Santa Cruz de Tenerife, 5 oct (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes para su remisión al Parlamento el texto definitivo del proyecto de ley de actualización de la Ley del Suelo y Espacios Naturales, en el que se eleva del 30 al 40 % la edificabilidad destinada a vivienda protegida en suelos urbanizables.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la iniciativa, que sustituye a la Ley del Suelo de 2017, también incrementa del 10 al 20 % la reserva para vivienda protegida en operaciones de renovación y reforma en suelo urbano consolidado.
El Gobierno de Canarias pretende adaptar la norma de 2017 a las necesidades de vivienda, al reto demográfico y al cambio climático, además de simplificar la tramitación administrativa y reforzar la protección del territorio, ha afirmado Miranda.
La protección del territorio es uno de los cinco ejes del proyecto, junto con la agilización del planeamiento, el impulso a la vivienda pública, el apoyo a los municipios ante el reto demográfico y el refuerzo de la seguridad jurídica del sector primario.
El consejero ha situado la vivienda entre los principales objetivos de la reforma y ha destacado la importancia de aumentar los porcentajes destinados a la edificación protegida ante las necesidades actuales de Canarias.
Junto a esas medidas, ha señalado que el proyecto busca impulsar la construcción de vivienda pública y reducir la carga administrativa, con una simplificación que ha cifrado en un 40 % menos de documentación y una reducción estimada del 30 % en los plazos de tramitación de los instrumentos de ordenación.
Otro de los ejes es la protección del territorio, especialmente en materia de disciplina urbanística.
La reforma endurece las sanciones en materia de disciplina urbanística, que podrán alcanzar los 600.
000 euros, y amplía los plazos para su tramitación con el objetivo de evitar que prescriban, según informó el Ejecutivo en un comunicado.
El texto contempla asimismo un estatus especial para los municipios que afrontan el reto demográfico, que tendrán acceso prioritario a ayudas o subvenciones para actualizar su planeamiento, y medidas de apoyo al sector primario, entre ellas la posibilidad de disponer de viviendas vinculadas al trabajo en explotaciones agrícolas.
En concreto, en el texto se permiten viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real.
Entre las novedades del proyecto también figuran los planes de renovación industrial.
La decisión del Consejo de Gobierno se produce después de la aprobación inicial del documento en junio y de su posterior remisión al Consejo Consultivo, que ha planteado una mayor clarificación de aspectos relacionados con las condiciones de la evaluación ambiental.
Miranda ha explicado que la elaboración de la reforma comenzó hace aproximadamente dos años y medio y ha incluido reuniones en todas las islas durante varios meses, en un proceso de participación que, según el consejero, desembocó en una propuesta de actualización y simplificación de la ley.
El consejero ha expresado su voluntad de que la tramitación parlamentaria abra una etapa de consenso y permita incorporar nuevas iniciativas.
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