Madrid, 11 ago (EFE).
– El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha manifestado este lunes que el Gobierno actúa con una «cierta frivolidad» en el traslado de menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias a la Península en virtud de una orden del Tribunal Supremo.
En una rueda de prensa, el dirigente del PP ha exigido al ejecutivo «alguna explicación mayor» sobre estos traslados y ha criticado la tardanza de varios meses en iniciar las derivaciones desde que el alto tribunal ordenó al Gobierno, el pasado 25 de marzo, que se hiciera cargo de alrededor 1.
000 menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo en las islas, en respuesta a unas medidas cautelares solicitadas por Canarias.
En concreto, Bravo ha criticado que el Gobierno no tuviera preparados los centros de destino en la Península para estos menores aduciendo, ha apuntado, que «estaban preparados para mayores».
Juan Bravo ha aprovechado para insistir en que el Gobierno no tiene política migratoria ni tiene una política de respuesta a lo que le ha exigido el Supremo y ha declarado que además «utiliza a las personas para un debate político», para «confrontar» y generar «muros».
Asimismo, ha pedido el «cese inmediato» del intento del ejecutivo de «imponer de una manera unilateral un reparto forzoso de menores no acompañados entre las comunidades autónomas», en referencia a la decisión del Gobierno de distribuir al resto de menores -los que no han pedido asilo- desde Canarias a otros territorios.
A su juicio, lo que debería hacer el Gobierno es respetar el marco competencial y recuperar los cauces del diálogo institucional para buscar soluciones junto a las comunidades autónomas.
El Gobierno tenía previsto este lunes el comienzo de las derivaciones de menores migrantes solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias, con el traslado inicial de un grupo de diez jóvenes a recursos estatales de protección internacional en la Península.
Así lo confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Consejería de Bienestar del Gobierno de Canarias, al recordar que de este modo, el Ejecutivo avanzará en el cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo para que el Estado se haga cargo, con sus recursos, de estos jóvenes.
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