Santa Cruz de Tenerife, 29 jul (EFE).
– La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, ha dicho que su departamento está a la espera a conocer las determinaciones del juez para saber si deben resolver o no los contratos con Quórum Social 77, la ONG responsable de dos centros para menores migrantes clausurados por el Juzgado de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria.
En la rueda de prensa de este martes posterior al Consejo de Gobierno de Canarias, Delgado ha apuntado que «hay que ver» si la cuestión afecta solo a unos empleados concretos o si es una cuestión «generalizada» de la entidad, algo de lo que ha dicho no tener constancia.
«Fue mi Consejería quien puso en manos de la Fiscalía esas supuestas comisiones de delito», ha aseverado Candelaria Delgado.
Según datos proporcionados a EFE por la Dirección General de Protección a la Infancia de la comunidad, Quórum Social 77 gestiona en la actualidad centros con capacidad para 1.
925 menores inmigrantes, cifra que equivale a uno de cada tres chicos tutelados según el último recuento oficial publicado (5.
484, a 18 de julio).
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