Santa Cruz de La Palma, 2 mar (EFE).
– El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha exigido al alcalde, Javier Llamas (CC), que reclame al Gobierno de Canarias el 25% del coste de la reconstrucción de las infraestructuras públicas afectadas por la erupción y que abandone la “confrontación estéril” con el Gobierno de España.
El PSOE ha lamentado “la estrategia de enfrentamiento permanente” del regidor con el Ejecutivo central y le insta a asumir su responsabilidad ante lo que considera una “grave falta de ejecución” de los fondos destinados a la reconstrucción tras la erupción volcánica.
Los socialistas han recordado que el Estado abonó “en tiempo y forma” el 50% comprometido en los convenios firmados y mantiene su disposición a continuar financiando nuevas actuaciones en ese mismo porcentaje.
En este sentido, sostienen que el Ayuntamiento presenta un bajo nivel de ejecución y problemas de planificación, tanto en materia de infraestructuras como en gestión económica.
Según indican desde el PSOE, se han impulsado actuaciones fuera del listado acordado o sin garantizar previamente la financiación municipal correspondiente, decisiones que, a su juicio, están lastrando la reconstrucción y la gestión ordinaria.
El PSOE añade que la falta del abono del 25% comprometido por el Gobierno de Canarias está generando un bloqueo financiero debido a que, una vez ejecutado el presupuesto estatal, “la ausencia de la aportación autonómica impide completar el pago a las empresas adjudicatarias y dificulta el avance normal de las obras”, según el grupo en la oposición.
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En relación con la firma de un segundo convenio, el Grupo Socialista recuerda que la Ley General de Subvenciones impide suscribir nuevos acuerdos mientras no esté debidamente justificado el anterior, al tratarse de una obligación legal orientada a garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en el uso de fondos públicos.
Además han reiterado el reproche al alcalde por no haber mostrado la misma firmeza para exigir al Gobierno de Canarias el 25% pendiente, lo que interpretan como una falta de defensa de los intereses generales del municipio.
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