se limitó a seleccionar el proyecto ganador del concurso público convocado para la Zona de Interés Acuícola TF-5, sin que ello suponga la autorización para implantar o explotar la actividad acuícola prevista.
La aclaración se produce después de que ATAN denunciara ayer que la Consejería había tramitado la concesión de una granja marina en aguas de Adeje sin informar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), competente en la gestión de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Franja Marina Teno-Rasca.
La Dirección General de Pesca ha negado además haber ocultado información al ministerio y ha asegurado que ha remitido a la Subdirección General de Biodiversidad un informe detallado sobre la situación administrativa del expediente, así como sobre los trámites ambientales y sectoriales que deberán desarrollarse en las siguientes fases.
Respecto a la afección sobre la ZEC Franja Marina Teno-Rasca, la Consejería ha apuntado que la existencia de este espacio protegido figura expresamente tanto en la planificación acuícola aprobada para la zona como en las bases reguladoras del concurso público, que establecen la obligación de obtener los informes favorables preceptivos antes de resolver definitivamente el procedimiento.
El departamento ha recordado además que la delimitación de las Zonas de Interés Acuícola incluidas en el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC) fue resultado de un proceso de planificación culminado en 2018 y sometido a evaluación ambiental estratégica.
Según la Consejería, el expediente se encuentra actualmente en fase de análisis de las alegaciones, observaciones e informes presentados durante el periodo de información pública, por lo que la documentación técnica y ambiental podría requerir modificaciones o información complementaria.
Por ello, la Consejería ha afirmado que todavía no se ha iniciado formalmente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, trámite durante el cual deberán emitirse los informes ambientales y sectoriales exigidos por la legislación, incluidos los relativos a la Red Natura 2000 y a la compatibilidad con la Estrategia Marina de la Demarcación Canaria.
Asimismo, ha señalado que corresponde a la Administración verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales, técnicos y administrativos antes de adoptar cualquier decisión sobre la concesión.
Asimismo, la Consejería ha manifestado su compromiso con el «máximo rigor jurídico, técnico y ambiental» en la tramitación de proyectos acuícolas y ha recalcado que cualquier resolución favorable quedará condicionada al resultado de todos los informes, evaluaciones y controles previstos en el ordenamiento jurídico.
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