Puerto del Rosario (Fuerteventura), 21 abr (EFE).
– El Partido Popular en el Cabildo de Fuerteventura ha presentado una moción para debatir en el pleno la suspensión temporal del cobro del «céntimo verde», el impuesto sobre el consumo de combustible, con el objetivo de aliviar la economía de los vecinos de la isla.
La iniciativa, según ha explicado en un comunicado el portavoz popular, Claudio Gutiérrez, responde al encarecimiento de los carburantes, una subida que atribuye al contexto internacional, marcado por la situación en Oriente Medio y la guerra en Irán.
«El cobro de esta tasa, sobre todo si se tiene en cuenta el incremento de precios originado por el actual contexto internacional, es mantener una medida que castiga a las familias y los sectores productivos de la isla», ha afirmado el portavoz.
La moción destaca que el recargo de dos céntimos por litro genera un sobrecoste significativo para profesionales del transporte, la construcción, el sector primario y autónomos del taxi.
Según los cálculos del grupo popular, un profesional con un consumo medio de 100 litros diarios afronta un gasto adicional de unos 60 euros mensuales solo por esta tasa.
Los populares han criticado, además, la gestión realizada con los fondos procedentes del cobro de esa tasa.
Entre 2015 y 2018, se recaudaron más de cuatro millones de euros que, según el PP, no se ejecutaron en la mejora de las carreteras, que es el propósito final del «céntimo verde».
«Existe una desconexión entre la carga fiscal que tiene que asumir la ciudadanía y el retorno real en los servicios que ofrece el Cabildo», ha señalado el portavoz popular, quien ha denunciado, por otra parte, el deterioro en el servicio de transporte público de pasajeros en la isla.
Por ello, la moción del Partido Popular propone, por un lado, añadir un nuevo artículo que faculte al pleno del Cabildo para aprobar la suspensión temporal del cobro en situaciones excepcionales de crisis económica o fuerza mayor.
En concreto, el PP ha solicitado la aplicación de una disposición transitoria que suspenda la tasa durante un periodo de tres meses, prorrogable según la evolución del contexto internacional.
Por otro lado, plantea reformar el artículo 8 de la ordenanza para asegurar que, una vez superado el periodo excepcional y retomado el cobro de la tasa, esos fondos se destinen a compaginar el mantenimiento de las carreteras con la red de transporte insular.
«Es fundamental reforzar la correcta ejecución y fiscalización del gasto y que los recursos se traduzcan en mejoras tangibles para los usuarios», ha concluido Gutiérrez.
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