El Gobierno canario no ve motivos para rescindir el contrato a la Fundación Siglo XXI

Santa Cruz de Tenerife, 28 oct (EFE).

– La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha afirmado este martes que no hay elementos que motiven la rescisión del contrato con la Fundación siglo XXI, que gestiona cuatro centros de acogida de menores migrantes.

Todo ello a propósito de la imputación de sus cuatro directores, así como de un empresario inmobiliario, por presunto blanqueo de capitales al supuestamente compincharse para desviar casi dos millones y medio de euros de fondos europeos que se habrían embolsado, según las pesquisas de la Policía Nacional.

Rodríguez ha indicado en rueda de prensa que este es «un tema que viene de la pasada legislatura» y que la investigación, de la que «sabemos más por los medios» que por el propio proceso judicial, se ciñe a las cuentas de esa fundación correspondientes al ejercicio de 2021.

En todo caso, ha afirmado que el actual ejecutivo canario ha puesto a disposición «toda la documentación exigida» por la Fiscalía y el juzgado.

Preguntada por qué no saltaron las alarmas con la forma de operar de la Fundación Siglo XXI, ha indicado que el contrato establece un precio por plaza/día y que lo que se comprueba cada mes es el número de niños acogidos y si se corresponden con los gastos presentados.

Ha recordado que meses atrás solicitaron a todas las entidades que gestionan centros de menores el desglose de sus gastos correspondientes al ejercicio pasado para «hacer un análisis» pormenorizado y comprobar que el dinero se destina al acogimiento, la manutención y la atención educativa y sanitaria de los chicos.

A la directora general le «llama la atención» que ese «seguimiento exhaustivo» no se realizara la pasada legislatura, sino que «dependiendo de la entidad se obraba de una manera o de otra».

Rodríguez ha reivindicado la puesta en marcha desde enero de 2024 de un protocolo de inspecciones «centro por centro», que ha dado pie a varios cierres y a apartar a algunos trabajadores del contacto directo con menores, en algunos casos sin que haya trascendido a la opinión pública.

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