Santa Cruz de Tenerife, 9 oct (EFE).
– Cuatro representantes de la Plataforma de directores de centros educativos de Canarias han respaldado este viernes la proposición de ley de autoridad docente que tramita el Parlamento autonómico, aunque han reclamado recursos para hacerla efectiva, y han advertido de que los equipos directivos están «en peligro de extinción» por la sobrecarga de funciones, la burocracia y el escaso reconocimiento de su trabajo.
En una comparecencia ante la Comisión de Educación del Parlamento, Francisco José Santana González, representante de la Plataforma, ha afirmado que el 50 % de las plazas de la última convocatoria de selección de directores quedaron vacantes.
Santana ha relacionado esta situación con la falta de valoración de unas responsabilidades que, según ha explicado, tampoco siempre reconocen las familias, el alumnado o los propios compañeros, y ha advertido del envejecimiento de los equipos y de las dificultades para encontrar relevo.
«Somos directores porque nadie quería ser director en nuestro centro», ha manifestado, antes de defender que unas mejores condiciones podrían atraer a otros profesionales para asumir esas funciones.
La reducción de la burocracia ha sido su principal propuesta para incorporar a la ley de autoridad docente, al considerar que el tiempo dedicado a informes y trámites limita la atención al alumnado y el liderazgo pedagógico.
Ha subrayado que esa proposición de ley no supone autoritarismo ni poder, sino autoridad para poder cumplir mejor la labor docente: «Proteger al docente es proteger la educación».
Los cuatro comparecientes han explicado que sus funciones de dirección incluyen gestionar conflictos, recursos, problemas de personal y procedimientos administrativos, a la vez que deben acompañar al profesorado, atender a las familias y organizar la actividad educativa.
Santana ha defendido una «cadena de respaldo» entre docentes, equipos directivos y Administración, de manera que el reconocimiento de la autoridad cuente con una estructura capaz de hacerla efectiva.
Ha precisado que respaldar a un profesional no significa darle automáticamente la razón, sino escucharle, comprobar los hechos, activar los protocolos y proteger los derechos de todas las partes.
La directora Carmen Terrón Álvarez ha reclamado protección jurídica real, asesoramiento inmediato, apoyo psicológico y procedimientos rápidos ante insultos, amenazas, descalificaciones, ataques en redes sociales y agresiones físicas.
Carmen Terrón ha advertido de que hay profesionales que sienten miedo de corregir o tomar decisiones por las posibles consecuencias y ha defendido el derecho de las familias a discrepar y reclamar, pero sin intimidar ni acosar.
Como ejemplo, ha relatado la entrada de un padre al colegio entre gritos después de que un tutor comunicara una incidencia relacionada con su hijo, una situación que obligó a intervenir al equipo directivo y alteró el funcionamiento del centro.
María Cristina Molowni Pérez ha pedido que la autoridad docente se vincule a la dotación de profesionales especializados y a la formación para atender al alumnado con necesidades educativas especiales.
Ha advertido de una violencia «silenciada y normalizada» en educación especial y ha explicado que determinadas conductas responden a sobrecargas sensoriales, dificultades de comunicación o problemas de salud mental que requieren apoyos específicos.
Sara Lázaro García ha reclamado reglas claras para los conflictos vinculados a la actividad educativa que se producen fuera del centro o a través de las redes, con instrucciones sobre la intervención de otros servicios y la protección inmediata del docente.
Las directivas han solicitado un convenio entre Educación y Sanidad y más personal especializado, administrativo y de servicios, tras describir situaciones en las que los directores deben abrir puertas por falta de conserje o ayudar en el comedor ante ausencias.
También han reconocido mejoras, como la incorporación de enfermeras escolares, aunque han insistido en que persisten necesidades y una carga emocional que se prolonga fuera del horario laboral.
«No hemos venido aquí a pedir más poder para los docentes», han señalado, sino «mejores condiciones para ejercer nuestra responsabilidad y garantizar una educación de calidad».
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