Santa Cruz de Tenerife, 5 oct (EFE).
– El Consejo de Gobierno de Canarias ha remitido este lunes al Parlamento el proyecto de ley de movilidad sostenible, que reconoce esta como un nuevo derecho colectivo y establece una planificación coordinada del transporte terrestre, marítimo y aéreo.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha explicado tras el Consejo de Gobierno que la iniciativa permitirá coordinar los instrumentos de planificación municipales e insulares, que hasta ahora existían sin una relación entre ellos, según ha señalado.
El proyecto regula los desplazamientos de personas y bienes, los servicios de movilidad y sus infraestructuras bajo criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental, adaptados a las particularidades territoriales, económicas y sociales del archipiélago.
El derecho colectivo a la movilidad sostenible se vincula al acceso a bienes y servicios en condiciones adecuadas, dignas y seguras, con el menor impacto ambiental y social posible, ha explicado Rodríguez.
También comprende el acceso a información suficiente para elegir los medios y servicios de transporte más adecuados y la participación ciudadana en las decisiones sobre los sistemas de movilidad.
El proyecto de ley aborda conjuntamente el transporte aéreo, marítimo y terrestre para favorecer su combinación en los desplazamientos dentro de cada isla, entre islas y con el exterior, además de integrar las políticas de transporte, territorio y urbanismo.
Pablo Rodríguez ha defendido una planificación que abarque desde los municipios hasta el conjunto del archipiélago, pasando por las ocho islas, mediante instrumentos jerarquizados y una mayor coordinación entre las administraciones competentes.
La futura Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias determinará los objetivos y prioridades ambientales y fijará principios y criterios vinculantes para elaborar los planes insulares, supramunicipales y municipales, según detalla el Ejecutivo en un comunicado.
Los planes insulares definirán los sistemas de movilidad de cada isla y serán vinculantes para la planificación de ámbito inferior, mientras que los supramunicipales se plantearán cuando exista una interacción relevante entre dos o más municipios por motivos laborales, comerciales o de servicios.
Los municipios de más de 20.
000 habitantes deberán disponer de planes de movilidad urbana sostenible, una obligación que también alcanzará a los de menor población que presten voluntariamente servicios de transporte urbano colectivo.
La interoperabilidad y la digitalización constituyen otro ámbito de actuación, con proyectos piloto y mecanismos automatizados para facilitar el intercambio de datos y el acceso ciudadano a información sobre los servicios de transporte.
Rodríguez ha afirmado que la iniciativa sitúa a Canarias entre las primeras comunidades autónomas que plantean una regulación integral de la movilidad sostenible y ha confiado en que el debate parlamentario permita mejorarla.
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