Las Palmas de Gran Canaria, 5 nov (EFE).
– La plataforma Derecho al Techo ha reclamado la intervención de las autoridades para impedir el desahucio de ocho familias residentes en El Carrizal de Ingenio, en Gran Canaria, anunciado para el miércoles 11 de noviembre y programado sin analizar la circunstancia de que hay menores de edad y discapacitados entre los afectados, según ha anunciado este jueves.
Se trata de familias que llevan años residiendo en los inmuebles en cuestión y que no tienen alternativas para alojarse, destaca en un comunicado esa plataforma cívica, que subraya así mismo el hecho de que, «a pesar de las circunstancias de vulnerabilidad que concurren en este caso, inicialmente no se habían solicitado los correspondientes informes sociales» que podrían contribuir a paralizar su desahucio.
Y apunta, por otra parte, que el desalojo de esas familias ha sido promovido por XiZdecor, «empresa que, según la información disponible, es gran tenedora», especifica.
Derecho al Techo expone que la plataforma ha solicitado que se recaben los informes sociales que podrían avalar la situación de indefensión de las personas afectadas por las órdenes de desahucio de esos inmuebles con el propósito de que se incorporen al procedimiento judicial que ha dado lugar a dicha orden, «para que su situación pueda ser conocida y tenida en cuenta antes de cualquier decisión sobre la ejecución del lanzamiento».
Insiste, además, en plantear que «entre las personas afectadas hay menores de edad y personas con discapacidad», y que «todos los niños y niñas están escolarizados y las familias se encuentran plenamente integradas en el barrio, donde han construido sus vínculos sociales, educativos y comunitarios».
Por ello, añade: «Desde Derecho al Techo reclamamos que no se ejecute ningún lanzamiento sin que previamente se hayan recabado y valorado los informes de vulnerabilidad y se haya garantizado una alternativa habitacional digna para todas las personas afectadas».
Y argumenta: «No estamos hablando únicamente de un procedimiento judicial o de un inmueble.
Estamos hablando de ocho familias vecinas, de niñas y niños que pueden perder su entorno escolar y social y de personas con discapacidad cuyas circunstancias requieren una respuesta adecuada y urgente».
Razones por las que reiteran la necesidad de actuar para evitar que los desahucios finalmente se consumen, aduciendo: «La responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda y atender las situaciones de emergencia habitacional corresponde a las administraciones públicas».
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